Los sindicatos policiales mayoritarios, -SUP, Jupol y CEP-, han expresado su oposición a una futura ley de amnistía para los investigados en las causas del “procés” porque socava los pilares del Estado de Derecho y han expresado su apoyo a los agentes que fueron imputados por las cargas durante el 1-O.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) rechaza el acuerdo sobre la amnistía que incluye a grupos como Tsunami Democrátic y los CDR, así como a policías imputados por las cargas del 1-O, para quienes pide un juicio y no dejar en el mismo saco que a “sediciosos, terroristas urbanos o malversadores”.

En un comunicado remitido a EFE, el SUP considera “un grave despropósito” una ley de amnistía que “atenta contra los principios de la Constitución y socava los pilares del Estado de derecho”.

La organización sindical se muestra muy crítica contra la intención de incluir en esa amnistía a “terroristas urbanos” como los CDR que “lograron jubilar a tres policías nacionales” por las lesiones que les provocaron.

“Esta amnistía no solo borrará la responsabilidad penal de los autores de esos hechos, sino que el Estado les pide perdón, ya que amnistiar supone decirle al que ha cometido un delito que el Estado ha obrado mal”, advierte el SUP, que se opone a que esa futura ley utilice a la Policía para “blanquear este ataque a la Constitución” al incluir a parte de los agentes procesados por el 1-O.

El SUP defiende que se celebre un juicio para estos agentes como el que tuvieron los políticos encausados por el “procés”.

“Ellos fueron enjuiciados e indultados en tiempo récord, mientras los policías llevan seis años de calvario por el empecinamiento y capricho del juez Miralles”, acusa el sindicato que recuerda que la igualdad ante la ley, el principio de legalidad y la división de poderes son fundamentales en una sociedad democrática, y no pueden ser comprometidos en aras de objetivos políticos o partidistas.

Lamenta que una vez más se deja a los policías a los pies de caballos y solicita que “no se meta a agentes en el mismo saco que terroristas urbanos, sediciosos, malversadores y personas que desobedientes a la autoridad judicial”.

Por su parte Jupol dice, en un comunicado, “no” al “Pacto de Halloween” entre el Gobierno y los independentistas catalanes porque “supone un ataque directo a la democracia, al estado de derecho, a la separación de poderes, a la igualdad entre españoles y a la propia Constitución, de los que la Policía Nacional ha sido siempre el garante”.

Afirma que el presidente en funciones Pedro Sánchez pretende “perdonar un golpe de Estado” y considera “incongruente” que compare a los policías “con los delincuentes que solo buscan romper España”, poniendo de relieve que la ley “dejará imputados a policías y perdonada los delitos de los CDR y de Tsunami Democrátic”.

La Confederación Española de Policía (CEP) destaca “ni todas las amnistías del mundo podrán proteger frente al ridículo que hicieron el 1-O” los miembros del colectivo independentista, y afirma que “alterar las reglas de juego del Estado de Derecho constituye una medida excepcional que traslada un mensaje perjudicial para el trabajo policial”.

La CEP expresa su apoyo a los agentes investigados por intervenciones el 1-O y reclama “que nadie les convierta en moneda de cambio para legitimar o dignificar un acuerdo político ajeno a nuestras misiones constitucionales”.