Europa está evolucionando bajo una fuerte presión en sus cimientos demográficos, sociales, políticos o religiosos. Según una proyección de Eurostat, el porcentaje de personas de 80 años o más en la población de la Unión Europea se multiplicará por 2,5 entre 2019 y 2100 y pasará del 5,8% al 14,6%, lo que indica que el envejecimiento es alarmante y creciente.

Sin embargo, estamos observando cómo la población más joven de origen migrante, ocupa cada vez mayores puestos de trabajo y de responsabilidad en sectores como la política, el deporte, la seguridad, servicios etc.

En Gran Bretaña, por ejemplo, el primer ministro es de origen hindú, el Alcalde de Londres de origen pakistaní, al igual que el primer ministro de Escocia también es musulmán. En Francia o en España, cada vez se incrementa más la presencia de nacionales de origen marroquí o argelino en los cuerpos policiales o incluso en el ejército y en la política. Otro tanto se puede decir en el ámbito del deporte, las tecnologías, turismo, agricultura etc, donde la participación de estos ciudadanos en el conjunto de la Unión Europea, es cada vez mayor.

Es evidente que en Europa se está produciendo una integración generacional de la población que legalmente se ha venido asentado procedente de terceros países, llegando a alcanzar puestos de máxima responsabilidad, a la vez que son un elemento imprescindible para garantizar nuestro sistema productivo y el de la seguridad social. ¿ Se está alterando la original identidad cultural y religiosa de Europa ante este imparable movimiento migratorio…? El problema surge en los Estados miembros que, como España, arrastran graves problemas en su demografía, productividad y endeudamiento, lo que la sitúan en el vagón de cola de la Unión Europea y en la urgente necesidad de un crecimiento de su población activa.

Recientemente en un encuentro con la primera ministra de Italia, Pedro Sánchez, volvió a utilizar el lenguaje recurrente, ampuloso y vacuo para referirse al grave problema de la emigración, como que “ya se acepta que es un problema común” (desde las cumbre de Tampere de 1999 se viene diciendo lo mismo) o de la “necesidad de apoyar a los países de origen y tránsito”, vieja cantinela que se repite en las diferentes cumbres, foros y encuentros sobre la cuestión migratoria. y que solo sirve para engrosar con millones de euros a países que, como Marruecos, utilizan la emigración como un arma de presión sobre nuestras fronteras.

Lo cierto es que nuestras costas del sur de Europa, especialmente las de Andalucía, Canarias, o las de Italia siguen convirtiéndose con frecuencia, en el trágico cementerio de miles de seres humanos que huyen de la miseria, de la pobreza y de la escasez de oportunidades que les ofrecen sus países subsaharianos o del norte de África.

Si a esto le añadimos la gran incertidumbre que provoca la guerra de Ucrania que ha sorprendido a la Unión Europea sin una política exterior y de defensa comunes, se hace evidente que los Estados miembros de la Unión deben articular un nuevo proyecto político para afrontar, junto a los nuevos retos de seguridad y defensa, los cambios demográficos, sociales o culturales que son ya una realidad.