Sede del Tribunal de Cuentas.

El Tribunal de Cuentas ha detectado infracciones sancionables en las donaciones particulares recibidas en 2020 por Vox, y en menor medida por En Comú (socio catalán de Sumar), Sortu (miembro de Bildu) y el PDeCAT (formación liderada en su día por Artur Mas y ahora en vías de desaparición), según se recoge en su informe de fiscalización sobre la contabilidad ordinaria de los partidos políticos en el año de la pandemia.

El más señalado es Vox, al que se imputa haber aceptado aportaciones sin identificar al donante y recibir dinero de cuotas o aportaciones en efectivo, lo que también es cuestionable porque la financiación privada debe canalizarse en cuentas bancarias para asegurar su fiscalización.

En concreto, a través de cajeros automáticos ingresó un total de 102.048,30 euros que, si bien han sido registrados como actividades promocionales, “existe una incertidumbre respecto a si parte de dichos ingresos corresponden a donaciones y no a la venta de productos”, ya que los donantes no están identificados.

Además, Vox ingresó en efectivo 1.661 euros por cuotas de afiliados, otros 440 euros por emisión de carnets de afiliados y otros 100 euros por donaciones 100 euros, incumpliendo lo requisitos legales. Y también aceptó donaciones finalistas por valor de 2.754 euros, que están expresamente prohibidas en la ley de Financiación de Partidos.

En cuanto a En Comú y Sortu, se les reprocha haber aceptado donaciones o aportaciones particulares sin identificar al donante, por importes de 279,04 y 936 euros, respectivamente, lo que está prohibido porque impide comprobar si se cumplen los requisitos legales; y al PDeCAT se le señala por recibir donaciones finalistas, en su caso por valor de 9.100 euros.

El informe fue aprobado este jueves por el Tribunal de Cuentas y próximamente se iniciará un procedimiento de información previa con cada uno de estos partidos para pedirles aclaraciones y que ellos puedan presentar sus alegaciones. Fuentes del tribunal calculan que en seis meses deberá haber una resolución, que podría derivar o no en la imposición de una sanción.

INFRACCIÓN LEVE DE EN COMÚ Y CIUDADANOS

El examen del Tribunal ha permitido descubrir otras irregularidades. Así, las formaciones Catalunya y Barcelona En Comú, así como Ciudadanos, incumplieron el artículo de la Ley de Financiación de Partidos que obliga a remitir los contratos que le exigía el Tribunal de Cuentas, lo que se considera infracción leve por faltas al deber de colaboración.

Las 25 formaciones analizadas publicaron sus cuentas en su web, pero dos de ellas (Compromis y Más Madrid) no hicieron constar la información sobre créditos y donaciones superiores a 25.000 euros y cinco no colgaron el último informe del Tribunal de Cuentas, pese a estar obligadas.

Igualmente, el PSOE, Izquierda Unida, Bildu y el PNV no integraron en sus cuentas la contabilidad de parte de la actividad de sus organizaciones locales. Además, IU, la CUP y Nueva canarias han obtenido una nota negativa porque sus cuentas anuales presentaban demasiadas carencias y no reflejaban adecuadamente su situación financiera y patrimonial.

Otros incumplimientos detectados se refuercen a dos formaciones políticas que no habían abierto todavía las cuentas bancarias específicas para el ingreso diferenciado de las cuotas, de las aportaciones y de las donaciones, once formaciones políticas que no ingresaron las cuotas y aportaciones en las cuentas específicas, cinco que no metieron donaciones en la cuenta que debían, e incluso formaciones que aceptaron cuotas de afiliación de personas distintas al militante y hasta de una persona jurídica, algo que tampoco es legal.

LOS PARLAMENTOS Y EL ESTADO, PRINCIPALES FINANCIADORES

En términos generales, los partidos políticos ingresaron 245 millones de euros en 2020, de los cuales 179 millones de euros (73%) provinieron de la financiación pública y los restantes 66 millones de la financiación privada (27%).

Respecto a los recursos públicos, la principal fuente de ingresos fueron las aportaciones de los grupos parlamentarios y municipales institucionales (58%), seguidas de las subvenciones estatales (31%) para su funcionamiento ordinario y sus gastos de seguridad.

Estas subvenciones para gastos de seguridad, creadas en los años del terrorismo de ETA, tienen un carácter finalista y el Tribunal de Cuentas lleva años recomendando que se replanteen. De hecho, los partidos van a tener que devolver al Ministerio del Interior 96.231,46 euros percibidos irregularmente.

En lo referente a la financiación privada, la mayoría procede de las aportaciones de cargos públicos, que representaron el 44%, y de las cuotas de afiliación el 42%.

También obtuvieron unos ingresos de 7,42 millones de euros por artículos promocionales y otros dos millones de donaciones privadas de 5.754 donantes. Analizando por tramos las donaciones, el 92% fueron menores a 1.000 euros y sólo en doce casos se superaron los 10.000 euros al año.

En su informe, el Tribunal formula un total de 28 recomendaciones con el objetivo de contribuir a la mejora de la gestión y de las cuentas anuales de los partidos políticos.