La exconsejera catalana y eurodiputada Clara Ponsatí no ha acudido a su cita de este lunes a las 11.00 horas en el Tribunal Supremo (TS), donde estaba previsto que el instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, le comunicara su procesamiento por un delito de desobediencia por el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, justificando su ausencia en que este 24 de abril tiene trabajo en el Parlamento Europeo.

El magistrado de la Sala de lo Penal del TS citó a Ponsatí después de que el pasado 28 de marzo se presentara en Barcelona desoyendo su obligación de comparecer ante la sede judicial para que Llarena pudiera comunicarle su procesamiento, tomarle declaración y continuar así con el procedimiento penal, paralizado hasta entonces por encontrarse prófuga en Bruselas.

Ese día, tras ser detenida por los Mossos d’Esquadra y llevada ante un juzgado de guardia de Barcelona, en virtud de la orden de detención nacional que tenía vigente, Llarena acordó dejarla en libertad y citarla para este lunes.

Sin embargo, llegadas las 11.00 horas no ha comparecido, algo que su defensa ya había avanzado en un escrito presentado poco antes en el que alega “el hecho notorio” de que las comisiones de Industria, Investigación y Energía y la de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, de las que Ponsatí es miembro, tienen sesiones convocadas hoy en Bruselas, algo “incompatible con cualquier compromiso de cualquier índole a cientos de kilómetros de Bruselas”.

Ponsatí es miembro titular de la Comisión de Industria, Investigación y Energía (ITRE), que tiene reunión este lunes por la tarde, a partir de las 15.00, y miembro suplente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON), que retoma su actividad tras la sesión plenaria de la semana pasada este lunes a partir de la misma hora.

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, su defensa insiste además en que, “una vez iniciado el procedimiento de amparo de los privilegiose inmunidades” de Ponsatí, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) “obliga al magistrado instructor a suspender el procedimiento judicial, de conformidad con el principio de cooperación leal”, y, en consecuencia, a “dejar sin efecto la citación”.

A ello la defensa suma que “están pendientes de resolución diversos recursos que corroboran la ilegalidad del presente procedimiento, la vulneración de distintos derechos fundamentales y que acreditan que ni el magistrado instructor ni la de esta Sala de lo Penal del TS son el tribunal establecido previamente por la ley”.

Su abogado, Gonzalo Boye, había anunciado esta misma mañana en TV3 que Ponsatí no se presentaría en el Tribunal Supremo. “No sé si está de camino a Bruselas o ya está allí”, ha dicho. La propia eurodiputada ha publicado minutos después un ‘tweet’ con unas imágenes en el que dice: “Llueve en Flandes”.

Quedaría libre

Fuentes jurídicas consultadas indican que, tras este plantón, Llarena podría volver a la situación anterior al 28 de marzo, reactivando la orden de detención nacional y la declaración de rebeldía.

En cualquier caso, cabe recordar que el juez dejó sin efecto las órdenes de busca y captura europeas e internacionales contra Ponsatí y los demás prófugos del 1-O, precisando que ya solo podría reactivarlas para el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros Toni Comín y Lluis Puig, porque tras la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación eran los únicos imputados por delitos que conllevaban cárcel.

Otro posible escenario es que, atendiendo a la justificación dada por la defensa de Ponsatí, Llarena le dé una segunda oportunidad fijando nueva fecha para la declaración indagatoria.

Las fuentes subrayan que, si Ponsatí compareciera voluntariamente, el instructor del ‘procés’ seguiría los mismos pasos que con la exdiputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel y la ex consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Meritxell Serret.

Serret se presentó en el Supremo en marzo de 2021 desde Bruselas y Gabriel lo hizo el pasado julio procedente de Suiza. Entonces, el magistrado les comunicó su procesamiento y las dejó en libertad citándolas para la declaración indagatoria. Tras prestar declaración, ambas siguieron en libertad.

En el caso de Gabriel, el más reciente, poco después el instructor del ‘procés’ puso fin a la investigación y la Sala de lo Penal envió la causa a la Audiencia Provincial de Barcelona al considerar que es el órgano competente, dado que la ex diputada de la CUP ya no goza de la condición de aforada.

Sin embargo, en este extremo la situación de Ponsatí es distinta. Su condición de eurodiputada sitúa la competencia en el Tribunal Supremo, salvo que deje el cargo antes de que se abra juicio oral.

Beneficiada por la reforma penal

El horizonte penal de Ponsatí se despejó tras la entrada en vigor el pasado 12 de enero de la reforma penal que derogó la sedición y modificó la malversación, obligando a Llarena a revisar el procesamiento de los huidos del ‘procés’.

Hasta ese momento, la exconsejera estaba procesada por sedición, por lo que la desaparición de este delito -penado con entre 10 y 15 años de cárcel e inhabilitación- propició que Llarena lo sustituyera por el de desobediencia, castigado con multa de 3 a 12 meses e inhabilitación de 6 meses a 2 años.

Aunque tanto Fiscalía como Abogacía del Estado solicitaron al instructor que sumara el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, con penas de 3 a 5 años de cárcel y 6 a 8 de inhabilitación, Llarena lo rechazó.