España ya se encuentra desde hace algo más de un día inmersa en una nueva y ardiente campaña electoral -que en el caso de Castilla y León es la tercera en apenas un año medio-, que culminará con las votaciones del próximo 23 de julio, en plena canícula por la gracia de Sánchez. Unos comicios en los que está en juego el futuro presidente del Gobierno pero también y sobre todo de España y los españoles, y cómo quieren estos que se gestione el país en los próximos años ante los dos modelos claramente diferenciados que se presentan en distintos partidos. Por un lado, la izquierda del PSOE junto al conglomerado comunista de partidos que conforman Sumar, más nacionalistas vascos, el brazo político de la ETA o los separatistas catalanes y, por el otro, los conservadores del Partido Popular y Vox.

El popular Alberto Núñez Feijóo parte como favorito por así decirlo a tenor de las encuestas que se vienen publicando desde que comenzara la precampaña tras el anuncio de Pedro Sánchez de la convocatoria de elecciones generales el día después de pegarse un sonoro batacazo en las municipales y autonómicas, en las que el PP ha recuperado grandes plazas perdidas, y que es, sin duda, la mejor encuesta y la que mejor puede advertir de lo que puede ocurrir en dos semanas.

En juego, 350 escaños o representantes en el Congreso de los Diputados, de los cuales 102 se distribuyen por igual conforme a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), con dos representantes establecidos para las 50 provincias españolas o circunscripciones que suman cien, más otros dos que se reparten Ceuta y Melilla. Los 248 restantes se reparten en función de la población de cada provincia. Así, por un lado, mientras Madrid y Barcelona, que son las zonas más pobladas de España, cuentan con 37 y 32 parlamentarios, respectivamente, por la parte baja es Soria, la provincia con menos habitantes del país, la que menos representantes al Congreso de los Diputados elige, con tan solo dos, que son los mínimos que exige la Loreg.

¿Y cómo se reparten estos 248 asientos en la Cámara Baja? Pues para establecer el número de escaños que le toca a cada provincia, lo primero que se hace es dividir la población de España entre 248. La cifra resultante es la que se conoce como “cuota de reparto” y de esta división se obtiene el número de parlamentarios en números enteros y si quedara algún escaño por distribuir, este iría a la provincia cuyo coeficiente tenga los mayores decimales.

Una vez conocido el número de escaños en juego en cada circunscripción, cada partido presenta una lista de candidatos con tantos nombres como escaños hay en disputa en ese territorio. Por ejemplo, cinco en Valladolid, y son listas cerradas. O lo que es lo mismo, los ciudadanos votan la lista al completo, no como en la papeleta del Senado que sí es abierta y se pueden elegir a tres representantes que pueden ser de distintos partidos.

El sistema electoral español se basa en el método de D’Hont, inventando por el jurista Belga Vincent D’Hont, que es el que se utiliza para repartir los escaños en las elecciones generales y autonómicas o concejales en las municipales entre las candidaturas de forma proporcional al número de votos obtenidos.

¿Cómo funciona?

Por ejemplo, en un Parlamento de ocho escaños con cuatro candidaturas (A, B, C y D), en primer lugar se ordenan los resultados electorales de mayor a menor y se calcula el porcentaje de cada uno sobre el total de votos válidos, teniendo en cuenta los votos en blanco. Para evitar una excesiva fragmentación de la cámara o la corporación, se descartan las candidaturas que no lleguen a un porcentaje mínimo de votos. En el caso de las elecciones generales este umbral es el 3% de los votos. En las elecciones locales, el porcentaje mínimo es el 5%. En este ejemplo al ser el umbral del 3% se corresponden a unas es elecciones generales. Después se construye una tabla con tantas columnas como número de representantes a distribuir, completando cada columna con el número de votos de cada candidatura dividido por 1, 2, 3… hasta completarla. Los escaños o concejales se asignan a los 8 coeficientes más altos, en orden decreciente.

En caso de empate, el escaño o concejal se asignará a la candidatura con mayor número de votos totales. Si estos también coinciden, se asignará por sorteo, y el resto de empates de forma alternativa.

El reparto quedaría así:

Candidatura A: 4 escaños o concejales
Candidatura B: 3 escaños o concejales
Candidatura C: 1 escaño o concejal

Este modelo tiene varias lecturas y siempre genera controversia cuando se acercan unas elecciones debido a la asignación por defecto de dos escaños a todas las provincias. Esta condición, que establece la Ley Electoral, genera una distorsión en la representación y también en la asignación de escaños provocando que las zonas con menor población puedan tener, por el contrario, una presencia en el Parlamento proporcionalmente mayor.

Por ejemplo, si en Madrid cada escaño vale 182.441 votos, en Soria el diputado sale mucho más barato con tan solo 44.188 sufragios. Esta singularidad hace que la España rural tenga un mayor peso en el Congreso.

Se dice que en estas elecciones, la posible diferencia que pueda haber entre PP y PSOE, que sea más o menos grande según las encuestas previas, se va a disputar en las provincias con menos de diez escaños, y especialmente en las que tienen tres y cuatro representantes en juego. Muchas de ellas están en Castilla y León. En Burgos, León y Salamanca son tres los escaños en juego, mientras que en Zamora, Segovia, Ávila y Palencia hay tres. Dando por hecho que populares y socialistas se repartirán al menos uno, debido a que los mayoritarios siempre logran representación, ese tercer escaño en disputa es decisivo para establecer la diferencia que pueda haber, ya que según sea más pequeño el distrito electoral, mayor es la competencia por los escasos escaños en disputa.

De ahí, que se se hable y se apueste por el voto útil, en este caso a PP y PSOE, para que se pueda concentrar el voto y evitar que se desperdicien papeletas a terceros o cuartos partidos y se pueda dar una mayor estabilidad al sistema frenando a las formaciones minoritarias su acceso a la Cámara.