La investigación sitúa a Koldo García y un socio al frente de la trama de mordidas a contratos valorados en 53 millones

Lo peor de cargar las tintas semánticas contra el adversario político y cubrirse con el manto de una hipócrita moralidad, que es lo que hizo el Gobierno con el caso de las mascarillas del hermano de Isabel Díaz Ayuso, no es la ausencia de escrúpulos en la pugna partidaria, no, lo peor es que, al final, sea un asesor personal de uno de tus ministros al que detenga la Guardia Civil por enriquecerse ilícitamente, presuntamente, claro, con la compra venta de material sanitario.

Un asesor, Koldo García, a quien, dicho sea de paso, el propio Pedro Sánchez había puesto como ejemplo de militante comprometido con la Justicia. Podríamos remedar la rasgada de vestiduras de los portavoces gubernamentales y llevar a la atribulada población las mismas imágenes de ancianos moribundos, mientras la codicia de la derecha campaba por sus fueros, que es exactamente lo que hizo el sanchismo, pero no nos sentiríamos cómodos con tan deleznable demagogia.

Baste con exigir la mayor diligencia posible a la Justicia en el esclarecimiento de lo sucedido y agradecer al PP madrileño que denunciara por las vías jurisdiccionales apropiadas la existencia de la presunta trama de corrupción, a la que, por supuesto, consideramos ajenos a la inmensa mayoría de los militantes y simpatizantes socialistas, de cuya indignación y repulsa por los hechos investigados estamos absolutamente seguros.

Como también lo estamos de que desde el Ejecutivo se intentará elaborar un «relato» de urgencia con el que esquivar el problema hasta que el paso del tiempo o el surgimiento de una nueva crisis lo desvanezca del horizonte político. Es la táctica que viene siguiendo el sanchismo, tal vez, porque considera con acierto que la opinión pública española está tan saturada de escándalos, algunos meramente artificiales, que ha perdido la capacidad de reacción. Ejemplo canónico de lo que decimos es la nueva reprobación, esta vez en el Senado, del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que la nebulosa del sanchismo se tomará a beneficio de inventario.

Pero hablamos de un ministro que no sólo ha sido repudiado por la oposición y por los propios aliados parlamentarios del Gobierno, sino que, pese a su cualidad de juez profesional, se ha visto revolcado por varias sentencias judiciales, incluso, del Tribunal Supremo, y que se encuentra gravemente cuestionado por todos los sindicatos y asociaciones profesiones de la Policía y la Guardia Civil, cuyos hombres y mujeres sufren una discriminación salarial absolutamente injustificable. Un ministro cuya función primordial parece ser la de pararrayos del inquilino de La Moncloa, mientras en algunas zonas de la geografía española se deteriora la seguridad ciudadana por la falta de medios y la desidia política. En cualquier democracia occidental, Marlaska hubiera presentado dignamente la dimisión. En el sanchismo, no.