La llamada “Ley de Restauración de la Naturaleza” prevé que para el año 2030 hasta el 20% de las áreas terrestres y marítimas queden fuera del alcance de la producción, en detrimento de la quiebra para miles de productores rurales y pescadores.

Tras largas semanas de debate, finalmente se impuso el bloque de izquierda en el Parlamento Europeo y la Unión Europea aprobó la infame “Ley de Restauración de la Naturaleza”, con 336 votos a favor, 300 votos en contra y 13 abstenciones.

El proyecto fue sustentado por el grupo de socialistas y demócratas, los verdes, partidarios del bloque Renovar Europa de Macron y la extrema izquierda, mientras que la mayor parte de los grupos conservadores, incluido el oficialista Partido Popular Europeo (EEP) se opusieron a la propuesta, pero sin éxito.

El bloque más grande, liderado por la CDU alemana y el PP español, intentó presentar una contra-propuesta luego de su aprobación para aminorar el impacto de la reforma, pero esta tampoco prosperó, esta vez con un total de 324 votos en contra, 312 votos y 12 abstenciones que hubieran derribado la polémica ley.

El proyecto tiene como objetivo a primera instancia restaurar ecosistemas naturales que han sido supuestamente dañados por la actividad económica, pero esto lo hace a costa de expropiarle tierras a productores agrícolas y pesqueros que no podrán explotar más su tierra o las aguas.

Se propone que para el año 2030 no menos del 20% de las áreas terrestres y marítimas de la Unión Europea se encuentren fuertemente reguladas para evitar cualquier tipo de explotación económica a gran escala.

Esto incluye la restauración de hasta el 30% de los humedales que son drenados por la acción de los cultivos, y para el año 2050 la cuantía de humedales restaurados llegaría al 70% del total. También se verán afectados hábitats naturales terrestres, de agua dulce, costeros y marinos, ecosistemas urbanos, ríos, hábitats polinizadores, ecosistemas agrícolas y ecosistemas forestales.

Por su parte, el sector pesquero se verá directamente amenazado, ya que la ley multiplica las áreas protegidas en ecosistemas marinos como las praderas y los fondos de sedimento. Asimismo, se verán afectadas múltiples represas que operan en ríos de agua dulce, que irónicamente constituyen una fuente de energía limpia, que deberá ser desconectada de la red para 2030.

Las medidas amenazan con derrumbar la producción local, las exportaciones y generar un fuerte proceso de migración de la inversión y los capitales hacia otras regiones para seguir abasteciendo la demanda.

La legislación es tan extremista que llevó a una inusual alianza de todas las fuerzas europeas del centro a la derecha, que no suelen acordar en votaciones respecto a impuestos o inmigración. Esta vez, el Bloque de Conservadores y Reformistas (ECR), liderado por los partidos Ley y Justicia de Polonia, Fratelli de Italia y VOX de España; el Bloque Identidad y Democracia (ID), encabezado por Lega de Italia, Rally Nacional de Francia y el AfD de Alemania; y el mencionado Partido Popular Europeo (EEP), se unieron para intentar derribar la ley, pero no pudieron.

Los conservadores y el Partido Popular Europeo denunciaron que el proyecto simplemente migrará la inversión y la producción (con todo lo que esto implica en materia de medio ambiente) hacia otros destinos fuera del territorio europeo, y un saldo increíblemente negativo para la actividad económica en los sectores afectados.

De hecho, con el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, la ley facilita un masivo cambio de la localización de la producción agrícola aún más en favor de países de los países productores de materias primas. Este proceso tomaría lugar ya no solo por una cuestión de ventajas comparativas naturales, sino además por el peso aplastante de las regulaciones de la UE.