Daniel Lacalle- La deuda pública de España cerró 2023 en 1,575 billones de euros según el protocolo de déficit excesivo, un aumento del 4,8%. Sin embargo, y a falta del dato definitivo, la deuda pública total de España, los pasivos totales de las administraciones públicas, deuda que se debe y se paga, llegaban a los dos billones de euros, un 137% del PIB.

El gobierno se vanagloria de que la ratio de deuda sobre PIB se ha reducido al 107,7% pero esconde una mentira. La deuda sobre PIB según protocolo de déficit excesivo cerró 2019 en un 98,2% y cierra 2023 en un 107,7%. Es decir, la deuda pública según el protocolo mencionado ha aumentado en 9,5 puntos.

Cuando el gobierno se vanagloria de “bajar” la deuda al 107,7% del PIB, se felicita de empobrecerte doblemente. Aumenta la deuda pública un 4,8% y la inflación usada en el denominador es un 5%. Doble empobrecimiento. Felicidades.

El PIB de España solo ha aumentado entre 2019 y 2023 en 2,5 puntos. De ellos, atención, 2,3 puntos son gasto público pagado con deuda, mientras el consumo privado solo ha rebotado un mísero 0,1% en cuatro años y la inversión (formación bruta de capital fijo) ha caído un 5%. La pobre aportación del sector exterior no compensa el desplome de la inversión.

Un aumento de 9,5 puntos de deuda pública para un rebote del PIB del 2,5 puntos es una locura, pero es que un despilfarro de consumo público y deuda de ese calibre para un rebote del PIB privado de un 0,2% es una aberración.

España, además, cierra 2023 como el país con la mayor tasa de paro de la OCDE, un puesto en lo más alto del podio que alcanzó en 2022, cuando superamos a Grecia. Mientras la OCDE llega a la tasa de paro más baja de la historia reciente, España se aleja de los países líderes y hasta Grecia nos adelanta. La tasa de paro de España era equivalente a la de Grecia en 2021 y Grecia, sin acudir al maquillaje de los fijos discontinuos inactivos, que en España no aparecen como parados.

“Parados discontinuos”
Para que se hagan una idea del maquillaje que supone la “reforma laboral” de Yolanda Díaz, los pases a inactividad de los fijos discontinuos en junio de 2021, antes de la reforma, fueron 8.366 personas, y se dispararon a 27.935 el mismo mes del año pasado, un 235 % más, como explica José María Rotellar, doctor en economía. Mi buen amigo Marc Vidal llama a los fijos discontinuos “parados discontinuos” porque trabajan menos de lo que están parados.

Efectivamente, el paro efectivo en España no ha cambiado desde 2019. El paro efectivo (incluyendo demandantes de empleo registrados en el paro, pero no contabilizados como parados) en diciembre 2019 era de 3.464.921. En enero de 2024 ha superado los 3.465.000, y la tasa de paro efectiva se mantiene en el 14,7%. Sí, mis queridos “trolls”, el paro efectivo se disparó al 35% en junio de 2020 por mucho que les moleste a los palmeros del gobierno, y no se ha reducido desde 2019.

Una afiliación dopada por empleo público, que se ha disparado en 350.000 personas, y pluriempleo, que supone más de 870.000 de esos afiliados, y en la que el empleo no se crea, sino que se trocea ya que las horas trabajadas por afiliado se desploman de 35,4 en el segundo trimestre de 2018 a 31,7 en el cuarto trimestre de 2023, según el INE.

Destrucción de empleo
El estudio de Free Market Intelligence sobre el impacto del salario mínimo se une al resto de la literatura que muestra inequívocamente que la subida, además de ser una subida de impuestos para la gran mayoría al aumentar las bases mínimas de cotización, no tiene efecto positivo sobre el empleo y va más allá. Muestra que la subida brutal de los costes de contratación ha destruido 320.000 puestos de trabajo en los sectores más afectados, cifra que se une a los 250.000 calculados por Cepyme cuando hizo el mismo análisis hace más de un año. Porque destruir empleo es cercenar la capacidad de crearlo. La izquierda se cree que destruir empleo es solo cercenar el ya existente, que también lo es, como se demuestra en la agricultura, servicio doméstico y sectores igualmente afectados.

Pérdida de poder adquisitivo
Para concluir este palmarés de fracasos, hay que añadir al “gobierno que mejor ha controlado la inflación” que en enero se sitúa en un 3,4% y es superior a la media de la eurozona y las economías comparables. Con una inflación acumulada del 17% en cuatro años, hay una realidad mucho más dura. España pierde en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo y se sitúa a catorce puntos de la media de la UE cuando estaba a nueve en 2018. Es decir, España se empobrece más. La propia OCU afirma que los españoles han perdido un 10% de poder adquisitivo, que se eleva a más del 23% para las personas que han tenido que renegociar hipoteca o alquiler. España cierra 2023 como la gran economía de la OCDE donde más poder adquisitivo se ha perdido desde 2019, según el propio organismo.

La realidad de España es esta: más impuestos, más empobrecimiento, menos inversión y más deuda. Lo que tiene que hacer urgentemente la oposición es plantear un programa inequívocamente liberalizador y que defienda a los contribuyentes, que ponga en valor la importancia de las empresas y los autónomos y que convierta a la administración en un ente facilitador, no extractivo. Si no, seguiremos empobreciéndonos. La socialdemocracia no es la solución, es la ruina.

Fuente: La Razón