El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha abierto una investigación a partir de la denuncia que presentó el sindicato Manos Limpias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios por su relación profesional con una empresa, que luego acabó siendo beneficiada con contratos públicos.

La denuncia – basada en informaciones periodísticas, fundamentalmente de ‘El Confidencial’- ha recaído en el juzgado que dirige el instructor Juan Carlos Peinado, quien abrió diligencias previas el pasado 16 de abril y ha acordado ya citar a una batería de testigos para intentar esclarecer los hechos.

El magistrado ha decretado el secreto de las actuaciones, pero según han revelado fuentes jurídicas, el interés del juez, en primer lugar, se centra en la firma por parte de Gómez en julio de 2020 -en calidad de codirectora del Máster en Fundraising de la Universidad Complutense de Madrid- de sendas cartas cartas de apoyo a una UTE de empresas privadas que se presentó a concurso del ente público Red.es, dependiente en ese momento del Ministerio de Economía.

Se da la circunstancia de que el principal accionista de la UTE, el empresario Carlos Barrabés, había participado previamente en el diseño del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que dirige actualmente Begoña Gómez.

Aquella UTE avalada por Begoña Gómez acabó llevándose los tres lotes a los que optaba tras superar a casi una veintena de rivales. En total, Barrabés se adjudicó 10,2 millones de euros en una época especialmente crítica para la empresa por las consecuencias del covid. En ninguno de los tres lotes, la UTE presentó la oferta más ventajosa, pero esta sociedad de empresas logró la máxima nota en los apartados de valoración subjetiva y eso le permitió superar al resto de competidores en la calificación final.

Otra de las actuaciones más polémicas de Begoña Gómez es el acuerdo que firmó en 2020 el IE Africa Center de la mujer de presidente con Globalia, la matriz de Air Europa, para un patrocinio. La esposa del presidente se reunió en privado con el consejero delegado de ese grupo, Javier Hidalgo, en las propias oficinas de la compañía en las mismas fechas que Globalia estaba negociando con el Gobierno un rescate millonario durante la pandemia.

475 millones de euros

Al final, el Ejecutivo concedió a Air Europa una ayuda de 475 millones de euros, una cifra récord en el sector y con la que la aerolínea pudo esquivar una situación económica límite.

La denuncia señala, en primer lugar, a delitos recogidos en el artículo 429 del Código Penal, en el que se persigue a los particulares que influyan en funcionarios públicos o autoridades «prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este» para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. Por otra parte, el delito de corrupción privada, también recogido en la demanda, se regula en el artículo 286 bis del Código Penal y castiga a quienes «prometan, ofrezcan o concedan a directivos, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros». También afecta a aquellos que «reciban, soliciten o acepten» esos beneficios o ventajas.