Carlos Aurelio Caldito Aunión.- Dos fallos recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), uno contra Rumanía y otro contra Polonia, han sido el detonante. A ellos alude el escrito enviado por una plataforma cívica española a distintos organismos de la UE para alertar de que una supuesta «cadena de mando» que ejerce el poder ejecutivo en España sobre uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) podría poner en peligro la separación de poderes y las investigaciones judiciales sobre actos de corrupción relacionados con la presunta malversación de fondos europeos.

«Existe una cadena de mando que permite al Gobierno sancionar a los jueces. Es una clara amenaza a las finanzas de Europa», indica el escrito que ha remitido la plataforma Por una Justicia Independiente a la Eurocámara, la Comisión Europea, la oficina comunitaria antifraude (OLAF), la Fiscalía Europea, el Grupo de Estados Contra la Corrupción (Greco), el TJUE y el propio CGPJ.

El documento advierte que, desde la aprobación de la Ley de Igualdad del año 2004 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los siete integrantes de la Comisión Disciplinaria del CGPJ (encargada de sancionar o promocionar a jueces) es también la persona que preside el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, un organismo creado hace ya 21 años por el Gobierno de José María Aznar y del que forman parte también los ministros de Igualdad, Interior, Justicia y el fiscal general del Estado. «Todos ellos son designados por el presidente del Gobierno de España», señala el escrito.

Independencia del CGPJ

Alertan de que esta vinculación entre el Gobierno y uno de los siete vocales miembros de la Comisión Disciplinaria del CGPJ, a través del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, podría impedir que este organismo sea plenamente independiente del poder ejecutivo ante eventuales presiones para sancionar a aquellos jueces que estén investigando actos presuntamente corruptos cometidos por el Gobierno de turno. Incluidos aquellos en los que se vean comprometidos fondos europeos.

Haga clic para acceder al documento íntegro remitido a la UE por la plataforma Por Una Justicia Independiente.
«Dado que debemos proteger la independencia judicial, estamos participando en medios de comunicación, solicitando que todos los miembros de la Comisión Disciplinaria ‘sean independientes e imparciales, sin vínculos con grupos de presión’», añade esta asociación, conformada por juristas, abogados, empresarios y personas de otros sectores que abogan por una mayor independencia en el Poder Judicial. Alegan también que «España no traslada al TJUE cuestiones prejudiciales que denuncian que la cadena de mando que permite al Gobierno participar en la Comisión Disciplinaria del CGPJ es una clara amenaza a las finanzas europeas» y al derecho de todos los españoles a una justicia independiente.

Rumanía y Polonia

En este sentido, la plataforma Por una Justicia Independiente alude, por un lado, a la reciente sentencia del TJUE en relación a una cuestión prejudicial planteada por un ciudadano rumano ante la Audiencia de Bucarest. El pasado 11 de mayo, en su sentencia, el tribunal europeo concluyó que la existencia de un comité disciplinario para los jueces que no sea plenamente independiente del poder ejecutivo es incompatible con el derecho fundamental a una tutela judicial efectiva.

«Es indispensable que el departamento competente para investigar y ejercer la acción disciplinaria actúe en el ejercicio de sus funciones de manera objetiva e imparcial y que, a tal efecto, esté protegido de cualquier influencia externa», señala la reciente sentencia del TJUE que censura la ausencia de garantías de independencia del equivalente en Rumanía a la Comisión Disciplinaria del CGPJ.

Por otro lado, la plataforma cívica que suscribe el escrito enviado a los organismos europeos recuerda también un fallo contra Polonia del pasado 5 de junio. En él, se determina que la falta de garantías de imparcialidad e independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo de Polonia impide que los magistrados de ese país puedan elevar cuestiones prejudiciales al TJUE: «Se arriesgan a que dicho órgano pueda pronunciarse sobre cuestiones relativas a su estatuto y al ejercicio de sus funciones. Ello puede afectar a la independencia de los jueces».

«El régimen disciplinario aplicable a los jueces y las sanciones que este prevé se pueden utilizar para impedir que los tribunales nacionales aprecien si un tribunal o juez cumple las exigencias de la tutela judicial efectiva. Ello limita que un juez pueda plantear una remisión prejudicial al Tribunal de Justicia. Estas medidas son incompatibles con las garantías de acceso a un tribunal independiente, imparcial y establecido previamente por la ley», indica la sentencia del TJUE sobre Polonia.

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género

Fuentes jurídicas y del CGPJ consultadas por este diario señalan que las reuniones periódicas que la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, mantiene con representantes de distintos miembros del Gobierno no tienen relación alguna con su papel como vocal del Comité Disciplinario del CGPJ.

Creado por el Gobierno de José María Aznar en 2002, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género es un instrumento de análisis y de actuación que, en el ámbito de la Administración de la Justicia, promueve iniciativas y medidas dirigidas a erradicar el problema social de la violencia doméstica y de género.

Presidido por un vocal del CGPJ, y conformado también por varios ministros del Gobierno, «es un instrumento para mejorar la coordinación de las instituciones que lo forman y abordar las diferentes iniciativas que se propongan para erradicar, desde la Administración de Justicia, la violencia doméstica y de género», según recoge el propio CGPJ. Es un organismo conjunto que, mediante reuniones periódicas de las instituciones que lo integran, elabora recomendaciones en materia de violencia de género tras recopilar y analizar datos obtenidos de las estadísticas judiciales.

Desde la aprobación de la Ley de Igualdad de 2004, con Zapatero en el Gobierno y Cándido Conde-Pumpido como fiscal general del Estado, sus presidentas han ocupado también una de las siete vocalías de la Comisión Disciplinaria del CGPJ. Tres han sido las vocales del CGPJ que ha ocupado ese doble cargo: Montserrat Comas, Inmaculada Montalbán (magistrada progresista y actual vicepresidenta del Tribunal Constitucional) y Ángeles Carmona (propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy).