La mayoría de ciudades españolas no prevén hacer una consulta sobre la prohibición de los patinetes de alquiler similar a la que se ha realizado en París esta semana, con la excepción de Barcelona y Valencia, donde las empresas que ofertan este servicio no están permitidas.

El director general de Tráfico, Pere Navarro, cree que es necesario incidir en la regulación de los patinetes eléctricos, pero advierte de que “estamos en una época excesivamente prohibicionista” y opina que si en las ciudades españolas se hiciera un referéndum como el de París, el resultado sería también mayoritariamente en contra de las empresas de alquiler.

En Madrid, el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado la participación “ínfima” (7,9 %) en el referéndum parisino y ha dicho que no “comparte” que la “solución” respecto a los patinetes sea “prohibir”, como “suele hacer la izquierda”.

De igual manera, en Zaragoza el equipo de gobierno PP-Ciudadanos descarta también convocar una consulta, puesto que ya existe un reglamento para la circulación de este tipo de vehículos y, según aseguran, ante los problemas que generaban los patinetes mal aparcados, crearon miles de plazas de aparcamiento en calzada para bicis, motos y Vehículos de Movilidad Personal.

En Sevilla, la única operadora de estos vehículos (Voi) que hay en la ciudad tampoco teme que los resultados del referéndum de París afecten a su flota.

Según han explicado desde la compañía a EFE, esta situación no debería extrapolarse a la capital andaluza debido a las diferencias entre el mercado francés y el español, a lo que se suma un aumento del uso y la popularidad de este transporte en la ciudad hispalense en los últimos tiempos.

La polémica en torno a los patinetes eléctricos de alquiler, su mal uso y los accidentes, han dado lugar a que en ciudades como Barcelona o Valencia no estén permitidas las empresas que arrendan estos vehículos.

El alcalde de la capital, Joan Ribó, ha asegurado que el consistorio no los permite desde 2019 porque “a veces no puedes ni andar por la calle porque están todos tirados por ahí” y, respecto al resultado del referéndum de París, ha celebrado que la capital francesa “se va a parecer” a su ciudad con la prohibición del alquiler de estos vehículos.

En Valladolid no se ha llegado a prohibir el uso de los patinetes, pero el Ayuntamiento estrenó hace apenas dos meses su nuevo servicio de alquiler de bicicletas municipal, que pretende que los usuarios de los patinetes eléctricos abandonen ese medio de transporte y lo sustituyan por las bicis.

Quejas en diversas ciudades

Sin embargo, también hay ciudades en las que el uso de patinetes eléctricos de alquiler ha generado repetidas quejas por parte de los vecinos.

En el caso de Santa Cruz de Tenerife, ha habido protestas sobre todo por la práctica de algunos usuarios de dejarlos abandonados sobre las aceras, un hecho que puede ser sancionado con 100 euros.

Y en Palma de Mallorca existe una cierta polémica con los patinetes de uso personal, ya que hay usuarios que circulan por las aceras en lugar de hacerlo por los carriles bici, como denuncia una plataforma de viandantes afectados por el uso incorrecto de estos patinetes.

Una misma normativa pero con particularidades en algunas ciudades

El 2 de enero de 2021 entró en vigor el Real Decreto que establece la normativa de los Vehículos de Movilidad Personal, entre los que se encuentran los patinetes eléctricos (de alquiler y uso personal), aunque cada municipio tiene sus propias ordenanzas que los usuarios deben cumplir.

Por ejemplo, los ayuntamientos de Benidorm, Palencia, Pozuelo de Alarcón (Madrid), Córdoba o Mahón (Menorca), han exigido que los usuarios tengan un seguro de responsabilidad civil, algo que no se requiere en el resto de España.

Hay también diferencias en la edad mínima para su uso, ya que, según sus ordenanzas municipales, en Madrid y Sevilla la edad mínima es de 15 años, mientras que en Barcelona es de 16.

Además, la polémica por el mal uso de estos vehículos ha llevado que en ciudades como Vitoria grupos políticos como el Partido Popular estén pidiendo que se regule más su uso y se establezcan sanciones específicas ante la proliferación de estos vehículos.