José Antonio Crespo.- La Segunda República Española fue el régimen desarrollado en España entre el 14 de abril de 1931, fecha de la proclamación de la República, en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII, y el 1 de abril de 1939, fecha del final de la Guerra Civil Española, que dio paso a la dictadura del general Franco. El numeral “segunda” obedece a la necesidad de distinguirlo del anterior periodo republicano, la Primera República Española (1873-1874).

Dada la agitación y convulsiones de este momento de nuestra historia se hace necesario previamente hacer un sucinto repaso de las etapas de la República. Comenzamos por el Gobierno Provisional o Periodo constituyente que comprende desde abril a diciembre de 1931.

Sigue el Primer bienio o Bienio social-azañista (1931-1933), también conocido por sus defensores como bienio reformista o bienio transformador, constituye la etapa de la Segunda República en la que el gobierno de coalición de republicanos de izquierda y de socialistas presidido por Manuel Azaña, formado el 15 de diciembre de 1931 tras aprobarse la Constitución de 1931 y tras rechazar el Partido Republicano Radical su participación en el mismo por estar en desacuerdo con la continuidad en el gobierno de los socialistas, profundiza las reformas iniciadas por el Gobierno Provisional con el propósito teórico de modernizar la realidad económica, social, política y cultural españolas. El nuevo gobierno se formó tras la elección de Niceto Alcalá Zamora como Presidente de la República, quien confirmó a Manuel Azaña como Presidente del Gobierno.

Seguiría el Segundo Bienio o Bienio radical-cedista (1934-1936), al que otros denominan bienio negro, bienio rectificador, o bienio conservador, constituye el periodo comprendido entre las elecciones generales de noviembre de 1933 y las de febrero de 1936 durante el que gobernaron los partidos de centro-derecha republicana encabezados por el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, aliados con la derecha católica de la CEDA y del Partido Agrario, primero desde el parlamento y luego participando en el gobierno. Dentro de este período distinguimos los gobiernos radicales de Alejandro Lerroux y Ricardo Samper (diciembre 1933- octubre 1934), la Revolución de Octubre de 1934 y los gobiernos radical-cedistas (octubre de 1934-diciembre de 1935), después vendrían las elecciones del 36 y el triunfo del Frente Popular (1936 – 1939) que terminó de hundir y rematar a España.

Hace unos días al oír hablar del tema al docto César Vidal me acordé de las críticas socialistas a la apertura del tan nombrado complejo de ocio y juego Las Vegas Sands que por lo visto se ubicará en Madrid por los males que auguran llegarán con el juego, seguramente se lamentan por no ser ellos los beneficiados, directamente en sus bolsillos, aunque se ofrezca la posibilidad de miles de puestos de trabajo.

Pero recordemos un momento que el término estraperlo o straperlo es usado actualmente en España para referirse al comercio ilegal y evasivo ante el fisco de bienes sometidos a algún tipo de impuesto o tasa por el Estado. Por extensión se emplea para denominar una actividad irregular y como sinónimo de mercado negro, adjetivando como estraperlista a quien practica el estraperlo.

Los juegos de azar, especialmente la ruleta, estaban prohibidos en España, así como en la mayoría de países europeos. Sin embargo, en la década de los años 30, se popularizaron numerosos modelos de pseudorruletas, que funcionaban alegremente en los grandes casinos de todo el continente.

Para estudiar el origen de este acrónimo debemos remontarnos al escándalo político ocurrido durante la Segunda República Española, nacido como consecuencia de la introducción de un juego de ruleta de mecanismo eléctrico y cuya marca era la de “Straperlo”, y que resultó ser un timo pues de lo que se trataba era de hacer ganar siempre a la banca mediante un botón que permitía parar la bola cuando creyera oportuno el crupier.

El juego se practicaba en una máquina, una especie de ruleta que sólo tenía trece números, lo cual hacía parecer más cercana la posibilidad de ganar, y cuya bola se accionaba mediante un botón eléctrico. Strauss, su creador, sostenía, y al parecer fue creído por algunas personas en el Ministerio de Gobernación, que el juego tenía un fondo científico, ya que teóricamente el jugador, si era capaz de dominar el cálculo, podía ganar. Lo que parece cierto es que el movimiento eléctrico de la bola tenía detrás algún tipo de mecanismo de relojería que permitía al banquero regular las ganancias.

