Juan Carlos Higueras.- Miles de empresas cierran definitivamente sus puertas cada año. Muchas de ellas lo hacen en silencio, sin saltar al escenario público. Durante el año pasado y el presente, hemos visto cómo las grandes y poderosas compañías tecnológicas, las conocidas GAFA, han reducido su plantilla en miles de trabajadores que, de la noche a la mañana, se han visto sin empleo ni sueldo. En EE UU suele ser lo más habitual si bien, en Europa, las leyes protegen a los trabajadores que se ven envueltos en estas situaciones de despidos masivos vestidos de procesos de reestructuración empresarial.

En España, en lo que llevamos de año, ha habido más de 825.000 bajas por diversos tipos de despido, sin contabilizar las correspondientes por no superar el periodo de prueba o por otras causas que disparan las cifras. Y aunque los despidos colectivos representan una pequeña proporción del total, son los más mediáticos por el elevado número de trabajadores que se ven afectados. Uno de los últimos, el ERE de Caixabank, alcanzó a casi 6.500 empleados con el cierre de más de 1.500 sucursales y ahora Telefónica anuncia un proceso similar que podría llegar a casi 5.000 trabajadores, dependiendo de las condiciones que se negocien con los sindicatos.

Los despidos en Europa suponen para las empresas y las arcas públicas un mayor coste que en otros países del mundo. Por ello, uno de los debates que se despiertan es quién paga los costes de estos despidos masivos si la empresa tiene beneficios y lo que busca es mejorar su cuenta de resultados. A pesar de que la lógica económica indica que debe ser la propia empresa quien apechugue con los mismos, no siempre ocurre así.

En principio, existe la conocida cláusula Telefónica, por la que se obliga a que las grandes empresas con beneficios se hagan cargo de la factura que supone el pago de la prestación por desempleo, incluyendo las cotizaciones sociales. La duda surge porque Telefónica en los últimos años ha reducido su plantilla mediante planes de salida incentivada en vez de acogerse a un ERE. Pero si ahora cambia de modelo, cabe cuestionarse si se debe a que parte del coste lo paga el Estado, ahorrando gastos a la compañía. Si es así, entonces, las empresas con despidos colectivos futuros tomarán nota y seremos el resto de los contribuyentes los que estaremos financiando con nuestros impuestos la operación.

El problema es que se avecinan futuras situaciones como esta en nuestro país y en Europa, pues las nuevas tecnologías y la progresiva digitalización de la actividad económica están propiciando un cambio acelerado en la estructura económica de los países y de sus industrias. Quizás sea esta la verdadera razón por la que algunos miembros del Gobierno proponen endurecer el despido pues puede que la consulta a su oráculo particular les muestre un horizonte de paro incompatible con las promesas electorales y con el débil músculo de las arcas públicas.

*Economista y profesor de la EAE Business School