Manuel I. Cabezas González.- En la Baja Edad Media, en Inglaterra, las autoridades civiles (aristócratas) y eclesiásticas vivían como genuinas cigarras jaraneras. Para mantener este estilo de vida, no dudaban en freír a impuestos a los campesinos de la gleba, manteniéndolos en situación de cuasi esclavitud. Por otro lado, estas cigarras dictaron leyes para combatir la caza furtiva en los bosques, propiedad de la nobleza, pero fuente vital de proteínas para los humildes. Este ecosistema provocó revueltas campesinas y el nacimiento de la leyenda de Robin Hood.

Este personaje de leyenda —diestro con la espada y el arco— vivía libre en el bosque, cazaba a discreción y se ponía por montera las leyes injustas de los poderosos. Y no sólo eso. Con sus compinches, se enfrentaba también a ellos y les robaba sus riquezas para compartir el botín conseguido con los pobres y necesitados. Por eso, Robin Hood, el Curro Jiménez español, suele ser considerado la encarnación del descontento social y el prototipo del bandido justiciero, que roba a los ricos para dáselo a los pobres, a los descamisados.

La leyenda de Robin Hood me ha hecho pensar en el comportamiento de la casta política, de alta cuna o de baja cama, a la que hemos encargado la gestión del Estado español. Por los actos de esta casta, el Estado español podría ser tildado, al mismo tiempo, de “Estado Robin Hood” y de “Estado anti-Robin Hood”.

El Estado Robin Hood

El Estado Robin Hood es el estado que se nutre del producto del sudor de aquellos que dan el callo, a los que sustrae una parte muy sustancial de sus ingresos pecuniarios. En el régimen tributario español, fuente principal de los recursos del Estado, una parte del sudor de los contribuyentes se recoge con dos tipos de impuestos: unos, “directos”; los otros, “indirectos”. Sin ánimo de ser exhaustivos y sin entrar en detalles, echemos sólo un vistazo a cada uno de ellos.

Los “impuestos directos” gravan el nivel de ingresos de los contribuyentes. Entre ellos, el más importante y productivo, para el Estado, es el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), que grava todos los rendimientos del trabajo. Es considerado un impuesto progresivo, ya que quien más gana es también quien paga mayores impuestos. En este 2023, hay 6 tramos progresivos, que van desde el 19% al 47%. Este impuesto alcanza casi el 40% del salario del trabajador medio español (i.e. casi 4 de cada 10 € del salario). Este porcentaje representa más de 5 puntos por encima de la media de la OCDE (34,6%). Y si el Estado necesita más liquidez, como sucedió en el primer trimestre de 2023, sube los porcentajes o aumenta el número de tramos y punto: la Hacienda Pública hace caja y problema resuelto. Pedro Sánchez actuó así y ganó por partida doble: por un lado, se apuntó el tanto de la subida del 8,5% de las pensiones; y, por el otro, cosechó más ingresos por IRPF (+19%). Así, más de lo que dio con una mano lo quitó con la otra. Aunque sólo fuera por estos porcentajes depredadores, el Estado español puede y debe ser tildado de “Estado Robin Hood”, al esquilmar a todos los contribuyentes. Ahora bien, los ingresos de Hacienda se incrementan también por otras vías: los impuestos indirectos.

Los “impuestos indirectos” gravan el consumo de los ciudadanos. Entre ellos, el más importante es el “popular” o “impopular”, según se mire, IVA (Impuesto Valor Añadido), que queda reflejado en la factura de todo aquello que mercamos. En este 2023, hay tres tipos de IVA, dependiendo del producto comprado: el “IVA superreducido” (4%), para los alimentos básicos; el “IVA reducido” (10%), para el resto de productos alimenticios; el “IVA general” (21%), que es el más común, para el resto de bienes y servicios. En 2023, ante la grave situación económica que estamos viviendo y ante la subida constante de los productos básicos (cesta de la compra), el Gobierno de España ha tenido la delicadeza (?) y la gentileza (?) de bajar temporalmente el IVA “general” y el “reducido”, y de suprimir el “superreducido”. Pero, a pesar de esto, los precios no han dejado de subir escandalosamente. Además, y aunque  la inflación no esté controlada (vamos para bingo, con más del 4%), estas rebajas desaparecerán en enero de 2024. Como siempre, lo que el Gobierno da con una mano lo quita con creces con la otra. En efecto, a pesar de estas reducciones, Hacienda, como un eficiente Robin Hood, continúa ingresando cada vez más.

