En medio de fuertes protestas del sector agrícola que amenazan con bloquear París, el primer ministro francés acusó a la agricultura española de “competencia desleal”. El Gobierno de España lo niega. Las organizaciones agrarias recuerdan que el marco regulatorio es igual para todos y culpan a las políticas comunitarias de primar a terceros países.

Centenares de tractores comenzaron a bloquear los accesos a París a partir del 26 de enero, mientras las fuerzas de seguridad efectuaban un despliegue de más de 15.000 gendarmes y policías para tratar de evitar la paralización del país y la proliferación de disturbios. Las acciones de protesta continúan por todo el país.

“La determinación es total”, aseguró a los medios Arnaud Rousseau, presidente del FNSEA, el principal sindicato agrícola francés, que se mantiene firme en su negociación con el Ejecutivo galo.

Las ocho autopistas que dan acceso a la capital francesa permanecen cortadas en espera de las nuevas medidas de ayuda al sector que pueda anunciar el primer ministro de la república, Gabriel Attal.

Pero antes, el día 28, durante un encuentro con agricultores en el departamento de Indre-et-Loire para tratar de calmar sus ánimos, Attal llegó a cargar contra los sectores agrícolas español e italiano, a los que acusó de estar haciendo una “competencia desleal”.

“No es normal que haya países vecinos que usan ciertos productos [fitosanitarios] que vosotros no podéis usar y ellos sí”, añadió. Según él, la legislación medioambiental en España e Italia es más permisiva y acaba perjudicando a los productores franceses.

El ministro francés de Agricultura, Marc Fesneau, ha descartado cerrar las fronteras a los camiones españoles e italianos, pero ha avanzado que Francia propondrá al Consejo Europeo eliminar el barbecho obligatorio y limitar las importaciones de productos agrícolas ucranianos.

Mientras tanto, los ataques contra camiones con productos hortofrutícolas españoles se han venido sucediendo en los últimos días. La crisis del campo francés y la pretensión de las autoridades francesas de reforzar la soberanía alimentaria del país, han terminado por culpabilizar a la agricultura española.

La situación no es nueva, sino periódica y recurrente desde los años 70, cuando España todavía no formaba parte de la Comunidad Económica Europea. Ahora, además, tiene lugar en un contexto de protestas similares en Europa central y del Este. En España, donde las últimas protestas masivas del sector agropecuario datan de 2020, la situación es de calma relativa, si bien los problemas son parejos a los de muchos otros países de la UE y el sector agrícola está preparando un calendario de protestas.

¿Competencia desleal?

“Estamos en la Unión Europea, por tanto, las normas de producción y de comercialización son similares en todos los países miembros y todos los países miembros las aplicamos igual. Así que no hay ninguna ventaja competitiva derivada por la aplicación de normas distintas”, declaró a los medios el ministro de Agricultura español, Luis Planas, quien en la red social X también recalcó que el posicionamiento de la producción agroalimentaria española en el extranjero es fruto exclusivo de su calidad y competitividad.

Las organizaciones agrarias españolas también muestran su disconformidad con las acusaciones de los agricultores franceses y las declaraciones del primer ministro Attal. Piden firmeza al Gobierno español e incluso la emisión de una queja formal, como es el caso de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), donde tildan las afirmaciones del funcionario francés de “impresentables”.

“El Gobierno español debería ser más tajante y pedir más firmeza al Gobierno francés”, declaran por su parte a Sputnik en AVA-ASAJA (Asociación Valenciana de Agricultores-Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), organización que inscribe la actual situación en un marco de crisis más amplio que alcanza también a los agricultores alemanes, húngaros y polacos.

“Los agricultores europeos están hartos, sienten que están perdiendo competitividad y por eso salen a las calles”, afirman. A su juicio, Gabriel Attal “ha llegado a decir una falsedad” con tal de tranquilizar a los agricultores franceses y de superar la normativa común europea, pues “españoles e italianos tenemos el mismo marco regulatorio que los franceses”.

“Los enemigos no somos nosotros. Los enemigos de los agricultores europeos están en Bruselas”, afirma Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, en un comunicado oficial emitido el día 29.

