El exministro socialista José Luis Ábalos ha presentado alegaciones al expediente de expulsión que le ha abierto el PSOE y ha remitido varios documentos al partido en los que carga contra el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, al que responsabiliza de haber hecho públicos sus datos personales.

Según ha adelantado ‘La Sexta’, Ábalos ha presentado dos escritos para defenderse del proceso que ha abierto contra él la dirección del partido. En el primero de ellos, remitido a la Comisión de Ética y Garantías, acusa de publicar datos personales en el expediente donde se comunicaba las medidas aplicadas contra él después de que se negase a entregar su acta de diputado, tal y como le había exigido la Ejecutiva Federal.

El partido distribuyó una primera versión de una resolución, firmada por Cerdán, en la que aparecían datos privados del exministro como el número del Documento Nacional de Identidad o la dirección de su domicilio. Minutos después enviaron una corrección en la que ya no aparecía esa información.

Por tanto Ábalos reclama que se abra un expediente de averiguación de los hechos para “determinar la eventual responsabilidad del Secretario de Organización, Santos Cerdán”, según indica el documento y considera que ha podido cometer una falta “muy grave”. Subraya además que es la persona “obligada estatutariamente de velar por la protección de datos de los afiliados”.

En un segundo escrito, en este caso dirigido a la propia Secretaría de Organización, Ábalos se queja de que el partido trasladó su decisión de abrirle expediente antes de que se cumpliese el plazo de 24 horas que le habían dado para que entregase su acta de diputado. Para acreditarlo adjunta varios titulares de prensa en el que aparece esa información en la mañana del martes 27 de febrero, antes de que expirase el ultimátum.

En la víspera, el lunes 26 de febrero, la portavoz del PSOE, Esther Peña, trasladó que la Ejecutiva Federal había decidido por unanimidad pedir a Ábalos que entregara su escaño por “responsabilidad política” en el ‘caso Koldo’, que investiga presuntas mordidas en contratos de compra de material anticovid.

La semana anterior, la Guardia Civil había detenido a Koldo García Izaguirre, asesor de Ábalos durante su etapa en el Ministerio de Transportes. Según la investigación, participó en una presunta trama de contratos amañados durante la pandemia. Peña dejó claro que sobre Ábalos no había ningún cargo ni señalamiento judicial o policial, pero en todo caso le reclamaban que diese un paso a un lado por “responsabilidad política”.

A pesar de todo, Ábalos se resistió a dejar su escaño, abandonó el Grupo Parlamentario Socialista y pasó al Grupo Mixto, alegando que era inocente y entregar su acta sería igual que reconocer su culpabilidad.

Ese mismo martes, después de que Ábalos hiciese pública su decisión de resistir en el Congreso, el PSOE hizo público que le suspendía cautelarmente de militancia y abría expediente disciplinario por haberse saltado las resoluciones del partido.

El informe señalaba además que Ábalos contaba con cinco días para hacer llegar al instructor del expediente las pruebas con las que pretende defenderse y además podía interponer un recurso ante la Comisión de Ética y Garantías en el plazo de diez días hábiles.

Ahora Ábalos ejerce ese derecho, pero además contraataca y señala directamente a Cerdán, su sucesor en la secretaría de Organización y su interlocutor en los días en que el partido le trató de convencer para que dejase su escaño.