El nombre derivada de unos judíos holandeses quienes fueron sus creadores, promotores del negocio e introductores del mismo en España, Daniel Strauss y Joachim Perlowitz y la esposa del primero Frieda Lowann, y que habrían aportado al acrónimo letras en cantidad proporcional a la participación en la empresa, aunque otras versiones afirman que el término procede solamente de los dos primeros nombres, Strauss y Perlowitz.

Daniel Strauss aventurero holandés nacionalizado mexicano, de origen judío, procedente de Ámsterdam, con su esposa y su socio, había llegado a Barcelona en los últimos días de febrero de 1934. Se alojaron en el Hotel Colón, en cuyo libro de entradas quedan registrados sus nombres, quedando instalados en dos lujosas suites del primer piso y alquilando otras habitaciones en los pisos altos del mismo hotel para acomodar al chofer, a una doncella y a un ayudante de cámara, quienes los acompañaban como criados.

Un año antes, en el verano de 1933, Strauss y Perlowitz ya habían experimentado su ruleta mecánica en el Casino Kursaal de Ostende, en Bélgica, con regular éxito, y en un casino de Ámsterdam, donde habían puesto en funcionamiento varios straperlos durante seis meses, proporcionando grandes ganancias a sus inventores. Para esta explotación en Ámsterdam, Strauss había conseguido una autorización temporal de las autoridades holandesas, quienes llegaron a permitir el cumplimiento total del plazo concedido, a pesar de que fueron descubiertas las condiciones fraudulentas de la curiosa ruleta.

Al finalizar el día en que vencía la autorización, la policía, sin aviso previo, entró en el casino donde se explotaban los straperlos, arrojando las mesas de juego a la calle, a través de las ventanas. Tras ser sancionado el 20 de febrero de 1934, “por falta consistente en dar ocasión intencionada para el juego de azar como oficio”. Daniel Strauss se traslada a España “con el propósito de lograr el funcionamiento del juego straperlo en lugares adecuados para su éxito económico” (entrecomillados del sumario del caso Strauss. Archivo del Tribunal Supremo, Legajo 6239).

El casino Gran Kursaal se había inaugurado en San Sebastián el 15 de agosto de 1921 y era una de las grandes obras arquitectónicas que enorgullecían a ese balneario de la costa norte española, fronteriza con Francia, pero la cosa duró poco tiempo pues el dictador Primo de Rivera decretó la prohibición del juego el 31 de octubre de 1924, y el Gran Kursaal tuvo que cerrar sus puertas. Su edificio, con su estilo cosmopolita y grandioso, fue destinado a diversas actividades hasta que, en 1935, hubo una infeliz tentativa de devolver al antiguo casino su brillo de la belle époque.

Sería cuando los dos aventureros, Strauss y Perlowitz, con antecedentes muy turbios en el mundo de los juegos de azar, acudieron en primer lugar al Gobierno nacional que no estaba por la labor, aunque lograron engatusar a varios de sus miembros y políticos del momento. Acudieron al subsecretario de marina y finalmente a un sobrino de Lerroux, Aurelio, y al gobernador donostiarra a quien propusieron instalar allí una ruleta y reabrir el casino casa con el nombre de Estraperlo, usando el acrónimo.

Aunque el juego estaba prohibido en España, lo plantearon como una magnífica ruleta eléctrica que podría ser una maravillosa innovación tecnológica. El “invento”, que llevaba el nombre de sus creadores resultó un magnífico timo, en el que involucraron al propio Presidente del Gobierno, D. Alejandro Lerroux.

Previamente fueron repartiendo relojes de oro y dinero para conseguir su propósito hasta emplazar la ruleta amañada en San Sebastián con tanto éxito, para estos tres timadores, que a las tres horas se descubrió que el Estraperlo era una burda estafa, por lo que acudió la policía para clausurar el casino y llevarse la ruleta porque siempre ganaba la banca y todo el mundo se habían dado cuenta.

