Los altos directivos de empresas o los administradores de las mismas desarrollan cargos de mucha importancia y toman decisiones a diario que pueden suponer riesgo para las empresas que dirigen o para otras terceras personas, por ello, es imprescindible que dispongan de una red de seguridad frente a las posibles reclamaciones de terceros.

Un directivo o administrador de una gran empresa debe estar y sentirse protegido por los posibles perjuicios que se puedan ocasionar a terceras personas o a otras empresas en el transcurso de su labor profesional. Por eso, un seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos permitirá proteger a estos altos directivos o administradores frente a las demandas o requerimientos de terceros contra la empresa para la que se trabaja o contra el propio directivo por supuestas negligencias en la gestión de la empresa a la que se administra. También lo cubre por actos u omisiones negligentes en la gestión de la entidad que se administra y cubre los gastos de la defensa, además de otra serie de gastos.

Producto pensado para ejecutivos y administradores

Un seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos es un producto especializado que debe apostar por coberturas adaptadas a los riesgos que corren los altos directivos y administradores de empresas. Además, debe ser lo suficientemente completo como para que no sea necesario contratar coberturas adicionales que encarecen la póliza. Este seguro, además, se debe adaptar al cliente, a sus necesidades, dependiendo del puesto de trabajo que desarrolle y el sector en el que se desarrolle, buscando siempre la mejor protección.

Coberturas de un seguro para directivos

Básicamente, un seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos debe tener cubiertas tres grandes áreas: los perjuicios ocasionados por el directivo a terceros, los perjuicios ocasionados por la entidad a terceros por infringir prácticas laborales, y los perjuicios ocasionados por la entidad a terceros.

En ese sentido la póliza debe cubrir costes, honorarios legales, así como los gastos necesarios para que el alto directivo o el gestor pueda establecer su defensa en casos de reclamación. Igualmente, se deben cubrir los gastos de reputación, es decir, los costes de una agencia de marketing o comunicación que asesore y ayude a restaurar la imagen del directivo y de su empresa.

Reclamaciones e indemnizaciones

Si se pierden demandas relacionadas con reclamaciones por contaminación, actuaciones incorrectas en materia de empleo y de contratación, o reclamaciones por incumplir normas en protección de datos, el seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos debe responder abonando cualquier pérdida derivada de estas reclamaciones. Lo mismo ocurrirá cuando se condene al directivo o administrador por cumplimiento indebido de una obligación de la póliza. El seguro deberá pagar la indemnización económica obligatoria, así como las indemnizaciones que establezca la Agencia Tributaria.

Cometer un error en una decisión estratégica puede dejar a un administrador o alto ejecutivo en una posición complicada, también el incumplimiento de la legislación o la política interna de contratación son decisiones que conlleva mucha responsabilidad, y en las que se pueden incurrir en faltas. Por eso es importante que las personas que desarrollan su trabajo en estos puestos de tanta responsabilidad se sientan cubiertas y seguras, ocurra lo que ocurra por sus decisiones.

Fianzas, multas y sanciones

De hecho, un seguro de responsabilidad civil de administradores y directivos debe poder hacerse cargo de las fianzas que se interpongan por la responsabilidad civil del alto directivo o gerente de la empresa, igual que deben proteger y cubrir las cantidades por multas o por sanciones administrativas interpuestas por las autoridades públicas.

Estos seguros especiales también están dirigidos a los herederos, parejas de hecho o cónyuges de administrativos, directivos o consejeros empleados que ejercen funciones administrativas en una entidad. También interesa a directores que ejerzan sus funciones de forma temporal en la entidad, así como a los abogados internos que formen parte de los servicios jurídicos, entre otros.