El gobierno italiano, comandado por la primera ministra Giorgia Meloni, resolvió prohibir de manera temporal a ChatGPT, el chatbot de OpenAI que utiliza matrices de inteligencia artificial para responder preguntas, por infringir las normas de GPDP (Garantía de Protección de Datos Personales), en el marco de una investigación acerca de su recopilación ilícita de información sensible de los usuarios.

Según Roma, la manera de recopilar datos de ChatGPT va en contra de los artículos 5, 6, 8, 13 y 25 de la normativa. La disposición es de carácter temporal y regirá hasta que la empresa se adecúe al Reglamento General de Protección de Datos que rige en toda la Unión Europea.

El chatbot de nueva generación ha despertado la polémica en los últimos días por una carta de Elon Musk y otros expertos que advierten los potenciales peligros de la inteligencia artificial, pero más importante, por la utilización ilegal de los datos personales de quienes usar la herramienta.

En los últimos días se conoció que el bot sustrae datos sensibles como nombre y apellido, dirección de correo, redes sociales, y si se realizaran pagos, los últimos cuatro dígitos de la tarjeta de crédito y la fecha de expiración; y los envía a servidores no declarados.

ChatGPT aseguró que esto fue una “falla” en el sistema, y afirmó que solo se vieron afectados un 1% de sus usuarios registrados en ChatGPT Plus. Según la empresa, si bien es cierto que se filtraron los cuatro últimos números de las tarjetas de crédito, en ningún caso se pudo divisar el número completo.

Esto ocurrió a nivel mundial, y mientras las leyes en Estados Unidos u otros países del mundo no permiten una restricción de la aplicación por esto, al menos que se demuestre un perjuicio contra los usuarios, en la Unión Europea existen leyes que permiten avanzar sobre la empresa por esta situación.

Si bien otros países europeos decidieron no hacer nada ante esta vulneración legal, el gobierno de Meloni, comprometido con la protección de sus ciudadanos frente a las peligrosas acciones de las empresas tecnológicas, resolvió la prohibición de la herramienta en su país.

Según el ente regulador, “no se proporciona ninguna información a los usuarios, ni a los interesados cuyos datos han sido recopilados por OpenAI, L.L.C. y procesados a través del servicio de ChatGPT“.

Señala también “la ausencia de una base jurídica adecuada en relación con la recopilación de datos personales y su tratamiento con fines de formación de los algoritmos subyacentes al funcionamiento de ChatGPT“.

Denuncian, además, la falta de verificación de edad en el sistema, a pesar de asegurar en sus propias Bases y Condiciones que está restringida para los menores de 13 años.