Por tal motivo el Gran Kursaal fue clausurado en medio de un gran escándalo, y como Daniel Strauss y Joaquín Perlowitz habían recibido el apoyo de Aurelio Lerroux, el influyente sobrino e hijo adoptivo de Alejandro Lerroux, el episodio fue hábilmente manejado por la oposición contra el gobierno de la Segunda República Española (1931-1936), por lo que es fácil deducir que este asunto bautizado como “el escándalo Strauss” fue uno de los motivos que hizo saltar de su puesto como Presidente del Consejo de Ministros de la Segunda República a Alejandro Lerroux, debido a que su sobrino estuvo involucrado en el asunto, recibiendo, supuestamente, sobornos, entre ellos dos relojes de oro, uno para su padre y otro para el ministro de gobernación. No se sabe si los relojes llegaron a su destino, lo cierto es que unos pocos días después la dichosa maquinita estaba funcionando en los casinos de San Sebastián y Mallorca.

CÓMO FUE AQUELLO

En Madrid, el Gobierno estaba formado por una alianza de partidos de la derecha (CEDA), y varios miembros del Partido Radical se habían mostrado muy receptivos con el proyecto del straperlo.

A lo largo del mes de junio de 1934, los empresarios y los políticos llegaron a un acuerdo económico para explotarlo en el Casino de San Sebastián. Varios personajes en la órbita del Partido Radical harían valer sus influencias para conseguir la autorización, a cambio de un porcentaje en el negocio.

En la máquina es donde empiezan las confusiones porque Strauss alegó que la Dirección General de Seguridad de Madrid le había autorizado a instalarla, mientras que dicho departamento aduciría durante el escándalo que todo lo que se había hecho era certificar que la máquina no era peligrosa, pero que su uso se prohibió.

Strauss, en cualquier caso, dirigió una solicitud al Gran Casino de San Sebastián para instalar dos máquinas llamadas estraperlo. Hubo una llamada del gobernador de San Sebastián al ministerio de la Gobernación en el que, en ausencia del ministro, su subsecretario comunicó, fuere por desidia, por error o por otros intereses, que no había problema con el estraperlo. El 12 de septiembre de 1934, se instalaron las dos máquinas en el casino donostiarra, y se montó un buen cisco porque la prensa denunció que el juego había sido permitido en San Sebastián por la puerta de atrás.

Según la versión de Strauss, Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical, recibiría el 25 por ciento de los beneficios; Joan Pich i Pons, un diez por ciento; Aurelio Lerroux, Miguel Galante y el periodista Santiago Vinardell, un 5 por ciento. Además, para asegurarse la cooperación del ministro de la Gobernación Rafael Salazar Alonso, Joan Pich i Pons se había comprometido a hacerle llegar un soborno de 100.000 pesetas.

Al día siguiente de la instalación el propio ministro, extrañado o asustado por las consecuencias, instó la retirada de las máquinas. Lo cual se hizo a las tres horas de haber empezado a funcionar, pistola en mano, pues la sala estaba repleta de donostiarras ávidos de jugar. El juego fue prohibido por la policía tras demostrarse el fraude pues la rueda era accionada y controlada mediante un botón, por lo tanto la banca ganaba siempre que lo deseaba.

Ello no impidió que más o menos un mes después, no se sabe muy bien cómo, Strauss consiguió instalar máquinas estraperlo en el Hotel Formentor, en Baleares. Duraron una semana antes de que el ministro de la Gobernación las precintase siendo clausurado el local.

Satruss acusaba a Franco afirmando que él, en su condición de comandante militar de Baleares, había participado en la autorización para la instalación de las máquinas en el Hotel Formentor.

El problema vino cuando los autores de la trama intentaron recuperar lo invertido. Al parecer, los estraperlistas intentaron chantajear a Lerroux a cambio de no aflorar el escándalo, pero éste se negaría. Strauss y Perlowitz escribieron a Lerroux amenazándole con que si no les daba 85.000 pesetas de entonces darían a conocer lo sucedido. Mientras Lerroux no contestaba, Strauss se entrevistó con Azaña y Prieto que lo remitieron a Alcalá Zamora, por el odio que le profesaba a Lerroux, quien fue el encargado de destapar el asunto.

