Los populares han cumplido con su compromiso de boicotear a Bildu y a los independentistas catalanes. En el País Vasco, Vitoria y Durango (Vizcaya) son los dos ejemplos más significativos de la estrategia desplegada por el PP en el País Vasco para cerrar el paso a EH Bildu al gobierno municipal. Para ello, los populares dieron ayer sus votos al PSOE y al PNV, sin pedir nada a cambio. Esa misma estrategia ha servido para impedir que los independentistas se hicieran con el poder en las localidades alavesas de Kuartango y Zigoitia.

Allá donde los votos del PP han sido claves para decidir el color de un ayuntamiento vasco los ediles populares han optado siempre por boicotear a los soberanistas.

En Cataluña, también «por sentido de Estado», el PP facilitó finalmente que la Alcaldía fuera para el candidato del PSC, Jaume Collboni, después del pacto de Junts y de ERC, y del compromiso de Ada Colau de ceder sus votos sin entrar en el gobierno.

El PP marca así una clara línea roja sobre los socios de Pedro Sánchez en esta legislatura, que han sido uno de sus principales lastres políticos. Al mismo tiempo el PP de Alberto Núñez Feijóo abre la puerta a recuperar los pactos de Estado y el entendimiento coyuntural con los socialistas, dinamitado también desde la moción de censura a Mariano Rajoy.

A partir de ahora el PP se enfrenta al reto de dar la vuelta a las sensaciones que ha dejado el precipitado, e inesperado, acuerdo de coalición con Vox en la Comunidad Valenciana, y esto exige, por un lado, conseguir salvar un gobierno en solitario en Aragón, Baleares y Murcia -en Extremadura también es el objetivo, pero los números son más adversos. Y, además, levantar un cortafuegos frente al programa de Vox menos liberal y «más incompatible con el centro político».

Los análisis demoscópicos apuntan que la mayoría de los votantes del PSOE y del PP coinciden en reclamar que los dos principales partidos, pese a sus diferencias, se entiendan más, y busquen políticas de pactos sobre la base de la centralidad. El PP de Feijóo hará guiños en campaña a esta idea, que más allá de actuar como lema electoral está condicionada a que el 23J abra una nueva etapa en la dirección socialista que deje atrás el «sanchismo».

Con la actual dirección del PSOE esos pactos son inviables y el futuro nuevo grupo parlamentario socialista lo copan «afines» al presidente del Gobierno. Aunque la lealtad al «sanchismo» durará lo que dure Sánchez al frente del partido si pierde el poder. Moncloa está «machacando» en los últimos días, sobre todo después del pacto valenciano entre el PP y Vox, con el mantra de que hay «partido» y pueden mantener el poder, aun no siendo la lista más votada, con el apoyo de los que han sido sus socios de Legislatura. Las elecciones del 23J se siguen jugando en el centro. De ahí el «chute de adrenalina» que el PSOE ha sentido al conocerse el contenido del acuerdo de investidura en la Comunidad Valenciana.

El PP asume que este pacto le coloca también ante el reto de «evitar caer en los mismos errores que el PSOE con Podemos». La realidad sociológica y electoral exige entendimientos entre los dos partidos del bloque del centro derecha, pero, de igual manera, el PP de Feijóo reconoce que tiene «mucho que perder si cae en el mimetismo con Vox en su mapa ideológico, cultural y hasta en su lenguaje». La colaboración debe sostenerse en un nivel que permita al PP salvarse de la «radicalidad» de su socio en cuestiones que son completamente incompatibles con el liberalismo y el conservadurismo democrático. La dirección popular no quiere eufemismos en materia de violencia machista, ni tampoco «coquetear con planteamientos que puedan rozar la xenofobia».

Después de esta primera oleada de acuerdos postelectorales la campaña de las generales empieza un nuevo tiempo. Moncloa se siente en condiciones de sacar a pasear la alerta antifascista, aunque acaba cayendo en aquello de ver la paja en el ojo ajeno ya que ante intervenciones públicas como la del delegado del Gobierno en Madrid, en apoyo de Bildu, no hay pacto con Vox que pueda borrar el desgaste que deja en las siglas socialistas.

De hecho, Bildu es el límite traspasado por el PSOE en su política de pactos que menos aceptan sus votantes, que consideran que no son partidos cercanos ideológicamente y tampoco apoyan que incrementen su relación.

De aquí a las elecciones generales queda otra batalla autonómica por jugar muy relevante para el desenlace final del 23J por el ruido ambiental que puedan generar los pactos pendientes. En las filas populares confían en que Génova y las organizaciones territoriales afectadas hagan valer su posición de ventaja en las comunidades en las que los gobiernos siguen dependiendo de un posible acuerdo con Vox.

En el PP esperan que la posición marcada en Murcia por Fernando López Miras se mantenga en Aragón y en Baleares. Es decir, que se la jueguen en el terreno de obligar a Vox a decidir si les permite gobernar en solitario o si opta por colocarse al lado de la izquierda. El reparto de escaños les da ventaja con respecto a la situación en la que se encuentran en la Comunidad Valenciana, y éste es el argumento al que se agarran en la organización popular para confiar en que el partido sea capaz de llegar a acuerdos que se centren en el reparto de los órganos de gobierno de los Parlamentos autonómicos y en un programa de investidura, que deje fuera la «toxicidad» programática del partido de Santiago Abascal. Pero no más coaliciones.

El PP de Murcia consiguió el 42,48 por ciento de los votos el 28M: tiene 21 escaños frente a 13 del PSOE, 9 de Vox y 2 de Podemos. Su gran ventaja es que suma más escaños que la izquierda, por lo que le bastaría con una abstención de Vox en la votación de investidura. En Aragón está en una situación parecida siempre que consiga un acuerdo con el PAR y con Aragón Existe. Jorge Azcón tiene 28 escaños, y con los 4 que suman estos partidos llegaría a los 32, cuando la mayoría absoluta está en los 34.

En Baleares el PP de Marga Prohens también suma 26 escaños, con el de SA Unió en Formentera, frente a los 8 de Vox. La clave está en que el PP no necesita a los de Abascal para alcanzar una mayoría sobre toda la izquierda junta.

Más complicada es la aritmética en Extremadura, donde María Guardiola (PP) tiene 28 escaños, los mismos que el PSOE. La unión de Guillermo Fernández Vara con Podemos alcanza los 32, por lo que el PP necesita a Vox de forma obligatoria para lograr la investidura.