Cristina Dolz.- Las cifras más actuales revelan que las oficinas públicas siguen colocando a muy pocas personas, menos aún en el caso de los jóvenes, pese a que este mismo año el Congreso aprobó una nueva Ley de Empleo que marca a este colectivo como prioritario para reducir sus elevadas tasas de paro.

Según la estadística de empleo que publica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), sus oficinas solo han sido responsables en 2023 del 2,84% de las colocaciones de las personas entre 16 y 29 años que estaban inscritas como demandantes de empleo. Esto es un total de 29.017 colocaciones en toda España, una cifra reducida en comparación con las 1.019.402 que se produjeron al margen de los servicios públicos pese a proceder de demandantes inscritos en ellos.

La tasa de estos cinco primeros meses de 2023 es prácticamente la misma que la de años anteriores y menor que la de 2022: los servicios públicos de empleo solo realizaron el 2,31% de las colocaciones de menores de 30 años que lo solicitaron en 2020, al 2,27% en 2021 y al 3,22% en 2022. Cabe destacar que los datos del SEPE solo permiten calcular esta tasa a partir de abril de 2020, ya que hasta entonces las colocaciones con bajas recientes en demanda de empleo en los servicios públicos se contaban junto a las de no demandantes.

El porcentaje de colocaciones tampoco es elevado contando a todos los grupos de edad, pero casi dobla al de los jóvenes. En concreto, los servicios públicos de empleo canalizaron el 4,51% de las colocaciones de todos los grupos de edad en 2023 y la proporción aumenta conforme se eleva la edad.

Observando solo el mes de mayo, el último con datos, las tasas más altas de colocación se dan en las personas entre los 55 y 59 años (el 9,62%) y los mayores de 59 años (el 12,4%).

Aunque la legislación de las políticas de empleo tiene un marco estatal, las competencias en esta materia se transfirieron a las comunidades autónomas en 2003.

Desglosando las tasas de colocación por autonomías en mayo se observan notables diferencias: lidera Extremadura con un 14,97%, tasa que triplica a la de la media de España para ese mes (4,66%). En el lado contrario se encuentra Cataluña, con apenas un 0,97%. Los datos por autonomías del SEPE no permiten calcular estas tasas por franjas de edad.

Pocas ofertas y en el sector público

Son varios los motivos que llevan a estos discretos resultados en intermediación laboral, definida en la ley de marzo de 2023 como acciones para “proporcionar a las personas trabajadoras un empleo adecuado” y “facilitar a las entidades empleadoras las personas trabajadoras más apropiadas”. Uno es el número de ofertas que los empleadores confían a los servicios públicos de empleo.

En los cinco primeros meses de 2023 se han ofertado 258.834 nuevos puestos en dichos servicios para 3.625.132 personas que se han dado de alta como demandantes. Esto resulta en que cada puesto nuevo toca a unos 14 nuevos solicitantes. Por otra parte, en los meses de 2023 se han producido 222.651 bajas de puestos, siendo el 84,32% como consecuencia de una colocación, lo que muestra una cobertura bastante alta de los puestos que se ofertan e indica que el problema viene más por el volumen de ofertas que por dificultades para que los trabajadores encajen en los puestos.

Además, si se desglosa por actividad económica se percibe que una parte amplia de las ofertas vienen del sector público, lo que evidencia un menor interés en este sistema de las empresas privadas. En los cinco primeros meses de 2023 el 44,78% de los puestos ofertados se ubicaron solo en tres actividades, que son las que tienen mayor peso del sector público: administración pública, defensa y seguridad social obligatoria (84.513 puestos); actividades sanitarias y de servicios sociales (20.403 puestos); y educación (10.962 puestos).

La asignatura pendiente del paro y una ley sin consenso

Las bajas tasas de colocación de los servicios públicos de empleo cobran especial importancia en España por su problema de paro estructural, sobre todo entre los jóvenes.

La tasa de paro de los menores de 30 años se situó en el primer trimestre de 2023 en el 30,25%, según la EPA, frente al 13,26% general. La tasa de paro juvenil española es la mayor de la Unión Europea y de los países miembros de la OCDE.

La memoria anual de 2022 del Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno con representación de sindicatos y patronales, alerta de que “solo una de cada cuatro personas desempleadas acude a los servicios de empleo” y que, además, “gestionan menos del 5 por 100 de las vacantes”. Según el CES, el recurso a las oficinas de empleo como método de búsqueda de trabajo es, por lo general, “menor que otro tipo de métodos informales”. Como consecuencia de esto, la búsqueda la terminan monopolizando los portales online de ofertas y los contactos personales.

La Ley de Empleo promete que la futura Agencia Española de Empleo, que sustituirá al SEPE en unos meses, mejorará el impacto de las actuaciones de los servicios públicos de empleo en las colocaciones y publicará además una “tasa de intermediación” oficial que permita medir la evolución. Si bien es cierto que la ley tiene aún muy poco recorrido por su reciente entrada en vigor, la manera en la que fue aprobada, sin apoyo ni de sindicatos ni de patronal, augura futuras críticas. UGT detalló en un comunicado el día de su publicación en el BOE que esta ley “abandona a su suerte a las personas desempleadas” porque “su redacción actual no va a resolver ninguno de los problemas para los que ha sido diseñada”.

El sindicato afirma que los servicios de empleo no tienen suficientes orientadores y no se fijan objetivos ni itinerarios laborales y de formación personalizados, por lo que no pueden conocer las carencias y necesidades de las personas desempleadas. “No podrán orientar, definir y planificar adecuadamente ni gestionar de forma correcta y mínimamente eficaz el proceso fundamental de intermediación laboral, por lo que todo el sistema de Políticas de Empleo queda comprometido”, aseguraron en su escrito.