La libertad de expresión es un problema. No tanto para la población en general, sino para la clase dirigente y su control de la influencia social. Al igual que la invención de la imprenta, que creó una revolución de la información en la Edad Media, Internet ha creado una plataforma global a la que casi cualquier persona del planeta puede acceder y hablar, hipotéticamente, con millones o incluso miles de millones de personas. Este nivel de intercambio de información no tiene precedentes en la historia de la humanidad, por lo que no es de extrañar que gobiernos y globalistas ambicionen tener la capacidad de filtrar lo que se dice y lo que se escucha en su beneficio.

Con este fin, la Comisión Europea, utilizando el evento covid como fachada, anunció la aprobación de la “Ley de Servicios Digitales” (DSA, por sus siglas en inglés) a principios de 2022. La DSA se presentó como una herramienta para que la UE [Unión Europea] “modere” el poder de las corporaciones de medios sociales, pero en realidad su propósito principal es dar a la UE precedencia legal para obligar a las grandes empresas tecnológicas a aplicar las normas de censura del bloque europeo a sus plataformas, incluso si no son empresas con sede en Europa. En otras palabras, el objetivo es obligar a todo el mundo occidental a aceptar la normativa europea sobre la expresión online, ignorando las fronteras nacionales y las protecciones constitucionales.

Del mismo modo que la “Gran Muralla de Fuego” china, la UE planea utilizar la DSA como medio para cerrar el acceso nacional a sitios web y contenidos infractores. Sin embargo, la situación de la UE es única porque se centra en el control de la libertad de expresión también fuera de Europa. Es decir, la información y el discurso entre los no europeos todavía podría ser identificado como una amenaza a sus sensibilidades de izquierda y citado como una razón para sancionar un sitio web por completo.

Esto significa, por ejemplo, que es posible que aún no se permita el funcionamiento de una versión de Twitter compatible con la UE, no debido a la información compartida por los europeos, sino a la información compartida en Twitter fuera de Europa. La UE no estará contenta hasta que todos los demás países sigan las mismas reglas en línea que ellos.

Estas reglas incluirían restricciones de “discurso de odio” y “desinformación” de la UE. Hay que tener en cuenta que en muchas partes de Europa utilizar los pronombres incorrectos para una persona trans se considera incitación al odio punible, y señalar que las mascarillas médicas son inútiles para detener la transmisión del covid se considera desinformación peligrosa. Los hechos científicos no intervienen en tales determinaciones, son puramente políticos.

Elon Musk y Twitter han sido citados como objetivos de la DSA, y algunos sostienen que la DSA fue creada específicamente por la UE en preparación de la eventual adquisición de la enorme plataforma por parte de Musk. Los funcionarios de la UE argumentaron públicamente con cierto vigor que encontrarán la manera de obligar a Musk a ajustarse a sus tabúes políticos. Twitter es uno de las varias docenas de signatarios del “Código de prácticas reforzado sobre desinformación 2022” de la Unión Europea, un marco de autorregulación para abordar la desinformación vinculada a la DSA.

El Código de Desinformación 2022 contiene una serie de 44 “Compromisos”, algunos de los cuales se subdividen a su vez en “Medidas”. Cuando una empresa se convierte en signataria, presenta un documento de suscripción en el que identifica los Compromisos (y, más concretamente, las Medidas) que suscribe. El documento de suscripción de Twitter de junio de 2022 indica que Twitter se ha comprometido, entre otras cosas, a: “desfinanciar la difusión de desinformación”, “evitar el uso indebido de los sistemas publicitarios para difundir desinformación” y poner en marcha o reforzar aún más las políticas para hacer frente a la desinformación.

¿Quién determina lo que constituye “desinformación”? Un grupo de burócratas sin rostro y no elegidos al otro lado del mundo de la sede de Twitter. No está del todo claro cómo planea Musk cumplir los requisitos de la DSA sin aplastar el renovado auge de la libertad de expresión en el sitio. En teoría, ejércitos de señaladores de masas que operan desde lugares como Alemania pueden ahora buscar tuits que no les gusten en EE.UU. y hacer que se borren publicaciones, o que se bloqueen y prohíban cuentas, incluso si la información presentada es objetivamente correcta.

Lo que la UE considera “discurso de odio” y “desinformación” se basa en la ideología y el fanatismo de extrema izquierda, no en directrices claramente definidas y razonables. Lo que los progresistas consideran aceptable hoy acabará siendo ilegalizado mañana. Adaptarse a sus reglas significa abandonar cualquier atisbo de entorno libre. En Europa no hay libertad de expresión.

Thierry Breton, actual Comisario de Mercado Interior de la Unión Europea y miembro del Foro Económico Mundial, tuiteó esta semana sobre su entusiasmo por la aplicación oficial de la DSA, afirmando que “hará que Internet sea más segura para todos”.

Pero, ¿de qué amenaza se está salvando al público? ¿De herir susceptibilidades? La idea de que los gobiernos son guardianes de la libertad de expresión no tiene sentido, porque todos los gobiernos intentan naturalmente restringir las libertades hasta el punto más extremo que el público tolere. Las élites políticas no son protectoras, son depredadoras, siempre en busca de ese próximo trozo de libertad que puedan arrebatar con sus fauces.