La mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez

Carmen Morodo.- Sus Señorías pueden ir o no al Pleno maratoniano del Congreso que ha convocado el Gobierno para este miércoles con la ambición, teórica, de hablar de Palestina, de Gibraltar, de los últimos Consejos Europeos y también de las actividades laborales de su esposa Begoña Gómez. Pueden asistir o tomarse el día libre porque en realidad es un «fake» si se entiende como sesión parlamentaria en la que el Gobierno va a dar explicaciones de algo.

Este viernes empieza otra campaña electoral, esta vez al Parlamento Europeo, y el Pleno del Congreso no es sino la pista de salida desde la que Moncloa quiere activar la campaña del presidente del Gobierno. En la intervención de Sánchez habrá victimismo, denuncias de conspiración de la derecha y de los medios que le critican y mucho sermón reivindicativo de su política en Cataluña. Lo mismo que hizo en las generales, incluso recuperando la misma confrontación con Puigdemont que el día después de las elecciones del 23J se convirtió en una relación de cortejo que engendró la ley de amnistía.

Sánchez va a utilizar las mismas armas que empleó en las generales para intentar frenar el avance de la derecha en unas europeas que se leerán en clave nacional como un plebiscito sobre su Gobierno y sobre la política de la oposición. Y esto exige a sus contrincantes políticos aprender del pasado, no cometer los mismos errores de otras elecciones –esos que acaban llevándoles al huerto que controla Moncloa–, y, sobre todo, moverse con más eficacia en el fango.

Es curioso que pese a no tener nada que explicar, y que todo sea una invención de «tabloides mediáticos», en Moncloa hayan decidido elegir como abogado de Begoña Gómez, para defenderse de un posible conflicto de intereses del presidente por contratos a empresas que tienen vínculos profesionales con ella, al escudero de Rubalcaba, al ex secretario de Estado de Seguridad Antonio Camacho. Camacho, señalado por el «chivatazo a ETA», ya fue fichado para defender a Pedro Casares, amigo del presidente, por los contratos al socialista Javier López Garrido.

Casares tuvo que declarar como investigado en la causa sobre la presunta falsificación de las firmas de varios profesores de la Universidad de Cantabria para adjudicar tres proyectos de investigación al tesorero del PSOE de Santander, López Garrido. En suma, el ex secretario es el recurso habitual del PSOE cuando tiene que gestionar un caso de presunta corrupción con contratos de por medio.