Hace casi cuatro años, el Gobierno decretó el Estado de Alarma en España, dando paso a una de las restricciones de movimientos más duras de todo el planeta. La decisión fue consecuencia de la embestida del virus y del retraso de ese mismo Gobierno a la hora de adoptar medidas preventivas y de hacer acopio de materiales de protección, lo que convirtió a España en uno de los países con mayor tasa de mortalidad por cada millón de habitantes del mundo.

Mientras los ciudadanos sufrían las consecuencias de la impericia de un Ejecutivo que primero negó la mayor para después sobreactuar, un grupo de secuaces que trabajaba en la órbita de ese propio Ejecutivo robaba presuntamente de las arcas públicas a costa de los mismos materiales que tanto escaseaban. Un escándalo que cuatro años después ha salido a la luz y que, de momento, se ha llevado por delante a los amigos del exministro José Luis Ábalos y a un alto cargo de Puertos del Estado, además de dejar en el alero a la hoy presidenta del Congreso y al ex presidente de Canarias. Todos del PSOE.

La dimensión de este desfalco, generado en medio de una tragedia dantesca, debería haber llevado a la ministra de Sanidad, Mónica García, a dar un puñetazo en la mesa, vilipendiar a los corruptos que incurrieron en tales prácticas y ordenar inmediatamente una auditoría independiente de las compras que se hicieron en su departamento en la pasada legislatura, empezando por las emanadas por los altos cargos que ya están imputados. En lugar de ello, García ha echado balones fuera y ha prometido que el Ministerio «será un muro de contención contra la corrupción», lo que equivale a no decir nada. Contra Ayuso, lo que haga falta. Contra Ábalos y Koldo, palabrería vacua.