Más o menos transcurrido un año desde el escándalo, el 10 de septiembre de 1935, el presidente del Gobierno, Niceto Alcalá-Zamora, recibió un sobre en el que se contenían ciertos documentos que venían a denunciar extrañas connivencias en las autorizaciones que había recibido el estraperlo en 1934. El asunto apuntaba directamente a Alejandro Lerroux, en ese momento jefe del gobierno a causa de su sobrino Aurelio de alguna forma conchabado en aquel negocio. Alcalá Zamora mostró el expediente a Lerroux, que entonces era el presidente del gobierno, pero éste no le dio importancia y al parecer le dijo que sería muy difícil probar sus presuntos contactos con Strauss.

Tras la crisis de gobierno que se produjo a mediados de septiembre en que Lerroux renunciaría a seguir encabezándolo, según el historiador Gabriel Jackson porque Alcalá Zamora le obligó a dimitir al conocer el dossier de Strauss.

Lerroux fue sustituido en la presidencia del ejecutivo por un hombre de confianza del Presidente de la República Alcalá Zamora, el financiero liberal Joaquín Chapaprieta Torregrosa, que mantuvo la alianza radical-cedista, con Lerroux y Gil Robles en el gobierno, e incluyó un ministro de la Lliga Regionalista, para ampliar la base parlamentaria del mismo.

El 20 de septiembre de 1935, hay quienes afirman que por otras razones distintas de lo que relatamos, cayó el gobierno Lerroux y se formó el mencionado liderado por Chapaprieta de corte conservador independiente. Sólo un par de semanas después, un abogado holandés reclamaba le fueran devueltos los documentos que había recibido Alcalá-Zamora, si es que no eran de interés del Gobierno.

Todo parece indicar que es ahí cuando el Ejecutivo comienza a tomarse las cosas un poco en serio, quizá por pensar que la petición de los documentos es una forma velada de amenazar con ir a la prensa.

Chapaprieta reunió a los grupos políticos que apoyaban al Gobierno para deliberar sobre el asunto. Según José María Gil Robles (No fue posible la paz), y a pesar de que en sus memorias mantiene una actitud decididamente prolerrouxista y quiere ver en este escándalo una más de las movidas de Alcalá-Zamora contra el bienio derechista, a pesar de todo reconoce que los papeles tenían ciertos visos de legalidad, verosimilitud y “revestían, de ser ciertos, indudable carácter delictivo”.

El presidente de la República a comienzos de octubre trasladó la denuncia al nuevo gobierno radical-cedista de Chapaprieta, que desde el 6 de mayo de 1935 había sido ministro de Hacienda con Alejandro Lerroux. Continuó siéndolo el 25 de septiembre, cuando ocupó la presidencia del Consejo de Ministros, jefe del gobierno, con el apoyo de la CEDA y los agrarios, y en el que Lerroux era ministro, y le obligó a que el caso fuera debatido en las Cortes, donde se formó una comisión parlamentaria.

El “escándalo del estraperlo” sale a luz pública el mes de octubre de 1935, como consecuencia de la denuncia de Strauss ante el presidente de la República en la que exigía una “indemnización” por los gastos de instalación del juego en los casinos de San Sebastián y Formentor y por los sobornos que decía haber pagado a políticos del Partido Republicano Radical y a “familiares y amigos” de su líder Alejandro Lerroux.

En principio, el Gobierno trasladó la denuncia recibida por Alcalá al fiscal de la República, pero sin publicidad. Así pretendían seguir, pero entonces tuvieron la confidencia de que, en un mitin multitudinario de las izquierdas que se iba a celebrar el 20 de octubre en la campa de Comillas, cerca del puente de Toledo, Manuel Azaña tenía previsto sacar a pasear el asunto. En la tarde del viernes anterior, 18 de octubre el Gobierno redactó de prisa y corriendo una nota de prensa informando del asunto y de las actuaciones del fiscal. El escándalo político estaba servido. Eso sí, Azaña se dio el domingo uno de los mayores baños de multitudes de la historia de los mítines políticos en España con 300.000 personas según las crónicas, pero no habló del estraperlo.

