El «punto y aparte» que anunció Pedro Sánchez el lunes de la semana pasada no ha servido para taponar las vías de agua que acumula un Gobierno que aún no ha cumplido el medio año de vida. Más bien al contrario, en las últimas horas al casco de su embarcación se le han abierto nuevas grietas.

La confirmación del fracaso de la gira europea del presidente en busca de países que reconozcan el Estado de Palestina a la vez que España; el expediente abierto por la Junta Electoral Central al CIS por su encuesta flash de la semana pasada; la decisión del juez instructor del caso Begoña de encomendar la investigación a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil; la comparecencia de José Luis Ábalos en la comisión de investigación sobre la trama corrupta en el Senado; el incidente diplomático con la República de Argentina provocado por el ministro Óscar Puente.

También, el tercer informe de las Cortes contra la ley de amnistía; la convocatoria de una nueva manifestación contra esa norma; y Carles Puigdemont reiterándole a Sánchez que, o gobiernan los dos, o no lo hará ninguno. El Gobierno ni siquiera pudo disfrutar, este lunes, de la noticia de que España haya superado por primera vez los 21 millones de empleados. Puesto que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, recordó a los socialistas que urge un ajuste para reducir el déficit público y que la baja productividad sigue siendo un lastre para la economía española.

En lo que se refiere al Estado palestino, el Consejo de Ministros de este martes no aprobará aún su reconocimiento, como había pedido Yolanda Díaz al presidente. Pero sí será antes de las elecciones europeas. En cualquier caso, este lunes quedó confirmado que, como adelantó El Debate, solo Irlanda reconocerá Palestina a la vez que España.

Tanto Sánchez como el primer ministro irlandés escribieron en sus cuentas de la red X sendos mensajes aludiendo a ese inminente reconocimiento coordinado. En abril, Sánchez se reunió con los mandatarios de Noruega, Irlanda, Portugal, Eslovenia, Malta y Luxemburgo y mantuvo contactos con los de Estonia, Polonia, Finlandia y Grecia. Trató de persuadir a todos ellos de la importancia de una acción conjunta en la UE, pero solo en el irlandés encontró el apoyo que buscaba.

Este lunes también se reunió la Junta Electoral Central y decidió abrir un expediente contra el CIS y contra su presidente, José Félix Tezanos, por el sondeo que elaboró a propósito de la carta de Sánchez a la ciudadanía. En él preguntaba por la independencia de los jueces y hacía una estimación final de voto para las generales en plena campaña de las catalanas. El domingo, en una entrevista en El País, el propio presidente defendía a Tezanos: «Le podrá gustar más o menos, pero es un catedrático de Sociología».

El presidente del CIS, José Félix Tezanos, inaugura la mesa ‘Sondeos de opinión pública y encuestas preelectorales’, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, a 11 de enero de 2024, en Madrid (España). El encuentro está enmarcado en las ‘V Jornadas Internacionales de Sociología’ que organiza la Asociación Madrileña de Sociología.

Pero es que la JEC fue más lejos y también ordenó a TVE compensar al resto de partidos por la entrevista que la cadena pública le hizo al líder del Ejecutivo en el prime time del lunes de la semana pasada, horas después de anunciar que se quedaba. El PP denunció, al hilo de ambas decisiones, que el Gobierno «hace de la manipulación institucional su bandera».

En paralelo, el caso Begoña sigue su curso. El juez que ha abierto diligencias previas contra la mujer del presidente, Juan Carlos Peinado, no se ha plegado a las presiones del Gobierno ni de la Fiscalía (que recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando el archivo del caso). Este lunes se conoció que Peinado ha encargado la investigación a la UCO de la Guardia Civil, que es también la unidad que lleva dos años tratando de desbrozar la trama corrupta vinculada a la operación Delorme.

A este último respecto, a los socialistas les podría ir aún peor de no ser porque José Luis Ábalos fue una tumba en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado.

El exministro de Transportes hizo todo lo posible por evitar comprometer lo más mínimo al partido en el que ha militado 43 años y que ahora le tiene suspendido de militancia de forma cautelar. «Yo no voy a defender a nadie, pero no voy a acusar a nadie», anunció al comienzo. Y eso hizo. No obstante, el solo hecho de ver a Ábalos declarando sobre Delcy Rodríguez y sobre los contratos del Gobierno en pandemia en la Cámara Alta fue un trago para el PSOE.

A mayores, el Gobierno y el PSOE se esforzaron ayer por cerrar filas en torno a Óscar Puente en público, cuando en privado algunos empiezan a preguntarse si el ministro de Transportes no está yendo demasiado lejos en su papel de «dóberman». Puesto que, esta vez, sus excesos verbales no se han quedado en un asunto doméstico, sino que han provocado un incidente diplomático con un país en el que operan más de 130 grandes empresas españolas.

Este lunes, el Gobierno de Javier Milei dio por zanjado el episodio por boca de su portavoz, Manuel Adorni, Pero no sin antes reiterar que un ministro extranjero no puede acusar al presidente argentino de drogarse.

Por la tarde, el Senado hizo público otro informe contra la amnistía, que se suma a los emitidos por el CGPJ, los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso y los letrados del Senado. Y también a las objeciones expresadas por los juristas de la Comisión de Venecia, aunque el Ejecutivo tratara de enmascararlas.

El letrado adscrito a la comisión parlamentaria que lleva la tramitación de la norma en la Cámara Alta, Eugenio de Santos, alertó negro sobre blanco de «distintas infracciones que afectarían a principios y derechos fundamentales tanto de la Constitución como de los tratados de la Unión Europea y a obligaciones impuestas por el Derecho de ésta». Entre los que citó el principio de legalidad en materia penal, el de seguridad jurídica, el de igualdad, el derecho a la tutela judicial efectiva y a la defensa y la vulneración de las obligaciones impuestas por el Derecho de la UE en materia de terrorismo y de protección de los intereses financieros de la Unión.

Por si fuera poco, el PP anunció una nueva manifestación en contra de la ley para el día 26 de mayo, cuando probablemente ya haya sido aprobada de manera definitiva por el Congreso. A los populares no les será difícil superar la discreta cifra de 12.000 manifestantes que congregó el PSOE hace diez días en Ferraz, cuando supuestamente Sánchez estaba a punto de dimitir.

El Debate