Presentación del libro de Alfonso Guerra, La Rosa y Las Espinas, con la presencia de Felipe Gónzalez.

Tomás Gómez.- La presentación del último libro de Alfonso Guerra, en el Ateneo de Madrid, ha terminado siendo un importante acto político. Para la mayoría de los medios de comunicación la novedad era que él y el expresidente del Gobierno Felipe González apareciesen juntos, cosa que no es muy frecuente.

Para otros el morbo residía en el hecho de que compartiesen la misma posición en relación a lo que está ocurriendo en la política española, después de haber tenido sendos desencuentros en el pasado.

Sin embargo, la importancia del acto no está precisamente en esos detalles, que resultan insignificantes. Ayer, se produjo una seria llamada de atención sobre las consecuencias de amnistiar a quienes fueron condenados por cometer delitos graves y la ruptura con lo que ha sido, hasta la fecha, nuestra democracia.

Felipe González y Alfonso Guerra fueron dos de los protagonistas del proceso constituyente. De hecho, el Partido Socialista es el único que queda de aquellos que dotaron al país de una Constitución y de un sistema político que lo homologaba a los países europeos occidentales.

Probablemente han estado de acuerdo con parte de la gestión de los gobiernos socialistas que les han sucedido, y en desacuerdo con otra, pero nunca se han mostrado tan explícitamente contrarios.

La oposición rotunda a la ley de amnistía que, además de suponer la eutanasia para el régimen del 78, abriría el camino a la autodeterminación de Cataluña y, por tanto, el suicidio de España como un Estado-Nación, tiene la gravedad suficiente para que en el Ateneo se pronunciasen los discursos que escuchamos.

Pedro Sánchez ha cambiado de opinión en dos meses. Ha pasado de comprometerse a traer a Puigdemont ante la Justicia española, a pactar con él una ley de amnistía y otras cosas que aún no sabemos. No es la primera, ni la segunda ni siquiera la tercera vez que lo hace.

En los últimos tiempos se ha roto completamente el principio de coherencia. Antes, los responsables políticos eran penalizados si incumplían sus compromisos o si daban vueltas a modo de saltimbanqui desde unas posiciones a otras. Hoy muchos socialistas asistimos con vergüenza al ver cómo comprometerse a algo y hacer lo contrario es jadeado por la corte de dirigentes y cargos públicos. Desde esa perspectiva, el PSOE habría quebrado esa coherencia necesaria en el ejercicio de las responsabilidades públicas.

Del acto del miércoles se podría percibir la sensación de que hay dos Partidos Socialistas: el que estaba allí y el de Pedro Sánchez, pero eso es un espejismo.

Un líder no es un todo en un partido y, la realidad, es que el Partido Socialista no ha faltado a sus compromisos con la sociedad española, recogidos en su último Congreso, por la sencilla razón de que ni se han debatido ni se ha concluido modificar la decisión de su máximo órgano.

Quién ha incumplido es Sánchez. El problema es que, pocos en el PSOE, reclaman internamente lo que es un derecho no solo de un militante socialista, sino un derecho constitucional de cualquier ciudadano, consistente en la existencia de democracia interna en asociaciones y partidos políticos. Y eso exige, a su vez, que haya debates, votaciones y resoluciones.

En la práctica, la formación socialista está secuestrada por la dirección. Cualquiera que discrepe es tachado de «facha» y se ha establecido la falsa disyuntiva de elegir entre «Puigdemont o Vox».

Lo que muchos pensamos es que la argumentación es tramposa y que España sería mejor si no tuviera que depender ni de la extrema derecha ni de los supremacistas independentistas.

Pero para eso hace falta ser leal con España y anteponer los intereses generales a los deseos personales. Pedro Sánchez tiene en la mano dejar noqueados a los cinco diputados de Junts, a los de ERC y Bildu y, también, de dejar fuera de la gobernabilidad del Estado a los de Abascal.

Pero eso requiere un acuerdo entre PP y PSOE y el reconocimiento de que las elecciones no las ha ganado. A Sánchez le importa más su investidura que romper con la Constitución y con el principio de igualdad entre españoles.

Para seguir negociando con quienes tienen al Estado como adversario elimina lo que ha decidido que es ruido. Nicolás Redondo ha sido expulsado por defender el programa electoral que tenía el PSOE el 23J, la dirección ha tachado de conspiración el acto del Ateneo y ha emprendido una campaña de desprestigio contra los dos mejores dirigentes que ha tenido el PSOE en los últimos 50 años.

A cambio, se pliega a las exigencias de los herederos de ETA, de los que tienen que salir de España en un maletero y de los que proclamaban el 15M de 2011 que había que acabar con el orden constitucional y asaltar el cielo con una escalera.

No, no hay dos PSOE, solo uno al que le ha dejado en coma un virus que le entró en 2014: el populismo al que no le interesa el gobierno, sino ostentar el poder.