El 22 de octubre de 1935, el asunto del estraperlo generó un debate parlamentario de cuatro horas, tras el cual se creó una comisión parlamentaria, nos suena ¿verdad?,,, mecanismo parlamentario idóneo para que todo quede en agua de borrajas, no sin la inteligente oposición del líder de la Lliga Regionalista, Françesc Cambó, quien sostenía que el Parlamento no puede crear una comisión por cada denuncia que le llega. En dicha comisión se integraron tres diputados radicales, cinco de la CEDA, dos agrarios, un liberal demócrata, uno de la Lliga, uno de la Esquerra, uno de Izquierda Republicana, uno de Unión Republicana, un conservador, uno de Renovación Española, un tradicionalista, uno del PNV, un independiente monárquico y otro republicano… no faltaba nadie.

La comisión tardó setenta horas en tener un dictamen, que se redactó en una reunión que duró unas 18 horas. El dictamen, votado por la comisión la tarde del 26 de octubre, señaló que habían existido actuaciones “que no se ajustaron a la austeridad y a la ética que en la gestión de los negocios públicos se suponen” y, por lo tanto, debían cesar en sus cargos un total de siete personas más una.

La siete eran: Rafael Salazar Alonso, exministro de la Gobernación que fue quien firmó el permiso y entonces alcalde de Madrid, había dimitido horas antes del dictamen), Emiliano Iglesias Ambrosio, diputado por Pontevedra, José Valdivia que ocupaba un cargo en el Parque de Intendencia, Eduardo Benzo, subsecretario del Ministerio de la Gobernación, Sigfrido Blasco-Ibáñez Blasco, Juan Pich y Pons, gobernador general de Cataluña, Santiago Vinardell, jefe de la oficina de turismo española en París, y Miguel Galante (comisario del Estado en la Compañía de los ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (M.Z.A.). El más uno y más importante, era Aurelio Lerroux, comisario del Estado en Telefónica, que había gestionado el permiso. Al día siguiente, Alejandro Lerroux abandonó el gobierno.

La misma tarde de aquel 26 de octubre, tras el voto, Chapaprieta dimitió. En realidad, la conjunción del escándalo del estraperlo y del affaire Nombela-Tayá laminó el crédito político del Partido Radical e hizo imposible a las derechas seguir gobernando con aquellas cortes, motivo por el cual convocarían las elecciones de febrero del 36 que fueron para el Frente Popular, si así se prefiere.

Dos testigos de primera mano de aquello, Gil Robles y Chapaprieta, mencionan en sus memorias la teoría conspirativa según la cual habrían sido personas de las izquierdas las que habrían preparado todo el escándalo del estraperlo, aunque sus versiones son distintas. Gil-Robles, después de afirmar que entre los papeles de Strauss había algunos sospechosamente muy bien redactados para excitar la curiosidad política en España, valora la hipótesis de que los hombres de Strauss hubiesen informado de la denuncia a Indalecio Prieto en Ostende, donde estaba exilado por su participación en la Revolución de Asturias. Chapaprieta se refiere, por su parte, a unos extraños viajes de Azaña (aunque no aporta pruebas) también a Holanda.

En esa reunión se debatieron las consecuencias del estraperlo que en el plano judicial quedaron en nada. Por otro lado, en el plano político, aunque Lerroux no era responsable de los actos de su sobrino, supuso la liquidación del partido radical.

La idea que consiguió transmitir la izquierda era que la corrupción era manifiesta y salpicaba a todo el Gobierno, a pesar de que éste no estaba mezclado en el asunto.

Pero lo que si interesa dejar muy claro es que el gobierno de Lerroux paró el despilfarro y la corrupción que venía de la izquierda lejos de aquella intencionalidad programática buenista original. El ministro de Hacienda, Joaquín Chapaprieta, buscando una estabilización se cargó 3 ministerios, 4 subsecretarias, 20 direcciones generales, 300 coches oficiales… y consiguiendo un ahorro público de 400 millones de pesetas de las de entonces.

