Koldo García y José Luis Ábalos

LR.- La Audiencia Nacional investiga a Koldo García Izaguirre, que fue asesor del exministro José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes, por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho por su intermediación en la adjudicación de contratos por valor de 53 millones de euros para la compra de mascarillas en marzo y abril de 2020, en los meses más duros de la pandemia, a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas. García Aguirre fue detenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil junto a otras 19 personas –entre ellas, Víctor de Aldama, presidente del Zamora Fútbol Club–.

El arresto de la «mano derecha» de Ábalos se produjo en Alicante (su mujer también fue detenida, pero fue posteriormente puesta en libertad) y el de su supuesto socio, en Madrid. Seis de los arrestados, entre ellos García Izaguirre –según confirman fuentes jurídicas– declararán mañana en relación a estos hechos ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que ha acordado el secreto de las actuaciones.

Además de esa veintena de arrestos, el magistrado a cargo de la investigación ordenó a la Guardia Civil 26 registros domiciliarios o requerimientos de información –según confirmaron fuentes de la Fiscalía Anticorrupción–, que los agentes han desarrollado a lo largo de todo el día de hoy. Entre otros, al Ministerio de Transportes. Los agentes también interrogaron como testigo al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en relación con una de las adjudicaciones en el punto de mira, según reveló El diario.es.

La empresa también resultó adjudicataria de cuatro contratos del Servicio Canario de Salud y otros dos del Servicio de Salud del Gobierno de Baleares.

Según adelantó El Confidencial y confirmó este periódico de fuentes de la investigación, lo que hizo saltar las alarmas fue el incremento súbito del patrimonio personal de Koldo García Izaguirre en los últimos meses, que no se correspondería con su salario de chófer y escolta del político cuando este fue secretario de Organización del PSOE y titular de Transportes, entre los años 2018 y 2021, ni con las retribuciones que percibió en su etapa como asesor en la citada cartera.

En marzo de 2022, el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid ya denunció ante la Fiscalía Anticorrupción a la empresa Soluciones de Gestión, radicada en Zaragoza y con la que se vincula al supuesto socio del exasesor de Ábalos, por tres supuestos pelotazos en la adjudicación contratos por parte de los ministerios de Transportes e Interior para el suministro de mascarillas y material de protección entre el 21 de marzo y el 20 de abril de 2020, durante el primer estado de alarma y en pleno confinamiento de la población por la virulencia de la pandemia de Covid-19.

Según puso de relieve entonces el PP a la Fiscalía –en una denuncia en cadena de supuestas irregularidades en diversas contrataciones en administraciones gestionadas por el PSOE, algunas de las cuales ya han sido archivadas–, Soluciones de Gestión (ahora en el foco de esta investigación) pasó en apenas un año de no tener facturación en 2019 a facturar 53,1 millones en 2020 «como consecuencia de las adjudicaciones públicas directas relacionadas» con la pandemia.

La auditoría realizada a esta sociedad por Auren Auditores respecto al ejercicio de 2020 concluía que ese año la actividad de la empresa se centró en contratos de material sanitario. Hasta el punto de que la totalidad de sus ingresos provenían «del suministro de equipos de protección individual a distintos entes públicos y privados», tal y como constaba en sus cuentas publicadas en el Registro Mercantil.

Especializada en servicios de desarrollo y asesoramiento técnico en actividades internacionales –sobre todo en materia de energía, agua e infraestructuras agrícolas– y con implantación en países africanos, el PP señalaba que su actividad social no parecía guardar relación alguna con el objeto de los contratos adjudicados. Además, reseñaba que la sociedad no tenía tampoco actividad relevante en China para poder convertirse de la noche a la mañana en un «suministrador referente de mascarillas adquiridas en dicho mercado».

En la fecha de la denuncia no constaba que las administraciones hubiesen llevado a cabo la comprobación de la correlación del objeto social de la empresa con el de los contratos adjudicados o de su solvencia económica, tal y como prescriben el Consejo de Estado o el Tribunal de Cuentas en este tipo de contratos de urgencia para cerciorarse de la idoneidad de la adjudicataria.

Pero lo cierto es que en apenas una semana –entre el 21 y el 27 de marzo de 2020– Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas consiguió que el Ministerio de Transportes (a través de Puertos del Estado y de ADIF) le adjudicara dos contratos para el suministro de mascarillas profilácticas por un total de 36,7 millones de euros (24,2 el primero y doce millones y medio el segundo por el suministro de cinco millones de mascarillas). Ambos contratos se tramitaron por el procedimiento negociado, sin publicidad y con carácter de emergencia, por lo que no se solicitaron ofertas, dado que la adjudicación se llevó a cabo de forma directa.

«¿Cómo había logrado –se preguntaba el PP en su denuncia–, en tan breve periodo de tiempo desde el estallido de la crisis, redirigir su actividad mercantil y lograr tan importante contrato de suministro de productos sanitarios, tan escasos en dichos momentos?». La pregunta, por ahora, sigue sin respuesta.

El tercer contrato del que resultó beneficiaria Soluciones de Gestión fue adjudicado por el Ministerio del Interior menos de un mes después, el 20 de abril de 2020. El montante, casi tres millones y medio de euros, se desembolsó por el suministro de material de protección al personal de la Secretaría de Estado de Seguridad.

A la espera de determinar a cuánto asciende el importe de las supuestas comisiones que habría cobrado por intermediar en esas adjudicaciones bajo sospecha, la investigación pone la lupa en su participación en las negociaciones para cerrar la compra de mascarillas y otros materiales sanitarios, a través de los contratos que adjudicó por el trámite de urgencia el ministerio que entonces dirigía Ábalos, y en las presuntas maniobras para blanquear los sobornos a través de diferentes inversiones.