Una nueva ley propuesta en Australia tipificaría como delito decir cosas “no aprobadas” en línea, eliminando efectivamente la libertad de expresión en Internet.

El llamado “Proyecto de ley de enmienda de la legislación sobre comunicaciones (lucha contra la desinformación) de 2023” crea un nuevo marco para la censura a gran escala de la “desinformación”, al menos como el gobierno australiano define tales cosas.

La ley es tan amplia y vaga en sus directivas de largo alcance que el “daño” en línea podría incluir casi cualquier cosa que el gobierno un día decida que es “falso” o “peligroso”.

La sección 2 de la legislación propuesta, que proporciona una base para el pleno poder de la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (ACMA) para interferir directamente con la libertad de expresión en línea, define “dañina” como:

1) Odio contra un grupo de la sociedad australiana por su origen étnico, nacionalidad, raza, género, orientación sexual, edad, religión o discapacidad física o mental.

2) Cualquier alteración del orden público o de la sociedad en Australia.

3) Cualquier cosa que dañe la integridad de los procesos democráticos australianos o de la Commonwealth, el territorio o las instituciones gubernamentales locales.

4) Todo lo que perjudique la salud de los australianos.

5) Cualquier cosa que dañe el medio ambiente australiano.

6) Cualquier cosa que cause daño económico o financiero a los australianos, a la economía australiana o a un sector de la economía australiana.

Australia ya no es libre

Como puede ver, el concepto de “daño” basado en el lenguaje de este proyecto de ley puede incluir casi cualquier cosa . El australiano promedio no tendrá idea alguna de lo que significan estas definiciones, ya que su alcance es tremendamente subjetivo.

“El concepto de ‘daño’ que promueve el proyecto de ley es ilusorio y su contenido sería determinado subjetivamente por una agencia gubernamental poderosa”, así describe un medio de comunicación las implicaciones del proyecto de ley. “La definición de qué es y qué no es dañino es maleable y puede expandirse y contraerse dependiendo de las opiniones predominantes de la ACMA”.

“En última instancia, cualquier tipo de discurso con el que el gobierno se sienta incómodo podría considerarse ‘dañino’. Por ejemplo, describir la “perturbación del orden social” como un daño grave podría interpretarse como un freno a la organización de protestas políticas legítimas. Esto ciertamente podría usarse para suprimir el discurso político legítimo que debería ser parte de una democracia que funcione”.

Lo que es peor, el proyecto de ley permite a la ACMA básicamente ordenar que cualquier australiano que desee aparezca en el momento y lugar que elija el gobierno para responder a todas y cada una de las preguntas de una inquisición sobre “información errónea” o “desinformación” que pueda haberse difundido.

“Estos poderes incluyen avisos de infracción, instrucciones correctivas, mandatos judiciales y sanciones civiles, incluidas multas de hasta 550.000 dólares australianos (358.000 dólares) para individuos y 2,75 millones de dólares australianos (1,75 millones de dólares) para corporaciones. También pueden aplicarse sanciones penales, incluido el encarcelamiento, en casos de supuesto ‘daño extremo’”.

Lo que esto significa es que el periodismo puede estar a punto de morir en Australia, al igual que la defensa de los derechos humanos y el pensamiento libre sin que el gobierno tome todas las decisiones por uno.

En materia de derechos humanos en particular, los expertos internacionales en derechos humanos advierten contra este tipo de legislación, o cualquier otra que contenga “prohibiciones generales de difusión de información basada en ideas vagas y ambiciosas, incluidas las ‘noticias falsas’ o las ‘noticias no reales’, son incompatibles con las normas internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión… y deberían ser abolidas”.

Es inquietante que el gobierno australiano esté completamente exento de la legislación propuesta, porque se nos dice que el gobierno nunca difunde información falsa o errónea.

“Es ciertamente irónico que se pueda considerar que opiniones incompatibles con la narrativa preferida del gobierno ‘dañan’ la integridad de la democracia australiana, ya que impedirían el discurso y la conducta expresiva que son parte integral del mantenimiento de los procesos democráticos”, dice el experto en derecho Augusto Zimmermann de RT .