Este breve gobierno, formado el 25 de septiembre, se vio afectado por el estallido del escándalo del estraperlo provocando la salida de Lerroux del gabinete el 29 de octubre y del resto de ministros radicales. Al poco el asunto Nombela constituyó el golpe definitivo para el Partido Republicano Radical, del que no se recuperaría, lo que puso fin al denominado “bienio negro”.

Tras la resolución del “escándalo del estraperlo” con la salida de Alejandro Lerroux del gobierno de coalición radical-cedista presidido por Chapaprieta, estalló en noviembre de 1935 un segundo escándalo que también afectó al Partido Republicano Radical. El funcionario de colonias Antonio Nombela acusó a varios dirigentes del partido de Lerroux, y especialmente al subsecretario de la Presidencia del Gobierno, Moreno Calvo, de haber resuelto de forma fraudulenta un expediente por el que se indemnizaba a la Compañía de África Occidental, propiedad del empresario catalán Antonio Tayá que había conseguido un contrato público para conectar por barco los territorios españoles de Guinea Ecuatorial y Fernando Poo que había sido cancelado en 1929, por la pérdida de dos buques en la provincia de Guinea Ecuatorial. El gobierno presidido por Alejandro Lerroux había aprobado la indemnización el 12 de julio y cuando Nombela se negó a pagarla y se dirigió a algunos miembros del gobierno para denunciar el caso, concretamente a los ministros de la CEDA, José María Gil Robles y Luis Lucia, el gobierno lo cesó, el día 26 de julio.

Entonces Nombela llevó el asunto a las Cortes, donde se formó una comisión de investigación. A diferencia del “escándalo de estraperlo”, Alejandro Lerroux estaba implicado directamente porque como presidente del gobierno había firmado el expediente. Cuando se produjo el debate parlamentario Alejandro Lerroux no fue capaz de dar unas explicaciones convincentes sobre las acusaciones de corrupción, aunque en la votación fue exculpado.

Con este segundo escándalo que afectó al Partido Republicano Radical terminó de hundirlo políticamente y aceleró su disgregación, lo que fue aprovechado por el líder de la CEDA José María Gil Robles para poner fin al apoyo al gobierno de coalición con los radicales presidido por Chapaprieta y exigir al presidente de la República Niceto Alcalá Zamora que lo propusiera a las Cortes como nuevo jefe del gobierno.

Pero Alcalá Zamora se negó a que ocupara el poder un partido que no había proclamado su fidelidad a la República y encargó la formación de gobierno a un político de su confianza, el liberal Portela Valladares. Pero el gobierno de Portela que se constituyó el 15 de diciembre de 1935, formado por republicanos de centro-derecha y que dejaba fuera a la CEDA, no obtuvo la confianza de las Cortes, por lo que Alcalá Zamora decidió disolver las Cortes el 7 de enero de 1936 y convocar nuevas elecciones para febrero, que serían ganadas por la coalición de izquierdas llamada Frente Popular

El hundimiento de los radicales convenció a Gil Robles de que había llegado el momento de poner en marcha la tercera fase de su estratega para alcanzar el poder y retiró el apoyo al gobierno de Chapaprieta, con el pretexto de su desacuerdo con el proyecto de reforma fiscal. El 9 de diciembre de 1935, el día en que se cumplían cuatro años de la Constitución de 1931 (por lo que a partir de ese momento no era necesaria la mayoría de 2/3 de los diputados para modificar la Constitución sino que era suficiente con la mayoría absoluta), exigió para sí mismo la presidencia del Gobierno.

Pero el Presidente de la República Alcalá Zamora se negó a dar el poder a una fuerza “accidentalista” que no había proclamado su fidelidad a la República y encargó la formación de gobierno a un independiente de su confianza. Manuel Portela Valladares el 15 de diciembre formó un gabinete republicano de centro-derecha excluyendo a la CEDA, pero pronto se comprobó que esa opción no contaba con el suficiente respaldo en las Cortes y al final Alcalá Zamora disolvió el Parlamento el 7 de enero y convocó elecciones para el 16 de febrero de 1936, la primera vuelta, y 1 de marzo, la segunda. Las elecciones serían ganadas por el Frente Popular abriéndose en verdad un auténtico período negro que sumiría a España en una guerra civil cuyas heridas se han encargado hace poco de reabrir y sazonar convenientemente de rencor, entre ellos nuestro ex presidente ZP.

