Gabriel Ruiz en su Clínica ubicada en Aguilar de Campoo

Por Josefina Fraile.- Gabriel Ruiz, médico y abogado de desahuciados y pobres, es de nuevo atacado por un sistema judicial, que le pide 18 meses de cárcel y 1.000 € de indemnización a una presunta víctima. ¿Necesitan los jueces un saco de boxeo humano sobre el que descargar la ira de su propia miseria?

Esta vez el duelo se libra en casa, en su Palencia natal. Y la historia de ese duelo nos interpela a todos. Una historia que muestra cómo un padre cumple con el sagrado deber de defender a su hija contra viento y marea, con todas las consecuencias. Su única arma, un saxofón, a veces desafinado, al que cada mañana le arrancaba las notas del himno de la alegría. Quién le hubiera dicho a Beethoven que esa oda sería utilizada por un padre, 220 años más tarde de que la compusiera, para protestar frente al centro escolar CEIP de Aguilar de Campóo, por la imposición de mascarillas a los alumnos, entre los cuales se encontraba su hija Cristina, que portaba un certificado de exención.

La directora del centro, Milagros Catalina Peña Real, tuvo una gran oportunidad para escuchar y aprender del mensajero que exponía el engaño del SARS- COV-2, jamás aislado, y actuar en consecuencia. Se habría convertido en un referente nacional por la defensa de la salud física y mental de todos sus alumnos, que a su vez habrían recibido una lección magistral e imborrable, de honor, cordura, posicionamiento crítico, y valentía, en momentos clave de sus vidas. Pero no, la señora directora prefirió transmitirles la rendición al miedo, a la mentira, al chantaje, inducidos por el Estado; la evasión ante la razón, la responsabilidad y la verdad; la sumisión a la dictadura de los llamados protocolos médicos diseñados para someter, que nada tienen que ver con las leyes, ni los derechos inalienables de los seres humanos libres, convirtiéndose ella misma en dictadora impasible. La señora directora es el prototipo del indecente enseñante medio español, que, abusando de su autoridad, presionaba cada día a los niños para que se inyectaran un producto experimental letal, fraudulentamente llamado vacuna. Me pregunto si esa gente pedirá algún día perdón a sus inocentes víctimas. Me pregunto si esa gente puede mirarse hoy al espejo sin escupirse.

Milagros Catalina Peña Real, fue aún más lejos. Cegada por su ira se sintió autorizada a silenciar al mensajero en la plaza pública donde este denunciaba el fraude COVID19. Y cual capitana, que dejó su barco para beligerar fuera de las aguas de su jurisdicción, se sintió también autorizada a mentir, diciendo que el médico y abogado al que pretendía silenciar, la había empujado, suponiendo ello un ¡delito contra la autoridad!, por lo que presentó la denuncia correspondiente. Su prepotencia la hizo olvidar que solo es autoridad en el barco que había abandonado para violar los derechos fundamentales de la libertad de expresión y de movimiento del mensajero al que ella pretendía silenciar. Y quien conozca a Gabriel Ruiz sabe que la directora miente.

Pero ¿por qué llega un caso tan ridículo a juicio cuando los jueces ignoraron las 200 denuncias presentadas por Gabriel Ruiz contra la política del centro de exigir a los niños ir a clase con el bozal puesto? ¿Quizás porque denunciante y jueces comparten el común denominador de ser pagados por el mismo pagador, el gobierno, que a su vez exige silencio ante lo que ha constituido el mayor fraude médico de la historia global de la medicina? ¿Una historia con millones de muertos que aparentemente decidieron suicidarse yendo solitos a “vacunarse”, sin que la extorsión diaria del Estado y sus medios de propaganda televisión, radios, prensa, influencers, etc. tuviesen nada que ver al respecto? ¿Quizás porque denunciante y jueces comparten el mismo desprecio por la razón, la ciencia, los derechos humanos y la verdad? ¿Quizás porque ambas instituciones trabajan para sellar a fuego el adoctrinamiento y la sumisión de las futuras generaciones al sistema? Son decenas los estudios científicos que de larga data muestran la nocividad del uso de la mascarilla y su franca inutilidad para impedir la transmisión de patógenos. ¡Es como pretender pescar bocartes con redes para atunes!

¿Por qué docentes y jueces no se molestan en actualizar sus datos sobre lo que realmente hay detrás de lo que estamos viviendo? ¿Puede esperar la sociedad valoraciones o juicios justos de quienes voluntariamente ignoran esos datos? Ahora que la verdad ocultada sobre el COVID19 está empezando a aflorar, y que en otros países ya hay sentencias ejemplares contra las medidas totalitarias de los Estados, durante la falsa emergencia sanitaria, ¿han aprendido la lección, docentes, sanitarios, jueces y empresarios? ¿Qué garantías tenemos los ciudadanos de que la tiranía vivida los últimos cuatro años, que ha supuesto la mayor transferencia de riqueza de los pobres a los ricos en la historia de la humanidad, no se vuelva a repetir en un futuro atiborrado de emergencias sanitaria por diseño y mandato de ? Y quizás, la pregunta más importante, ante otra inminente declaración de plandemia, es ¿qué haremos los ciudadanos esta próxima vez? ¿Seremos capaces de entender que en los tiempos que corren solo la desobediencia civil es compatible con la vida?

Basándose en los datos científicos actuales en relación con el COVID19, que son los mismos que se conocían desde al menos 2019 por las agencias reguladoras de occidente, el Juzgado número 1 de Palencia, lo tendrá fácil el día 23 de mayo para impartir justicia, declarando inocente de los cargos imputados a Gabriel Ruiz. Ese tribunal tendrá la responsabilidad y la oportunidad de elevar el listón de la credibilidad de la justicia en un país donde todos los listones de medida de avance social parecen estar por los suelos.

En todo caso, y desde estas líneas, invitamos a cuantos crean que la justicia debe cumplir con su misión de ser justa, a reunirse el jueves 23 de mayo a las 10 de la mañana frente al Juzgado de lo Penal número 1, en la calle Menéndez Pelayo 2 de Palencia.