El expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, a su llegada para comparecer en una rueda de prensa para explicar los detalles del acuerdo de investidura con el PSOE

Los gobiernos autonómicos del PP de Cantabria, Baleares, Murcia y Galicia han comenzado este viernes a solicitar públicamente una Conferencia de Presidentes para mostrar su rechazo al acuerdo entre el PSOE y Junts en materia de financiación y amnistía. En cualquier caso, la convocatoria de este foro multilateral puede ser forzada si se juntan formalmente al menos diez comunidades autónomas.

Así han ido reaccionando hasta cuatro ‘barones’ del PP al pacto que sellaron esre jueves PSOE y Junts en Bruselas, que recoge una ley de amnistía e incluye la petición de los de Carles Puigdemont de la cesión del 100% de la recaudación de los impuestos a Cataluña.

Por este motivo, el primero de los Gobiernos autonómicos del PP en solicitar públicamente la Conferencia de Presidentes ha sido el de Cantabria, liderado por María José Sáenz de Buruaga, con el objetivo de que los mandatarios regionales se pronuncionen sobre el alcance de estos acuerdos ya que “comprometen la financiación autonómica y la integridad territorial” del país.

Y le ha seguido el Gobierno balear de Marga Prohens, que ha solicitado formalmente una reunión de este foro multilateral por los acuerdos de PSOE con los independentistas. Desde aquí, han expresado la “preocupación” por estos pactos, “acordando cuestiones que atentan contra la igualdad de los españoles y, por ende, de los baleares”.

Siguiendo la estela de sus compañeros, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha firmado ya la petición formal de la convocatoria de la Conferencia de Presidentes para que Pedro Sánchez les diga “a la cara” cómo va a garantizar “la igualdad entre todas las comunidades autónomas”.

También lo ha pedido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha urgido la convocatoria de esta Conferencia para que Pedro Sánchez dé explicaciones tras los acuerdos con Junts y PNV (además del resto de formaciones políticas salvo PP, Vox y UPN) y después de “quedar abierta la veda” con los independentistas catalanes.

“Estamos ahora conociendo el contenido del acuerdo, pero quedó claro que ayer (por este jueves) quedó abierta la veda”, ha manifestado en declaraciones a los medios este viernes Alfonso Rueda, quien ha indicado que, de lo que ha trascendido hasta ahora, se deduce que “consiguieron todo lo que querían” a cambio de “los votos para la investidura” de Pedro Sánchez.

En todo este contexto, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha apoyado esta petición de distintos presidentes autonómicos para reclamar a Sánchez que dé marcha atrás, recordándole que “anteponer su beneficio personal” no tiene cabida en el marco del PP. “El futuro de nuestro país lo decidimos todos los españoles”, ha aseverado.

Al ser preguntada si suscribe las palabras de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acerca de que España está entrando en una dictadura, Gamarra ha admitido que han entrado “en una senda muy muy peligrosa”.

De hecho, ha señalado que ha tenido respuestas con “la suficiente contundencia” por parte de “todos los agentes, por ejemplo, del Poder Judicial”, de forma que son “todos conscientes” de que han entrado “en una deriva francamente preocupante” que “deteriora de una manera grave lo que son los principios básicos de la democracia”.

Con el nuevo Reglamento de la Conferencia de Presidentes, que se aprobó en la última reunión que se celebró en la isla de La Palma, se da poder a los gobiernos autonómicos a forzar convocatorias de este foro multilateral. En concreto, podrá ser convocada a petición de al menos diez mandatarios autonómicos al margen del jefe del Ejecutivo.

Hasta hace dos años, solamente podía convocar este foro el presidente del Gobierno, pero desde entonces tienen la posibilidad las comunidades autónomas siempre y cuando se adhieran a esta petición al menos diez presidentes. En la actualidad, hay tres autonomías gobernadas por el PSOE -contando a Ceuta y Melilla-, una del PNV, otra de ERC y otra de Coalición Canaria.