El Frente Polisario recordó este martes que el consentimiento del pueblo saharaui es «ineludible» para la firma de un futuro protocolo de pesca entre la Unión Europea (UE) y Marruecos que incluya al Sáhara occidental, después de expirase la pasada semana el último acuerdo y propuso otorgar licencias directas a los pescadores como una solución transitoria.

Su renovación dependerá de una nueva decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), tras un recurso europeo contra otro dictamen del 2021, en el que los jueces comunitarios anularon el acuerdo pesquero por no tener en cuenta al Sáhara occidental. «A pesar de la insistencia del Gobierno español, la Comisión ha renunciado a la celebración de un nuevo protocolo de aplicación, confirmando que ninguna negociación era posible a la espera de la decisión del tribunal. Pese al mantenimiento en vigor de sus efectos, el acuerdo de pesca, sin protocolo de aplicación, se ha convertido en una concha vacía», declaró el Polisario.

Asimismo celebró la eficacia de la vía jurídica y consideró esta decisión como un avance «considerable» encaminado a poner fin al expolio masivo de sus recursos naturales. El 17 de julio los barcos de la UE abandonaron las aguas saharauis y el Reino de Marruecos se ha visto «privado de los fondos europeos de los que depende su ocupación ilegal».

Tras iniciar este litigio una década antes, la TJUE dictaminó en el 2016 que todo acuerdo aplicable a este territorio debe contar con el consentimiento del pueblo saharaui, independientemente de los beneficios alegados, lo que no impidió a Bruselas renegociar con Rabat un pacto «ilegal» y «explícitamente» aplicable a su espacio marítimo, recordó el Polisario.

El diplomático encargado de este expediente, Oubli Bouchraya, propuso como una solución «transitoria» expedir licencias directas a pescadores para que puedan faenar en aguas saharauis, ya que «se han convertido en rehenes de los errores cometidos por sus dirigentes».

«La pelota está ahora en el campo de las autoridades europeas y, en particular las españolas, cuya flota es la primera afectada por el cese de las actividades pesqueras», aseguró Bouchraya.

Este protocolo de pesca ha ofrecido en los últimos cuatro años un total de 138 licencias para los buques comunitarios, 93 de ellos para la flota española. A cambio, Marruecos recibe una contrapartida económica de 50 millones de euros anuales, incluyendo el apoyo sectorial y el canon pagado por los armadores, de alrededor de 12 millones.