Hace dos años, en Canadá, el primer ministro Justin Trudeau invocó la Ley de Emergencias del país, sucesora de la conocida como Ley de Poderes de Guerra, para disolver las protestas de camioneros que habían convulsionado la ciudad capital de Ottawa y bloqueado temporalmente los cruces fronterizos cruciales para la economía nacional.

El uso de poderes extraordinarios de Trudeau fue duramente criticado por distintas organizaciones que pedían libertad para manifestarse contra las medidas pandémicas del gobierno, tales como mandatos de vacunación y draconianas restricciones sanitarias en el país.

Los camiones que exhiben la bandera nacional canadiense pasan mientras los manifestantes del Freedom Convoy se manifiestan en la autopista 15 cerca del cruce fronterizo de la autopista del Pacífico en la frontera entre Estados Unidos y Canadá con el estado de Washington en Surrey, Columbia Británica, Canadá, el 12 de febrero de 2022.

Las acciones de Trudeau contra las protestas en ese momento, iban desde la prisión hasta las medidas de «incapacitación financiera». Esta última ordenaba que las personas o empresas cuyos camiones fueran vistos en la protesta estarían sujetos a congelaciones de cuentas bancarias y cancelaciones de seguros de automóviles, todo sin una orden judicial o incluso aviso previo, y sin posibilidad de defensa.

Ahora, un juez federal canadiense ha coincidido en todos los puntos importantes al considerar que las acciones del gobierno fueron ilegales. La Asociación Canadiense de Libertades Civiles, uno de los demandantes en el litigio, resume las conclusiones:

El Tribunal concluyó que:

– La decisión del gobierno federal de declarar una emergencia de orden público en virtud de la Ley de Emergencias a principios de 2022, así como las regulaciones asociadas que promulgó, no fueron razonables y no estaban justificadas ni por los hechos ni por la ley.

– Las regulaciones violaron el derecho consagrado en la Carta a la libertad de expresión y el derecho a estar seguro contra registros o incautaciones irrazonables.

«La emergencia no está en el ojo de quien mira. Los poderes de emergencia son necesarios en circunstancias extremas, pero también son peligrosos para la democracia. Deben usarse con moderación y cuidado. No pueden utilizarse ni siquiera para abordar una manifestación masiva y perturbadora si esa situación podría haberse manejado mediante medidas policiales y leyes regulares. El umbral para invocar la Ley de Emergencias es extremadamente alto», expresó el tribunal en su consideración.