Ciudadanos marroquíes y medios melillenses denuncian que una cifra importante de los votos por correo, supuestamente comprados por una organización criminal para adulterar el resultado de las elecciones del 28-M podrían encontrarse en la península y que habían salido de la ciudad autónoma a través de Marruecos, en concreto del aeropuerto de Nador.

En cualquier caso, la emisión de estos sufragios en cualquier punto, dadas las instrucciones emitidas por la Junta Electoral Central (JEC), al requerir la presentación del DNI del que lo hace, complica enormemente lo que se presentaba como un gigantesco fraude electoral, que podría haber adulterado el resultado hasta en seis representantes, en favor de una u otra formación, sobre un total de 25 que conforman la Asamblea. “A alguien se le ha ido la mano esta vez”, se comenta en la ciudad, donde siempre ha existido el problema de compra de votos y, de hecho, dos líderes de Coalición por Melilla (CPM) y el PSOE están condenados por ello.

Al descubrirse el “pastel”, que afectaba a casi el 20% del censo y adoptarse las medidas precisas para evitarlo (la citada de la JEC y la vigilancia de las Fuerzas de Seguridad de la frontera, el puerto y el aeropuerto), el posible fraude parece, sobre el papel, evitado, pero, simultáneamente, ha crecido la crispación.

Ha llamado la atención que desde CPM se haya pedido, en reiteradas ocasiones, la suspensión del proceso electoral, lo que no conlleva ninguna acusación contra ellos, pero que, inevitablemente, ha puesto el foco de la atención sobre esta formación ya que parece considerarse como la más perjudicada por unas medidas que sólo pretenden garantizar la pureza del proceso electoral.

Incluso, este fin de semana se ha producido algún incidente en la Cañada de Hidun, un barrio mayoritariamente ocupado por musulmanes y en el que se han realizado numerosas operaciones anti yihadista y contra el narcotráfico. Al parecer, una caravana de CPM tuvo un enfrentamiento con algunos ciudadanos que mostraron su voluntad de votar al PP.

Las investigaciones del supuesto fraude, ya judicializadas, las lleva a cabo la Policía Nacional y se cree que no tardarán en dar resultados. Melilla es una ciudad de 12 kilómetros cuadrados, en la que se conoce todo el mundo, y lo que hoy son sospechas que corren de boca en boca pronto pueden convertirse en evidencias que puedan ser presentadas ante la autoridad judicial.

Preocupa la gran cantidad de dinero que ha movido la presunta organización criminal que ha liderado todo esto (se ha llegado a hablar de un millón de euros) y la procedencia del mismo, que algunos sitúan en el mundo del crimen. En cualquier caso, conjeturas hasta que no haya resultados policiales.

El procedimiento era tan sencillo como acudir a las zonas donde viven las personas más vulnerables económicamente, como la citada Cañada, y pedirles que solicitaran el voto por correo. Una vez que recibían el sobre con las papeletas y el certificado necesarios para emitir el sufragio, se lo compraban a cambio de entre 50 y 200 euros; metían el voto del partido al que en fu ción del cual actuaban y, como no era necesaria la presentación del DNI, los miembros de la organización criminal lo hacían, o lo pretendían hacer, con auténticas “sacas”. Se han detectado entregas de hasta 10 votos a la vez.

Pero, una vez tomadas las medidas electorales y policiales, el fraude se ha complicado de manera enorme. La pregunta es obligada. ¿Qué va a ocurrir con los 10.786 votos que se pueden emitir por correo, al haber sido solicitados, y que aún no han sido depositados en las oficinas de Correos? ¿Están, en su mayoría, en manos de sus legítimos propietarios o, como se sospecha, en manos del grupo criminal? ¿Buscarán alguna forma para que puedan ser emitidos por sus legítimos titulares o se irán directamente a la abstención? ¿Cómo “repatriar” los que se han mandado a la península?

Se considera que, de las 11.000 solicitudes, al menos un millar son de “buena fe”, de personas que el día 28 van a estar ausentes de la ciudad o que, al estar censadas, viven fuera de la misma.

Una medida eficaz para ayudar a las investigaciones, según fuentes conocedoras del asunto, es que los votos por correos sean depositados, en el momento del recuento, en otra urna ya que, sin que se rompa el carácter secreto del sufragio, se pudiera determinar a qué partidos van dirigidos y si uno sale más beneficiado que otro, según fuentes melillenses.

En cualquier caso, la crispación ha crecido en la campaña y, tanto el PP como la delegada del Gobierno han anunciado iniciativas legales contra el dirigente de CPM, Mustafá Aberchan (que no ha podido presentarse a las elecciones al estar condenado precisamente por un asunto relacionado con la compra de votos) si no se retracta de las acusaciones de grueso calibre que ha formulado.

Precisamente, el candidato del PP a la Presidencia de Melilla, Juan José Imbroda, ha animado a Aberchán, a irse por su bien, ahora que todavía está a tiempo. También le invitó a parar ya y a dejar de echar suciedad al resto porque todo el mundo sabe en qué se ha convertido CpM.

En opinión de Imbroda, lo que está pasando con el tema de la compra del voto por correo en Melilla representa “la quiebra de un sistema y una época” y recordó que estas no son las primeras elecciones en las que los carteros tienen que repartir documentación electoral custodiados por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “Esto es el final”, dijo situando el comienzo quince años atrás. “Es una cosa consolidada, trabajada y con muchos medios financieros detrás”, insistió, informa “El Faro de Melilla”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        La Razón