Luis Alberto Calderón.- Cabe recordar que el señor Sánchez convocó las próximas elecciones sin previa deliberación de su consejo de ministros, cometiendo una más que objetiva ilegalidad. Todo el mundo ha callado, y cuando digo mundo me refiero a los partidos políticos que más tienen que ganar o perder en ellas.

Que fijara la fecha del 23 de julio no es ilegal, pero sí injusto a todas luces, porque al haber fijado tal data no creo que haya sido por facilitar las cosas a los ciudadanos, antes bien, encaminado a entorpecerlas, pues es más que sabido que ese es pleno tiempo estival en el que gran parte de la ciudadanía se traslada de su domicilio habitual al destino de veraniego. Cierto es que se han alzado voces en contra de la fijación de tal fecha, pero diluidas ya en esta última estación.

Y ahora viene el problema derivado del voto por correo desbordado en peticiones y con el que Correos está teniendo verdaderos problemas para dar solución. En un programa radiofónico se le preguntó a Feijóo sobre su postura de si se llegase a conocer que gran parte de los votos por correo no se llegaron a distribuir y ciudadanos se quedaron sin votar. Su respuesta fue diluida en una solicitud a los funcionarios de tal servicio de un mayor esfuerzo de energías y de horas trabajadas más allá de su normal jornada laboral. Esto quiere decir que el señor Feijóo, aunque conociera y supiera en los siguientes días al veintitrés de julio, que muchos de los votos por correo se quedaron en las oficinas postales, no va a interesar la nulidad de los resultados.

La explicación a este silencio del señor Feijóo pueden ser varias. Una, que tenga la seguridad de que el resultado le será favorable y esa oportunidad no puede ser desperdiciada. Otra, que haya pactado con el señor Sánchez, tras de las bambalinas del plató de televisión, que no se ofrezcan datos del número de votos por correos ya distribuidos y de los que aún faltan por distribuir para evitar el posible escándalo que la falta parcial de votos no distribuidos pueda suponer. Si, tal y como informa un miembro del sindicato de Correos de UGT, se ha prohibido ofrecer datos oficiales es que Sánchez y, ahora más Feijóo, van a aceptar el resultado electoral, cualesquiera las consecuencias, incluso pese a alguna que otra denuncia que el propio PP ya ha realizado de votos por correo que han aparecido en un contenedor en Badajoz.

Si se llegara a la acreditación en días siguientes al 23 de julio que muchos ciudadanos no han podido votar por el funcionamiento anormal del servicio de Correos, quedaría evidenciado que el derecho que se prima en la denominada democracia, que es el del voto, quedaría violado.

Conforme ya expresó André Hauriou, si ser elector se convierte en un derecho al poseer cada ciudadano una parte de la soberanía nacional, en buena lógica el poder público no puede restringir ni limitar tal derecho, menos aún, eliminarlo, como sería en el caso de la persona que habiendo solicitado el voto por correo no pudo llevarlo a término por la anómala planificación de la Administración.

Se ha dicho que la rápida convocatoria de elecciones y la fecha elegida es más un propósito de intentar que los ciudadanos de derechas no voten, en beneficio de los de izquierda. Este argumento, que en su primigenia concepción pudiera ser convincente, no resiste el mínimo análisis, habida cuenta que en eso de las vacaciones no hay distingo entre ciudadanos de derechas y de izquierda. Si se realizada un análisis sobre este hecho por el INE, con seguridad, nos llevaríamos una inaudita sorpresa.

Más que de una finalidad diabólica en unas elecciones generales fijadas de manera rápida, estimo que tal decisión nació del carácter soberbio del señor Sánchez. Tuvo el rechazo de personas críticas del propio PSOE, como Tomás Gómez, a los que luego vence hasta escalar al puesto de secretario general; luego consigue ser el presidente del gobierno, y una persona investida de tales rasgos pasa por encima de todo y de todos, cualesquiera sean las consecuencias, porque no ha pensado en ellas.

Esta conducta o comportamiento, que debería llevar a la mayor alarma, debería acompañar la cumplida respuesta a cada acto irregular contra la legalidad vigente. Que la convocatoria de las elecciones sin la previa deliberación del consejo de ministros haya devenido en eficaz al no haber sido aceptada, no significa que la privación del derecho a votar, a través del correo, en las condiciones producidas y las que se presumen se darán, se olvide en aras de la eficacia del resultado obtenido a favor del PP. Feijóo no debería aceptar el resultado -aun favorable- de comprobarse que españoles que habiendo querido votar por correo, se les privó de ello por las circunstancias anteriormente indicadas. Lo práctico es no repetir elecciones, pues el tiempo acallará las protestas de los que no pudieron votar, pero si Feijóo comienza aceptando una injusticia manifiesta, qué no acometerá en sus futuros años de gobierno.