Sumando lo que el Estado-Robin Hood, con su política “extractiva”, nos expolia tanto con los impuestos directos como indirectos, los economistas han constatado que más de la mitad de los ingresos de cualquier ciudadano medio español se los queda el Estado. Este saqueo o rapiña o confiscación o sablazo económico tendría su justificación y hasta sería lógico, razonable y necesario, si el Estado español fuera sólo y realmente un genuino “Estado-Robin Hood”, que recauda impuestos para consolidar y mantener, “comme il faut”, el estado del bienestar. Pero, no es el caso. Por su gestión, el Estado español es, en realidad, un “Estado anti-Robin Hood”.

El Estado anti-Robin Hood

¿Para qué tantos impuestos, extorsionados y amasados por el “Estado Robin Hood”? La sanidad, la educación, la seguridad, los servicios sociales,… van de mal en peor y se degradan paulatinamente, a ojos vistas, desde hace años. Por lo tanto, en éstos y en muchos otros sectores del estado del bienestar, los impuestos recaudados no son invertidos o no lo son en la cantidad necesaria para satisfacer las necesidades vitales de los ciudadanos. Entonces, ¿en qué se gastan o malgastan o despilfarran los recursos públicos, producto de todo tipo de impuestos? La respuesta la obtenemos si tenemos en cuenta la verdadera catadura del Estado español que, en vez de ser sólo un “Estado Robin Hood”, es sobre todo y ante todo un “Estado anti-Robin Hood”.

En efecto, este Estado se ha olvidado y se olvida, por un lado, de las necesidades de la sociedad española (en educación, sanidad, seguridad, servicios sociales, etc.); y, por el otro, también de las promesas electorales, de sus votantes y de los principios y valores que deben informar toda acción de gobierno democrático. Y, en consecuencia, sólo se ocupa y preocupa de satisfacer a aquellos que se han encaramado al poder (casta política de alta cuna o de baja cama) y a aquellos que les ayudaron a ello (batallones de militantes empotrados en la Administración, amigos y compañeros de viaje, y medios de comunicación “apesebrados”).

Moraleja

Como ha propuesto Javier Milei para Argentina, habría que entrar   decididamente con la motosierra en el cuerpo del Estado anti-Robin Hood, que está empobreciendo a los ciudadanos, que está destruyendo a la clase media y que está incrementando los millones de españoles que no pueden llegar a fin de mes. Y esto parece que se agravará en 2024. Por eso, habría que someter a las Administraciones públicas a una dieta de adelgazamiento. Así, en ciertos sectores (no, en educación, sanidad, seguridad, servicios sociales y otros servicios fundamentales), se podría acabar, con los michelines mórbidos del Estado (superfluo gasto político) y con las voraces sanguijuelas (legiones de trabajadores públicos y no me refiero a los funcionarios, cientos de diputados, 17 gobiernos autonómicos y sus respectivas superestructuras, ONGs sin cuento, etc.). Tanto aquellos (los michelines) como éstas (las sanguijuelas) sólo producen gasto y burocracia o “burrocracia”; y han degradado y están degradando el estado del bienestar y las cuentas públicas, con un déficit (el 4,73% del PIB, en 2022) y con una deuda pública (que ronda ya el 113% del PIB, i.e. 1,5 billones de €) galopantes y sin control; y, según ciertos economistas, inasumible. O “Estado del Bienestar” o “Estado anti-Robin Hood”. ¿O bienestar para la gran mayoría de los ciudadanos o pesebre y cubil para esas cigarras jaraneras de la casta política? “That’s the question!”