El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar como imputada el próximo 5 de julio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, investigada por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado por su aval a un empresario en adjudicaciones públicas que suman 10,2 millones de euros. La mujer del jefe del Ejecutivo, deberá comparecer ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid a las diez de la mañana.

El instructor considera que la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de avalar la investigación permite ratificar “la existencia de elementos que justifican esa aparente inicial sospecha de indicios de la concurrencia de elementos de hechos delictivos por parte de la investigada, Begoña Gómez”. En aras de “una instrucción lo más ágil posible”, argumenta, resulta “aconsejable” citar ya a Begoña Gómez como imputada.

El juez Peinado explica por qué ha demorado la citación como investigada de Begoña Gómez, a quien ordena que se le comunique “personalmente” esta decisión por la Policía Judicial. En primer lugar, afirma, procedió a poner en su conocimiento, a través de su abogado, su situación procesal “con el objeto de evitar la indefensión”, lo que permitió a su abogado -recuerda- asistir a la declaración como testigos de los dos periodista de medios digitales que publicaron informaciones sobre la esposa del presidente del Gobierno. Además, añade, puso en marca una primeras diligencias de investigación que se plasmaron en el informe “preliminar”, pues solo se contaba con las noticias de prensa publicadas, en el que la Unidad Central Operativa no aprecia indicios de tráfico de influencias en sus recomendaciones al empresario Carlos Barrabés.

Reproches a la fiscalía por su “celeridad nunca conocida”

Pero el magistrado va más allá y vuelve a reprochar a la Fiscalía que “con una diligencia inusitada y una celeridad, escasamente frecuente, por no decir nunca conocida”, recurriese en apelación la admisión a trámite de la denuncia de Manos Limpias. Lo que le llevó, asegura, esperar tanto a la práctica de las testificales como a la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que finalmente rechazó ese recurso y avaló la investigación, aunque acotándola a ese respaldo por escrito en las adjudicaciones bajo sospecha. Lo hizo, explica, “para evitar una estigmatización infundada”.

El magistrado deja entrever que su intención era citar a declarar a la esposa de Pedro Sánchez tras tomar declaración a altos cargos y exdirectivos de Red.es, cuyas comparecencias se han trasladado al próximo día 16 porque el abogado de Begoña Gómez alegó tener ese mismo día otras “obligaciones profesionales” y consideró “que no era adecuado que ningún otro letrado le sustituyera en esas diligencias de instrucción, a pesar de ser una práctica habitual entre letrados, máxime cuando no era la declaración de su propia defendida”.

La Audiencia Provincial de Madrid avaló la investigación judicial, aunque dejó fuera del proceso la posible influencia de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa por sus reuniones con el entonces CEO de la compañía, Javier Hidalgo, y el comisionista de la “trama Koldo” Víctor de Aldama, lo que tildó de “simple conjetura más allá de llamativas coincidencias temporales y personales”.

La Sala centró la instrucción en las ayudas a la UTE formada por Innove Next SLU., la empresa de Barrabés, profesor en el máster de la cátedra de Begoña Gómez, en las que en su opinión “sí aparecen ya datos objetivos suficientes que legitiman el inicio de la investigación”.

Recomendación por carta

En su resolución, la Audiencia Madrileña exponía que la documentación aportada a la denuncia señala que Innova Next SLU obtuvo entre junio y agosto de 2021 dos adjudicaciones de Red.es, la segunda a través de una UTE (Unión Temporal de Empresas) “ganando a cuatro ofertas más económicas”, por un valor total de 10,2 millones de euros. “Al parecer, la denunciada Begoña Gómez recomendó su contratación por carta”, añadían los magistrados.

Para los magistrados -que reprocharon a la Fiscalía que su recurso contra la admisión a trámite de la denuncia puede propiciar “lagunas de impunidad”- existen indicios “de la presunta comisión de un hecho delictivo” en el respaldo por carta de Begoña Gómez a Barrabés en su programa de formación digital a jóvenes desempleados, dado que el empresario organizó el Máster de Transformación Social Competitiva, de la Universidad Complutense, que dirige la esposa del presidente del Gobierno. Unos indicios que, reiteraba, justifican “el comienzo de la instrucción” acordada por el juez Peinado, superando los requisitos que delimita al respecto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), esto es, la existencia de “sospechas fundadas en alguna clase de datos objetivos”.

Investigada desde el 24 de abril

Esos indicios, añadían los magistrados, “apuntan a la intermediación en la concesión de subvenciones en las que podría haber mediado algún tipo de contraprestación”, al menos respecto a la adjudicación a la UTE formada por Innova Next SLU y la Escuela de Negocios The Valley, “actividad que legitima una investigación”.

Begoña Gómez conocía su condición de investigada desde el pasado 24 de abril, cuando la Policía Judicial se lo comunicó a través de su abogado. Fue el mismo día en que Pedro Sánchez amagó con dimitir y se dio cinco días de reflexión para sopesar una posible renuncia. La reacción del jefe del Ejecutivo se conoció horas después de que trascendiera que el juez Juan Carlos Peinado había admitido la denuncia de Manos Limpias, aunque el instructor había acordado la medida ocho días antes, el 16 de abril, tal y como consta en el sumario del procedimiento, pero al estar la causa secreta esa resolución no había trascendido.

Así las cosas, el presidente del Gobierno compareció para denunciar los “bulos” contra su esposa y plantear una posible dimisión, que finalmente no se produjo, el mismo día en que la Policía Judicial ejecutó el mandato del juez Peinado y comunicó a Begoña Gómez que estaba formalmente investigada por tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. Fue su abogado, el exministro socialista de Interior Antonio Camacho, quien firmó por poderes ese escrito dándose por enterado de la condición procesal de la mujer del jefe del Ejecutivo.

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