El pacto entre el PSOE y Junts que garantizará la investidura de Pedro Sánchez se sustenta sobre una ley de amnistía que supondrá el borrado de los hechos delictivos del ‘procés’. La norma será presentada como proposición de ley, con la firma de todos los grupos que la apoyan, en el Congreso, donde comenzará una procelosa tramitación.

El Ejecutivo da el paso definitivo para obtener los votos de las fuerzas independentistas cuando han pasado apenas dos semanas desde que el líder del PSOE admitiese -por primera vez y de forma pública- que negociaba la medida de gracia con Carles Puigdemont porque era preciso hacer “de la necesidad virtud” tras el escrutinio del 23 de julio. Hasta ese 28 de octubre en el que el presidente en funciones justificó sin ambages la amnistía, tanto él como sus ministros venían de negar la mayor: no iba a haber perdón para los encausados por la intentona separatista porque la medida era inconstitucional. Frase a frase, así ha ido modelando el Ejecutivo su opinión.

“Me comprometo a traer a Puigdemont a España y que rinda cuentas ante la Justicia”

Una de las manifestaciones que más reprochan a Sánchez en la actualidad fue pronunciada por el líder socialista el 4 de noviembre de 2019, antes de la repetición electoral que derivó en la formación del actual Gobierno de coalición. “Me comprometo a traer a Puigdemont a España y que rinda cuentas ante la Justicia”, dijo entonces.

“Yo me comprometo hoy y aquí a traer a Puigdemont de vuelta a España para que rinda cuentas ante la Justicia”.

Una postura diametralmente opuesta a la defendida ahora por los socialistas, que permitirán el regreso del expresident catalán como un ciudadano libre. A la amnistía, en concreto, sí se refirió ese año Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, quien aseguraba que “esta no está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico”.

Marlaska antes defendía que la amnistía no cabía en nuestro ordenamiento jurídico y que todas las pretensiones que se formalizasen debían hacerlo bajo el marco de la Constitución.

Posiciones alejadas

En 2021, meses después de conceder los indultos a los líderes independentistas encarcelados por el 1-0, Gobierno y Generalitat volvían a activar la mesa de diálogo. Pero el encuentro solo servía para constatar las posiciones alejadas. “Señor Rufián, la autodeterminación y la amnistía tienen el recorrido que tienen. No hay que repetir lo de 2017. Es el momento de la política”, espetaba el líder del PSOE entonces al portavoz de ERC.

“La autodeterminación y la amnistía tienen el recorrido que tienen”

Y en los mismos términos se pronunciaba Juan Carlos Campos, entonces titular de Justicia, que había sido el encargado de tramitar las medidas de gracia individuales para Oriol Junqueras y el resto de políticos separatistas encarcelados. “La amnistía no cabe. Es una cuestión muy técnica, pero muy reveladora. La amnistía es el olvido, aquí no hay olvido, hay perdón”. En 2022 el Gobierno insistió en el mismo mensaje: que esta no cabía en la Constitución. El líder del PSOE, tras reformar el Código Penal para suprimir el delito de sedición y el de malversación -una de las exigencias del independentismo para que conservara su apoyo la pasada legislatura- insistía en ese mismo mensaje. “Ni el referéndum ni la amnistía son posibles”, apuntaba entonces Pedro Sánchez.

El 15/09/ 2021, Sánchez decia;

“Ni el Referéndum, ni la Amnistía son posibles, la Constitución no los incorpora” pic.twitter.com/6w6JB3e1J2
Ya en este 2023, hace apenas cuatro meses y en plena campaña electoral para las elecciones generales del pasado mes de julio, Sánchez es preguntado por una posible amnistía. Su respuesta, invariable: “No”.

Salvador Illa el 24 de julio, un día después de las elecciones:

“La amnistía no es factible desde un punto de vista de respeto al Estado de Derecho”.

Lo cierto es que el escrutinio del 23-J supuso un antes y un después en la posición del PSOE respecto a la amnistía. Pero incluso el día posterior a los comicios, cuando los números evidenciaban que los socialistas solo podían retener la Moncloa con un pacto múltiple que incluyera a todo el soberanismo, incluyendo al Junts del prófugo Carles Puigdemont, seguían recalcando que la medida de gracia “no era factible desde el punto de vista del respeto al Estado de derecho”.