Por ASHLEY SADLER.- En la declaración de demanda de 137 páginas presentada ante el Tribunal Federal el 21 de junio, 329 personas que han trabajado en la CAF argumentaron que el Jefe del Estado Mayor de la Defensa de Canadá, el general Wayne Eyre, “dictó una orden ilegal el 25 de octubre de 2021 , en violación de las leyes establecidas y los derechos constitucionales” al exigir a los miembros de las fuerzas armadas que se pongan la vacuna experimental de COVID-19 o enfrentar la baja del servicio.

El 8 de octubre de 2021 , la CAF emitió un mandato de vacunación COVID para todo el ejército, que requirió a todos los miembros del servicio que se “vacunen completamente” contra el coronavirus o sean dados de baja del servicio. Posteriormente, cientos de miembros del servicio no vacunados fueron dados de alta. El mandato finalmente se revirtió parcialmente el año pasado, aunque todavía se requieren tropas que apoyen la preparación operativa para recibir las inyecciones. El año pasado, los líderes militares dijeron que darían de baja a los soldados que optaran por no vacunarse.

En una entrevista con Canadian Press en octubre de 2022, el general Eyre sugirió que la negativa de los miembros del servicio a vacunarse “plantea dudas sobre su idoneidad para servir en uniforme”.

“Es peligroso en el ejército que se desobedezcan las órdenes legales”, dijo. “Es una pendiente muy resbaladiza”.

Sin embargo, el escrito de demanda del 21 de junio, que también nombra como acusados ​​al Vicejefe del Estado Mayor de la Defensa, Teniente General Frances Allen y a la Ministra de Defensa Nacional Anita Anand , entre otros, sostiene que el ejército canadiense “eludió su propio propósito y se apresuró a (obligar a la inoculación de un) producto no probado en sus miembros”.

Los demandantes afirman que los principales miembros de las fuerzas armadas “etiquetaron erróneamente esta terapia génica experimental como una ‘vacuna’, a sabiendas hicieron declaraciones falsas de seguridad y eficacia, y facilitaron su mandato sin opción de rechazar, excepto la remoción permanente obligatoria del servicio”.

La demanda plantea daños monetarios de aproximadamente C$ 1,000,000 por demandante y más de C$ 1,000,000 más en otros daños, llegando a un total de alrededor de C$ 500,000,000.

“Esto no se trata de COVID-19”, dijo Catherine Christensen, abogada de Valor Law que presentó la demanda colectiva en nombre de los demandantes, en un comunicado por correo electrónico a LifeSiteNews. “Se trata de una cadena de mando corrupta que cree que es intocable y está por encima de la ley”.

“El Canadá en el que quiero vivir tiene [el] Estado de derecho y ninguna persona está por encima de ser responsable ante el tribunal por un acto malicioso e ilegal”, dijo.

Al informar sobre la demanda, The Epoch Times señaló que la presentación acusa a la CAF de haber “abusado de su poder al ignorar los límites legislativos expresos sobre sus acciones” y “permitir la tortura física y/o psicológica de miembros no vacunados bajo el mando de miembros comisionados por la CAF”. oficiales.” La impugnación también afirma que la CAF se extralimitó al “ignorar la ley establecida sobre el derecho a la privacidad y el derecho a elegir tratamiento médico e ignorando la ley establecida sobre el consentimiento informado y con respecto a las creencias religiosas y espirituales”.

Según los informes, los oficiales al mando recurrieron a la coerción cuando los miembros militares desafiaron el mandato, lo que incluye supuestamente “ obligar a los miembros a pasar períodos prolongados innecesarios de tiempo al aire libre en condiciones invernales extremas sin refugio ni protección, así como confinar a los miembros por la fuerza en espacios pequeños y estrechos sin respiro. para comidas o necesidades de higiene personal ”, alega la demanda.

Los que se resistieron al mandato fueron supuestamente castigados con la pérdida de ingresos, beneficios, oportunidades de empleo externo y más.

En comentarios a LifeSite, Christensen dijo que está “muy orgullosa de todos estos Demandantes por mantenerse firmes y defender a Canadá”.

“Estos valientes hombres y mujeres están liderando el camino para defender nuestra Constitución y el Estado de derecho que han sido gravemente dañados en los últimos tres años”, dijo.

Cuando se le preguntó si la acción legal reivindica las preocupaciones de los ciudadanos que durante mucho tiempo se han mostrado escépticos ante la vacunación COVID y se han resistido a los mandatos, Christensen dijo: “Absolutamente”. “Una victoria para los militares y los veteranos sienta un precedente para otros, como ha sucedido en los Estados Unidos”, dijo.

Un portavoz del Departamento de Defensa Nacional se negó a proporcionar declaración en respuesta a una solicitud de The Epoch Times y dijo que el departamento “no comenta sobre posibles acciones legales de esta naturaleza”.