El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi (d), a su llegada al Comité Ejecutivo extraordinario de la CEOE para abordar la situación de España tras el acuerdo alcanzado por el PSOE con Junts.

Los empresarios han querido dejar clara su oposición a los pactos de investidura a los que el PSOE ha llegado en los últimos días (Junts, ERC, PNV, BNG o CC, además de Sumar), para alertar de la “preocupante situación” a la que se enfrenta España también en materia económica. Lo ha reflejado en un duro comunicado en el que las patronales alertan de que con el contenido de estos acuerdos “se está creando un clima de negocios cada vez más complicado” en el que “es muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo”.

La reacción de la CEOE, presidida por Antonio Garamendi, ha salido a la luz después del comité ejecutivo extraordinario convocado para este lunes en el que, junto a Cepyme y ATA, ha consensuado una respuesta a esos pactos cuando apenas quedan 48 horas para el inicio de la sesión de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. El texto ha sido acordado “sin oposición” y “de forma unánime”, apuntan diversas fuentes de la patronal, donde dejan claro que incluso los empresarios catalanes con presencia en ese comité no han mostrado oposición alguna.

Los empresarios creen que esos acuerdos suponen “una previsible distorsión de la unidad de mercado y deterioro de nuestra imagen en el exterior, claves para nuestra competitividad, la atracción de inversiones, el desarrollo empresarial y, en último término, para el bienestar de la sociedad española”.

La patronal se adentra en la cuestión de la amnistía alegando la “preocupante situación” la que se vive en el país con lo que consideran que resulta un “grave menoscabo que estos acuerdos pueden suponer a la separación de poderes”. Además, afirman que estos acuerdos “afectan de forma directa al principio de igualdad” entre los ciudadanos.

De hecho, advierten ante la tentativa de manejar el cambio de sede social (el acuerdo PSOE-Junts hablaba de “promover” la vuelta de las empresas a Cataluña tras su huida por el 1-O) recordando “el derecho de las empresas para decidir en qué lugar desarrollar su actividad”. Además, consideran que esta cuestión es crucial de cara a los inversores extranjeros que están mirando con lupa la situación por la que atraviesa España estos días: “Insistimos en que la mejor forma de atraer inversiones y la presencia de empresas en un territorio es garantizar un clima favorable para su actividad”, apuntan en el texto.

“Ortodoxia” presupuestaria

También hacen hincapié en la que será una de las grandes cuestiones que se pueda abordar en el inicio de la legislatura, como son los presupuestos del Estado para 2024. “Se está dejando de lado algo tan básico como la necesidad de volver a la ortodoxia económica y el rigor presupuestario que nos sigue reclamando la UE sin demora”, avisan, “si queremos garantizar la sostenibilidad del Estado”.

De hecho, muestran su “preocupación” por “la falta de respeto a la autonomía de las partes en el seno de la negociación colectiva y, en general, el menosprecio del diálogo social que subyace en los acuerdos alcanzados en materia laboral”. Lo hacen en clara referencia a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, cuya relación con la patronal se ha ido deteriorando en los últimos meses en cuestiones como la subida del salario mínimo interprofesional.