Sólo en lo que se refiere a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en la reforma menor del artículo 49 de la Constitución, cuestiones en las que el concurso de Partido Popular es obligado, cabía alguna posibilidad de entendimiento entre el presidente del Gobierno y el líder del centro derecha español, Alberto Núñez Feijóo.

Porque el resto de los asuntos planteados en el orden del día, desde la amnistía a la rendición de Pamplona a los herederos de ETA, dependen de los pactos de investidura firmados con los partidos nacionalistas y, por lo tanto, la permanencia al frente del Ejecutivo del propio Sánchez. Se puede argüir que el proceso de colonización de las instituciones por parte del gobierno socialista, que también se extienden al mundo de las grandes empresas, podía tener un tratamiento político autónomo de las exigencias de Bildu, Junts o ERC, pero entonces ni nos hallaríamos en la actual tesitura de desconfianza institucional ni el líder de la oposición hubiera tenido que recurrir a la Comisión Europea como último recurso.

La realidad, tozuda, es que Pedro Sánchez mantiene un concepto patrimonialista del poder por el que todos los organismos del Estado son susceptibles de ser ocupados por sus afines, incluso, bordeando al límite las normas administrativas, como ocurre con aquellos altos cargos que estaban reservados a funcionarios de carrera. De ahí, que Núñez Feijóo haya recibido la esperada negativa general a sus demandas, incluidas las que sólo buscaban recibir información sobre unas negociaciones que afectan al conjunto de los españoles, y, dada la experiencia acumulada, haya recurrido a la salvaguarda de observadores de la Comisión Europea para abordar la negociación del CGPJ y la reforma de la Ley correspondiente.

Es cierto que el líder de la oposición ha hecho lo que se reprochaba al Gobierno, al menos, en la apariencia, pero no sería justo rechazar de plano su argumentación. Primero, porque la desconfianza que suscita el presidente del Gobierno en sus interlocutores es más que una apreciación subjetiva y, segundo, porque se trata de un asunto estrechamente relacionado con la independencia del Poder Judicial, en cuya defensa ya tuvo que salir la Comisión Europea cuando el primer gobierno de coalición social comunista trató de cambiar las reglas de juego de la elección parlamentaria de los vocales del CGPJ, sin olvidar que ese mismo gobierno se sacó de la manga una modificación legal para bloquear el nombramiento de jueces y magistrados en los principales tribunales españoles por parte de un Consejo que reputaban de mayoría conservadora.

En cualquier caso, la intervención de representantes de la UE en las negociaciones garantiza que éstas vayan en la dirección que marca el Consejo de Europa, que, resumida, pide más independencia judicial, no menos.