El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el líder del PSC, Salvador Illa, durante el tercer Debate de Política General de la legislatura, en el Parlament

LR.- Esquerra y PSOE han encarrilado un acuerdo para el traspaso integral del servicio de Cercanías a la Generalitat de Cataluña, después de que este jueves las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez se hayan acelerado.

Con el traspaso del servicio de Cercanías en Cataluña adelantado por Rac 1, el Govern de Pere Aragonès y ERC amarrarían así la que era una de sus principales exigencias sociales y económicas para apoyar a Pedro Sánchez.

Actualmente, la Generalitat está a cargo del servicio, que opera Renfe. Lo que no tiene es la titularidad de las vías ni de los trenes. Tampoco la gestión del personal, mientras que el funcionamiento de la red ferroviaria depende de la asignación económica del Gobierno a través de Renfe y del gestor de las infraestructuras, Adif.

De rubricarse, el traspaso se hará de forma progresiva, por fases, con un calendario delimitado y una financiación concreta para que el Govern gestione toda la red en Cataluña, desde el personal hasta las vías.

Sin embargo, todavía quedan flecos por atar para terminar de rubricar un pacto filtrado por ERC y que el PSOE aún no confirma. Los socialistas catalanes habían dado el visto bueno al traspaso, pero siempre habían hablado de las vías que empiezan y terminan en Cataluña.

Esta nueva concesión llega después del acuerdo nocturno del 31 de octubre para la ley de amnistía, de la que se desconoce el texto definitivo. En este caso, Esquerra presume de haber logrado pactar con el PSOE una ley de largo alcance que incluirá también la despenalización de las causas abiertas de los Comités de Defensa de la República –los conocidos como CDR, con 12 miembros procesados por pertenencia a organización terrorista– y de Tsunami Democràtic, la organización que protagonizó el bloqueo del aeropuerto de Barcelona o el corte de la frontera con Francia tras la sentencia del 1-O en 2019.

Una amnistía que, según ERC, engloba a “todas las personas represaliadas políticas con causas penales, civiles, contables y administrativas” relacionadas con el “procés” y “sin excepciones”.