PARA TERMINAR

La segunda mitad de 1935 estuvo caracterizada por “un intento real de la derecha por hacer frente a los problemas de la nación” que César Vidal enumera en tres principales: salvar el sistema político después de la revolución del ´34, corregir los errores de los gobiernos de la izquierda y acabar con la lamentable situación económica. Parte del fracaso se debe a la propaganda “magistralmente empleada por la izquierda para desacreditar a la derecha y provocar su hundimiento”. La ocasión para ello sería el famoso escándalo del estraperlo.

César Vidal asegura que los dos primeros problemas no los resolvió la derecha porque “en primer lugar practicaron el impunismo, dejando libres a los responsables del PSOE y de ERC planeadores del golpe de estado” y en segundo por no atreverse a realizar una reforma constitucional, “sólo intentaron acabar con el laicismo en la enseñanza permitiendo que alguna orden religiosa abriera algún colegio”.

En materia económica “intentaron alcanzar la estabilización”. El objetivo era “acabar con el despilfarro y la corrupción que la izquierda había asentado en los ministerios”. Sin embargo, la idea que ha quedado es que la derecha practicó el estraperlo y la corrupción generalizada.

Durante dos años constituyó una fuente importante de debates parlamentarios y escándalos denunciados por la Prensa. El escándalo alcanzó de lleno a los políticos de la Derecha Republicana, provocando su caída; y es considerado por algunos historiadores como uno de los detonantes de la polarización de “las dos Españas” que condujo a la Guerra Civil. El uso popular consagró los términos “estraperlo” o “estraperlista”, para referirse a todo aquello que se vende de tapadillo en el “mercado negro”, comercio ilegal o negocio fraudulento, y a quienes viven de forma poco clara. La palabra “estraperlo” es una gran prueba de que nuestra Lengua está viva, de introducción relativamente bastante reciente, como vemos, hoy figura en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua como una de las aportaciones lingüísticas debida a la II República Española (1.931-1.939); desarrollándose, más concretamente, su significado entre 1.933 y 1.935.

A partir de aquel monumental escándalo la palabra estraperlo ha quedado entre nosotros como sinónimo de chanchullo, intriga o negocio fraudulento. Así, por extensión, se denominó también estraperlo, durante la posguerra española, al comercio ilegal o mercado negro de los artículos intervenidos por el Estado o sujetos a racionamiento que había sido decretado por el régimen de Franco desde 1936 hasta 1952, recibiendo el apelativo de estraperlistas los que se dedicaban a esta actividad fraudulenta.

En 1972, los propietarios del Gran Kursaal decidieron derribar el edificio, del que hoy se guarda escasa memoria, pero el escándalo de San Sebastián será siempre recordado por las nuevas palabras que a raíz de él se incorporaron a nuestra lengua: estraperlo, como “práctica ilegal” o “comercio ilegal”, estraperlista, “el que practica el comercio ilegal” o “estafador”, y el verbo estraperlear, “practicar estraperlo”.

Hoy en 2013, nos encontramos en una situación, salvando las distancias, similar con una organización territorial del estado abonada de y abandonada a la podredumbre más corrupta alimentando el clientelismo territorial en la que todos los partidos están implicados por lo que en vez de caer en la misma piedra de 1935, sería lo más prudente iniciar con carácter de urgencia las reformas legislativas necesarias que pongan fin a la corrupción tras librar a la justicia del yugo político y con una norma presente LA ABSOLUTA TRANSPARENCIA, hacer una profunda limpieza en todos los partidos y estructuras del estado eliminando las corruptelas, pesebres, y duplicidades y una vez aprobadas, en un plazo razonable y breve convocar elecciones para abrir un periodo constituyente.