Se recrudece la guerra entre el Gobierno de Sánchez y la constructora Ferrovial
Nuria López.- La actualidad económica en España está marcada por el anuncio de salida del país de Ferrovial, una multinacional dedicada a la construcción de grandes infraestructuras energéticas o de movilidad, como autopistas, aeropuertos, entre otras obras.
La compañía informó que su filial en los Países Bajos absorberá a la matriz española, lo que en la práctica significa trasladar su sede a la nación neerlandesa.
Tras el anuncio, distintos ministros del Gobierno de España han criticado duramente la decisión, mientras que desde la oposición política y desde el ámbito corporativo se habla de “demonización” del empresariado por parte del Ejecutivo.
¿Por qué se ha tomado esta decisión?
Según la compañía, la reorganización empresarial responde a la internacionalización creciente de Ferrovial, puesto que en 2022 el 82 % de los ingresos y alrededor del 96 % del valor de los fondos propios ya procedían de su negocio internacional.
Sostiene que la cabecera del grupo seguirá cotizando en España, además de en Países Bajos, y que el empleo, actividad e inversiones se mantendrán intactos en el país ibérico y “sin impacto fiscal relevante”.
La firma ha recalcado que el principal motivo de la salida no es tributario, sino la búsqueda de un entorno de mayor seguridad jurídica, algo que ha indignado a buena parte del Consejo de Ministros.
El último capítulo de un enfrentamiento
El caso de Ferrovial es el último capítulo de un enfrentamiento creciente entre el Gobierno presidido por Pedro Sánchez y líderes empresariales.
Si la legislatura comenzó con un pacto que llegó a calificarse de histórico entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios, con la subida del salario mínimo interprofesional de un 22 % y la suscripción de más de una docena de acuerdos, parece que esta etapa se ha acabado.
La última subida del salario mínimo, de un 8 %, aprobada en enero ya no contó con la participación de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la patronal de los empresarios, que al final incluso se negó a participar en las negociaciones.
Además, en los últimos meses se han producido diversas declaraciones de responsables ministeriales instando a una subida impositiva a ciertos sectores, como el de los hidrocarburos o la electricidad, sosteniendo que se estaban beneficiando de la subida de precios provocada por el conflicto ucraniano y que, por lo tanto, deberían aportar más a la sociedad.
Las críticas del Gobierno
Ahora las palabras de los miembros del Gobierno se han endurecido. “Creo que en España hay ejemplos extraordinariamente positivos de grandes empresarios comprometidos con su país. Creo que no es el caso del señor Del Pino”, afirmó Pedro Sánchez.
Por otra parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en la Cadena Ser calificó este jueves la decisión de la compañía de “nefasta”. “Ferrovial se acogió a varios ERTEs [Expedientes de Regulación Temporal de Empleo] en nuestro país y los hemos salvado con dinero público. Estoy en total desacuerdo con esta decisión”, expresó la ministra de Unidas Podemos que cree que la empresa está “enviando un mensaje muy negativo” y que no se puede permitir que haya “paraísos fiscales en Europa”, aludiendo al tema fiscal que estaría en el centro de la decisión de Ferrovial a su parecer.
Quizá la más dura ha sido la secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra: “No hay nada más antipatriota que aprovecharte de las ayudas públicas que se pagan con los impuestos de todos los ciudadanos cuando las cosas te van mal y cuando te van bien irte a un paraíso fiscal para no pagar impuestos y no pagar lo que te corresponde”, afirmó.
En este sentido, Belarra ha anunciado que su formación presentará una iniciativa en el Congreso de los Diputados “para evitar la deslocalización de empresas que hayan recibido ayudas públicas”, proponiendo que si se van “tengan que devolver cada uno de esos euros que han puesto cada uno de los españoles y españolas para mantenerlas a flote”.
Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño, considerada parte del ala más conservadora del Gobierno, manifestó en la televisión pública que la decisión produce “rechazo y falta de comprensión”, “teniendo en cuenta que es una empresa que le debe todo a España, que ha nacido y crecido gracias a la obra pública financiada por todos los contribuyentes españoles”. Además, resaltó que ocurre en un momento “en el que España está atrayendo más inversión internacional que nunca”.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comentó, también en la televisión pública, que “qué mala es la codicia a veces” y sostuvo que le parece que hay “una motivación cortoplacista de arbitraje fiscal”.
Defensa empresarial y de la oposición
Desde la parte empresarial, el presidente de la CEOE, Salvador Navarro, ha respaldado lo que define como “una decisión de estrategia de una empresa” con cerca de 5.500 empleos en España. Además, en su opinión el motivo es la mejor calificación crediticia de Países Bajos de cara a asaltar el mercado norteamericano.
“No acabamos de entender que últimamente desde el Gobierno haya una demonización del mundo empresarial”, argumentó, unos términos que ya han sido utilizados en varias ocasiones en los últimos tiempos por representantes de la CEOE.
El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), ha calificado la situación de “desgobierno” y la decisión de la compañía de una “muy mala noticia para España”. Además, en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, ha reprobado las palabras de Sánchez “insultando al presidente de la compañía”, provenientes de quien debería “solucionar el problema y no incendiar el problema”.
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, señaló que hay que respetar las decisiones de las empresas y sostuvo que la vicepresidenta debería preguntarse si ha hecho algo para que se quede la compañía o para empujarla a irse.
La polémica llega en el arranque de un superaño electoral, con comicios municipales y autonómicos en mayo y elecciones nacionales a finales de 2023. Mientras el Gobierno saca pecho de sus logros económicos tras sortear la pandemia de coronavirus y las consecuencias del conflicto bélico en Ucrania, la oposición exprime la elevada inflación y el descontento de parte del empresariado.