“Nuestro mensaje principal es que tenemos un enemigo común y que nosotros no somos el problema. El problema está en Bruselas con sus políticas agrarias perjudiciales para los agricultores franceses y españoles”, detallan en esta organización, donde aseguran que la competencia desleal la promueve la propia UE al favorecer a terceros países mediante acuerdos comerciales.

Se trata de acuerdos suscritos con países como Marruecos, Egipto o Sudáfrica, donde la actividad agraria no está sujeta a las mismas obligaciones que en la UE.

“Están dando ayudas económicas para plantar en Marruecos, con aranceles cero, sin control de plagas y enfermedades, y pueden usar productos fitosanitarios que están prohibidos en la UE, al margen de que, según algunas ONG, en Egipto hay casi dos millones de niños trabajando en el campo”, lamenta esta fuente.

El peligro para las mercancías españolas

Mientras tanto, ante los ataques y las pérdidas económicas, las asociaciones de transportistas reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez su intervención para garantizar la integridad física de los conductores de los camiones y la seguridad de la cadena de suministros, ahora en riesgo.

En un comunicado conjunto, la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) y la Asociación de Cargadores de España (ACE) solicitan al Ejecutivo español que medie “de inmediato” en una situación que “tiene como rehenes a los transportistas españoles, sus chóferes, sus camiones y las cargas que transportan”. Según ASTIC, hasta el 75% de las exportaciones españolas a la UE se realizan por carretera y Francia es “paso obligado” para estas mercancías.

Además, las compañías aseguradoras no se responsabilizan de las pérdidas ocasionadas en casos como estos y son las empresas transportistas españolas afectadas las que deben interponer una demanda ante el Estado francés.

“La Gendarmería francesa tiene orden de proteger a los conductores de los camiones, pero no a la carga”, denuncia Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de ASTIC.

Tensión creciente y telón de fondo

La tensión que afecta al sector agrario europeo todavía no se ha contagiado a España. No obstante, se avecinan protestas. Las principales organizaciones del sector, ASAJA, COAG y UPA han acordado un calendario de movilizaciones para “reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas tanto a nivel de la UE, como del Gobierno de España y de las Comunidades Autónomas” mediante actos de protesta a lo largo del mes de febrero.

“El sector agrario en Europa y en España está sumido en una frustración y malestar creciente debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas de la UE”, denuncian ASAJA, COAG y UPA en un comunicado conjunto emitido el día 30 de enero.

“Los agricultores luchan frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios de terceros países a bajo precio que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España. Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia. Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa”, subrayan las tres organizaciones agrarias.

Es decir, se da la paradoja de que los agricultores franceses y su primer ministro acusan a la agricultura española de lo que la propia agricultura española lamenta tener que cumplir. En esta situación, en AVA-ASAJA creen que la tensión y las protestas durarán hasta junio, cuando se celebrarán elecciones al Europarlamento y los distintos partidos “se comprometan a legislar una agricultura más realista”.

“Porque todas las políticas agrarias que emanan de la Comisión (el Pacto Verde Europeo, la reducción de fitosanitarios, la ley de restauración de la naturaleza), toda esta transición verde y digital, supone muchas trabas, limitaciones y prohibiciones, muchas exigencias que encarecen la producción”, explican en AVA-ASAJA, donde abogan por una flexibilización de las normas y su adaptación “a la realidad”.

En este sentido, “la UE se está quedando sola”, dado que el resto de potencias agrícolas no siguen las mismas políticas, las cuales, además, pueden resultar contradictorias. Por ejemplo, el impacto ambiental que el acuerdo con Mercosur tendría sobre la región del Amazonas, donde la deforestación avanzaría para habilitar plantaciones “mientras aquí ponen exigencias verdes inasumibles para los agricultores”, señala este portavoz, que lamenta la “insignificancia” de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), más enfocada “a la crisis de los cultivos continentales”.

En este punto, huelga recordar los protestas de los agricultores polacos, húngaros y eslovacos contra la importación de cereal ucraniano sin aranceles ni los mismos controles fitosanitarios. “La PAC es un apoyo de renta para cultivos continentales, no tanto para los mediterráneos, más dependientes del mercado y de los precios”, concluyen en AVA-ASAJA.