Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska, en sus escaños del Congreso de los Diputados.

José María Macías Castaño.- Me he decidido a escribir este artículo, después de algún tiempo de no hacerlo, no tanto por la amarga desolación que me produce la situación que vivimos en España como por la indignación anticipada que me genera la actitud de quienes, pudiendo ahora evitar este drama, van a colaborar con un silencio innoble.

Me refiero a personas o personajes como la Sra. Margarita Robles, el Sr. Grande-Marlaska o el Sr. García-Page. De ellos voy a hablar. No tengo la menor duda de que, cuando llegue el momento de responder de sus actos, afirmarán que no tuvieron ninguna participación e incluso presumirán de heroísmo. Cuando no, lo que será aún más doloroso, de patriotismo. Desde mi punto de vista, serán los únicos responsables de lo que está por llegar, ellos y otros como ellos.

No escribo para expresar mi desolación porque ya he tenido cauce para ello en el Consejo General del Poder Judicial. Nunca pensé, cuando me incorporé a este órgano constitucional hace ya más tiempo del debido, que viviría algo semejante a lo que estoy viviendo ahora. Y eso que he vivido de todo.

De hacer frente desde el gobierno del Poder Judicial a un intento de golpe de Estado en una parte de nuestro territorio nacional a organizar la justicia en tiempos de pandemia, pasando por el enfrentamiento cotidiano con los ataques al Poder Judicial del propio Gobierno y de nuestro Parlamento, con el intermedio de “manadas” y suelta de violadores por aquello de que “sólo sí es sí”.

No me arrepiento, pese a la dureza de la situación, de seguir en el CGPJ: es el único órgano constitucional (lo creo así, el único) que queda en pie y con sentido de Estado para reaccionar ante el ataque frontal a nuestra democracia que ahora estamos viviendo.

La desolación, por otro lado, creo que está más que justificada. Abiertamente se pacta que, a cambio de un puñado de votos para seguir gobernando, se conceda la impunidad por sus crímenes a quien, con sus votos, se ha concedido la capacidad de autoamnistiarse, al más puro estilo de las antiguas dictaduras argentina o chilena.

Obvio es que eso supone la ruptura del Estado de derecho, totalmente irrecuperable. Una vez que se pierde el pudor para romper las reglas y se demuestra que los tribunales y la ley pueden ser pisoteados por el interés personal, es imposible saber cuándo va a volver a suceder, aunque la respuesta es previsible: sucederá siempre que le convenga al que lo ha hecho una primera vez y comprueba que puede seguir haciéndolo sin asumir ninguna responsabilidad por sus actos.

Francamente, he dejado de verle sentido a seguir enseñando Derecho en la Facultad.

También está justificado que diga que esa desolación se ha incrementado a medida que, del pisoteo del Estado de derecho, se ha pasado a su pura y simple destrucción.

Eso ha sucedido cuando, a cambio del Gobierno de España, se ha pasado de regalar (en el caso del Sr. Sánchez) y arrogarse (en el caso del Sr. Puigdemont) la irresponsabilidad y la impunidad por crímenes que incluyen la corrupción, a pactar que las investigaciones judiciales de esos delitos fueron lawfare (guerra sucia judicial) y que la responsabilidad de los jueces será declarada en comisiones parlamentarias de investigación (¿también de parlamentos autonómicos?) para, después, ser exigida (¿por quién?).

Aquí gana todo su sentido aquella pregunta que en su día hizo el Sr. Sánchez a un periodista: “¿Quién nombra al fiscal general del Estado? Pues eso”.

Es cierto que después se ha querido matizar por uno de sus autores el sentido de esa cesión al independentismo. Pero ¿quién puede creerse esa “explicación”? El acuerdo dice literalmente lo que dice, y hasta las asociaciones judiciales y fiscales de rotunda tendencia izquierdista lo han interpretado así.

Sin olvidar que ese acuerdo responde a la exigencia de los independentistas, que en absoluto han desmentido ese sentido literal.

En todo caso, la explicación alternativa llega tarde. Si al más puro estilo mafioso se ha querido atemorizar a los jueces para que no cuestionen por vías legítimas la validez de la venta del Estado de derecho y la autoamnistía del Sr. Puigdemont, la amenaza ya ha sido lanzada.

Insisto en que gana sentido haberse preguntado en voz alta quién nombra al fiscal general del Estado que puede querellarse contra los jueces al dictado del Gobierno.

Pero, como decía, no es esa desolación la que me hace escribir ese artículo, sino el interés por compartir una reflexión.

Pienso en los muchos personajes de la historia, dictadores y dictadorzuelos, muchos de ellos psicópatas o sociópatas, la mayor parte ineptos enfermos de avaricia por el poder, y me pregunto cómo es posible que consiguieran hacerse con el gobierno de naciones que después llevaron al desastre.

Y a menudo la respuesta no está en ellos, sino en otros personajes que les rodeaban y que, pudiendo impedir el desastre, no lo hicieron. Personajes que, después del desastre, pretendieron aparentar pureza y marcar distancias.

Esta reflexión me lleva a varios personajes actuales. La Sra. Margarita Robles, ministra, que ha reaccionado ante los acuerdos del CGPJ que denuncian los pactos con los independentistas diciendo que los vocales debemos quedarnos callados, pero sin criticar nuestro mensaje, no sea que después le convenga decir que estuvo en contra de esos acuerdos y de la ley de amnistía.

Me lleva también al Sr. Grande-Marlaska, ministro, que en privado (se conoce que no lo suficiente como para que no se le oiga en los restaurantes) confiesa que el tema le plantea una “dicotomía”, en términos que me hacen dudar de que entienda el correcto sentido de la palabra, pero que parecen sugerir que no acaba de decidirse entre la vergüenza y la desvergüenza, con lo que se deja la puerta abierta para poder refugiarse en lo que más le convenga.

O el Sr. García-Page, presidente de comunidad autónoma que, mientras proclama que recurrirá la ley de amnistía, al mismo tiempo rechaza que los diputados de su región voten en contra, lo que le permite mostrarse muy patriótico al mismo tiempo que ayuda a pisotear el Estado de derecho con su aparente pasividad.

La mayoría de las personas nos morimos sin haber tenido la oportunidad de demostrar nada, ni valía ni valor. Yo he tenido y tengo amigos que sí han podido hacerlo. Lo hizo mi querido amigo Juan Antonio Ramírez Suñer, juez de Instrucción nº 13 de Barcelona, que, a costa de su salud y de su vida, se empeñó en cumplir con su deber para con la nación cuyo Estado de derecho juró proteger.

Lo ha hecho y lo sigue haciendo mi gran amigo Pablo Llarena, anteponiendo ese mismo juramento a su seguridad y la de su familia.

Y lo ha hecho y lo hace mi admirado amigo Manolo Marchena, que dio una lección al mundo de lo que es un juicio justo y que un pacto innoble quiere convertir en lawfare.

La Sra. Robles y el Sr. Grande-Marlaska tienen ahora la oportunidad de demostrar algo, si no valía y valor, al menos vergüenza. Abandonar el Gobierno cuando tiene sentido lanzará un mensaje nítido y les ahorrará tener que mentir cuando se les pidan explicaciones.

Y la oportunidad que tiene el Sr. García-Page es aún mucho mayor, porque es de las pocas personas (no la única, pero de las pocas) que puede impedir la destrucción de nuestro marco de convivencia. Si no lo hace, su anunciado recurso sólo le delatará como el impostor en que se habrá convertido.

Si ninguno de ellos lo hace, yo les acuso hoy y les acusaré mañana.

*Vocal del CGPJ