Francisco Marhuenda.- No entiendo a Óscar Puente. Ha sido alcalde de Valladolid y ahora ministro, pero se comporta como un matón político al servicio del sanchismo. No es que critique a sus rivales, que es lógico y razonable, sino que lo lamentable es la forma con que lo hace. Es un estilo simplón y barriobajero de alguien que se denomina jurista, pero que actúa públicamente con una doble personalidad como sucede con el protagonista de Robert Louis Stevenson en su obra «El extraño caso del doctor Jekyll y míster Hyde». En ocasiones resulta amable y dialogante, pero no tarda en sumarse a la peligrosa estrategia de la crispación que tanto complace a su líder. Al tratarse de una persona inteligente y formada en una prestigiosa universidad como es Valladolid, no hay duda de que ha elegido conscientemente esta línea macarra para transitar en la política española. No le ha ido mal porque cuenta con la confianza de su jefe y es, probablemente, el que está mejor situado para la sucesión. Sánchez y Puente se sienten cómodos en su comunión táctica y estratégica, porque el segundo llega a dónde le gustaría llegar al primero.

La última reflexión del ministro sobre la amnistía es tan excéntrica como inconsistente, aunque refleja muy bien la consistencia ideológica del sanchismo. Ha pedido que se apruebe la proposición de ley para «ahorrar trabajo a la Justicia» para «evitar un peregrinaje judicial que al final lleve a un indulto». No sé quiénes fueron sus maestros durante la carrera, pero estoy convencido que ningún profesor de Derecho Constitucional, Penal o Procesal podría inculcar semejante majadería en la cabeza del «jurista» vallisoletano. Me imagino la sorpresa de prestigiosos catedráticos de Derecho Procesal como Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, hijo del presidente de la Segunda República, o Leonardo Prieto-Castro, por citar a dos de los procesalistas españoles más eminentes de su época, leyendo o escuchando una visión tan desviada del Derecho. Es cierto que esta nueva técnica jurídica permitiría aligerar el trabajo de los tribunales que tendrían que preguntar al Ejecutivo si tiene previsto algún indulto y así pueden exonerar al delincuente de los delitos cometidos. Del Código Penal de la Democracia podemos pasar al Código Penal de Puente que pone punto final a la separación de poderes y al Estado de Derecho. Nos permite retrotraernos al Antiguo Régimen, me refiero a la Edad Media y Moderna, no sea que se enfade y piense que me refiero a la dictadura franquista.

El sanchismo se sentiría muy cómodo con un sistema de jueces a las órdenes del Poder Ejecutivo en línea con lo que antaño eran jueces al servicio del Rey y los señores en el periodo medieval. El ministro apoya la amnistía y defiende su constitucionalidad dentro de los despropósitos que nos toca vivir en estos tiempos en que la izquierda política y mediática aplaude las mentiras del sanchismo. No lo hace porque haya estudiado el tema, como haría un jurista, sino porque así lo quiere el jefe. Lo hace con el fervor del converso, porque estaba de acuerdo con Sánchez cuando decía que era inconstitucional. El mundo de los juristas se divide actualmente entre los que han olvidado lo que estudiaron y han dejado de hacerlo, como sucede con Javier Pérez Royo, admirador declarado de ese gran demócrata que es Otegi, y los que ponen por delante la Constitución, la doctrina y el Estado de Derecho a su ideología política. Tengo compañeros que votan a la izquierda, pero defienden la inconstitucionalidad de la amnistía, porque antes que nada son juristas. Por supuesto, a pesar de sus oposiciones y publicaciones no alcanzan la calidad y altura de Óscar Puente o Pérez Royo.

Es irrelevante ser magistrado, catedrático, abogado del Estado, letrado de Cortes o del Consejo de Estado, porque los únicos juristas, por cierto escasos, que logran el aplauso de la izquierda mediática son los que dicen, como si fueran papagayos, que la amnistía es constitucional y constitucional porque así lo dice la exposición de motivos de una proposición de ley que es tan chapucera que no tiene autoría. Es sorprendente, porque a cualquier jurista le gusta atribuirse la elaboración de un texto legal. A los que defienden la excéntrica tesis gubernamental les convendría leer la obra colectiva «La amnistía en España. Constitución y Estado de Derecho» que han dirigido tres extraordinarios y brillantes juristas como Manuel Aragón, Enrique Gimbernat y Agustín Ruiz Robledo. La tengo sobre mi mesa, la he leído y las aportaciones de sus colaboradores son magníficas. Me gustaría leer una obra similar elaborada por el ministro jurista, autor de la teoría procesal Puente que se traduce en «indultemos o amnistiemos a todo el mundo que nos convenga», y Pérez Royo que se limita a aseverar que el PP es malo, muy malo, y que todo lo que hace el sanchismo se ajusta a Derecho. No creo que encuentren a personas de incuestionable prestigio, como los que han participado en la obra, que sean capaces de aportar 78 trabajos sólidos y rigurosos defendiendo la constitucionalidad. Es verdad que el poder es muy generoso y el Gobierno maneja las redes clientelares, con sexenios, acreditaciones y proyectos de investigación, con indudable pericia y sectarismo. A pesar de ello, España cuenta con infinidad de juristas que ponen por delante la dignidad antes que el interés. Los que colaboran en ese libro colectivo lo han demostrado. La lista de los autores es muy amplia y todos ellos son admirables en lo personal y lo profesional. No los puedo citar a todos, incluidas las amigas y los amigos, pero exentos de cualquier vanidad e interés personal se sentirán representados con que cite a Aragón, Gimbernat y Ruiz Robledo.