El sexting es delito. Ese es el mensaje que hay que ser capaz de transmitir, sobre todo, a los más jóvenes.

Se trata del uso de imágenes eróticas, habitualmente entre adolescentes, que acaban siendo compartidas por las distintas aplicaciones de mensajería con el objetivo, en algunos casos, de ridiculizar o acosar a una víctima. En otros casos, se usan como medio de extorsión para conseguir favores por su parte. Y no hay que hablar de sexos, porque ocurre tanto con víctimas masculinas como femeninas.

La realidad es que es un delito de revelación de secretos que vulnera uno de los derechos fundamentales, el derecho a la intimidad. Eso, que se regula vía Código Penal, establece penas de prisión de hasta un año o multa de hasta 12 meses. No obstante, las últimas condenas han incrementado las penas hasta los 5 y 6 años, dejando claro que la justicia se toma en serio este tipo de vulneración de derechos.

Sin embargo, para poder hacer frente a ello, en muchos casos, es necesaria la intervención de detectives privados que estén, además, especializados y ligados al uso de la tecnología para poder resolver este tipo de situaciones y casos puesto que se trata de ciberdelincuencia. De hecho, la petición de este tipo de servicios está en claro incremento ante la necesidad de agilizar la resolución de la situación.

“La labor de los investigadores privados suele ser clave en estos casos para agilizar su resolución. El acoso en redes sociales y en aplicaciones de mensajería requiere de un perito informático especializado en Whatsapp capaz de recuperar conversaciones y revisarlas para que, en las denuncias, aparezcan los autores del chantaje, extorsión o acoso y poder demostrar, en un juicio, de forma certera y ajustada a legalidad, dicho delito. Sin ello, no se considera válido ante el juzgado” explican desde We Never Sleep, empresa especializada en emitir informes periciales que sirven como evidencias y como gran herramienta para el trabajo de los abogados.

Según sus registros, a lo largo del año 2022 participaron en 11 investigaciones privadas relacionados directamente con el sexting y, en lo que va de 2023, afirman que ya casi han duplicado esta cifra.

Esto pone de manifiesto la tendencia actual de los más jóvenes en este tipo de prácticas. “En ocasiones tienen que ver con la venta de imágenes entre ellos a través de WhatsApp al no disponer, por edad, de acceso a otras populares plataformas de contenido erótico. Esto, según estamos comprobando, favorece la propagación de imágenes sin consentimiento que posteriormente pueden utilizarse para extorsionar o chantajear a la víctima” explican.

En la mayoría de los casos es interesante combinar estas periciales de WhatsApp con labores de investigación privada tradicional, realizando vigilancias al menor y analizando su entorno social para obtener pruebas sobre los acosadores y aportar un informe profesional que junto con la pericial informática sea una respuesta contundente y efectiva para proteger a la víctima y resolver la situación legalmente.

Aunque no hay cifras oficiales de este tipo de sentencias, lo cierto es que es un delito que se empieza a cometer, según las cifras, a partir de los 14 años de media. De hecho, 1 de cada 3 adolescentes de 17 años reconoce haber enviado este tipo de imágenes a algún amigo o pareja. “Es clave la educación en este ámbito. No solo para que sepan que compartir eso vulnera un derecho fundamental sino las consecuencias que puede llegar a tener que se envíen imágenes sin ropa o en situaciones comprometidas. Cada año hay víctimas mortales que no han sido capaces de soportar la presión. Hay que tomar muy en serio este tipo de situaciones”, comentan.