El país se encuentra agitado con la marcha de Ferrovial de España, el operador de infraestructuras y una de las principales empresas españolas que pasará a ser holandesa, tal y como ha señalado su propio presidente Rafael del Pino. Además, él mismo ha comunicado que pasarán a cotizar en el mercado estadounidense.

La intención de Ferrovial

Pero, ¿qué intención tiene Ferrovial llevando a cabo este movimiento? Proteger y facilitar la expansión internacional y el crecimiento de la compañía mediante un entorno más estable, desde el punto de vista legal, con mayores oportunidades para obtener financiación, y un ambiente fiscal que sea más favorable o estable, más o menos”, señalaba. Sin embargo, el Gobierno no lo ve igual. Por eso acusa a los accionistas de ser malos españoles, obviando que el 90% de su valor en Bolsa procede del extranjero. El Gobierno le recuerda a Ferrovial que se lo deben todo a España, refiriéndose a la administración como si los contratos hubieran sido un regalo y no un concurso público. Entiendo que sus condiciones y garantías fueron las idóneas cuando se lo concedieron y, por eso, obtuvieron las licitaciones que ejecutaron correctamente”, explicaba.

Y el Gobierno amenaza con adoptar medidas contra una decisión legítima que busca lo mejor para sus inversores y accionistas. Y eso es algo que, si no has trabajado en tu vida en el sector privado, no lo puedes entender. Otra cosa sería saber qué quiere decir con adoptar medidas, porque suena fatal.

El 82% de sus ingresos, en el 2022, provienen de Estados Unidos, Canadá, Polonia y Reino Unido principalmente, y luego ya viene el resto. Están vilipendiando a una compañía con proyectos como la Interestatal 35, que cruza de norte a sur de Estados Unidos, el metro de Sidney, la reforma del aeropuerto de Heathrow, la autopista 407 de Canadá o el mismísimo túnel bajo el Támesis. No es cualquier cosa. Pero estamos en manos de gente que le produce urticaria la generación de capital, de ahorro, la propia inversión. Una alergia que solo se les calma con gasto, impuesto, déficit y deuda, como hemos visto estos últimos dos años.

Las empresas preparan su fuga de España por los costes y la inseguridad jurídica

Según cuenta El Economista, en los últimos meses se han disparado las consultas que compañías de todo tipo, pero especialmente las vinculadas al sector servicios, hacen llegar a los principales despachos de abogados de nuestro país, según confirman a elEconomista.es en fuentes del sector.

Las inquietudes de las empresas se deben a factores diversos, empezando por el impacto económico en los costes de la subida de impuestos y cotizaciones, que ha agravado el impacto de la inflación en sus cuentas. Pero tampoco ayuda, en el ámbito laboral, las continuas declaraciones del Gobierno sobre los salarios, el encarecimiento del despido y la revisión de las indemnizaciones.

Mientras las empresas aún intentan adaptarse a la nueva reforma laboral, el anuncio de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a iniciar una nueva revisión de la misma, bajo el eufemismo de ‘modernización del Estatuto de los Trabajadores’, ha sido la chispa que faltaba para encender una sensación de inseguridad jurídica que afecta a la la toma de decisiones.

A esto se suma, que después de la pandemia, el establecimiento en países con un coste laboral mucho más reducido ha vuelto a ganar atractivo. Pero no solo para la fabricación de productos, sino para la prestación de todo tipo servicios gracias a los cambios introducidos por la digitalización.

Y es que las nuevas tecnologías plantean un nuevo paradigma para la deslocalización. El ejemplo paradigmático son los call center. Si hace unos años, el idioma era la principal barrera no solo para coordinar los equipos de trabajo, sino para comunicarse con los clientes, las comunicaciones electrónicas y la digitalización de los procesos, han cambiado el panorama.

Esto explica que este tipo de servicios, que han sufrido una profunda transformación durante estos años, sean la punta de lanza de este nuevo éxodo empresarial que ahora señala en el mapa a China, Pakistán e India.

El impacto en términos de empleo no es pequeño: hay que tener en cuenta que todo tipo de empresas, desde el sector financiero al elearning y, por supuesto, la logística o el comercio electrónico pivotan sobre la atención al cliente y cada una emplea o subcontrata equipos de decenas a cientos de personas.

‘Dumping’ social y digital

Pero los call center son solo una parte del problema. Y no la más preocupante. En un contexto de guerra abierta por el talento tecnológico en Europa, el auge del nomadismo se traduce en que los españoles optan por trabajar para empresas extranjeras en remoto.

Una situación que recuerda a la vivida por la industria hace décadas, cuando los grandes fabricantes deslocalizaron la producción a Corea o China, pero que ahora se ve afectada porque la digitalización hace mucho más fácil afrontar estos desplazamientos.

Esto no solo se traduce en un caso claro de “dumping social” respecto a países con peores condiciones laborales y legislaciones más laxas, sino que deja fuera a España fuera de mercado en cada vez más sectores y servicios, según advierten los expertos.

La receta para contrarrestar es clara: ofrecer servicios de alta calidad y especializados que aportan valor a la economía y, ante todo, no se puedan deslocalizar fácilmente. Esta falta de alternativas de la economía española la hace especialmente vulnerable a esta evolución.

Pero mientras seguimos a la espera de esas grandes reformas estructurales y del modelo productivo, lo que va a provocar a corto plazo es una fuga de empresas.

La barreras de la reforma 

¿Cuál será su impacto en el empleo? Según explica Borja González Elejabarrieta, consejero de Laboral de Gómez, Acebo & Pombo, que hay que analizar “caso por caso”, ya que “desde un punto de vista legal”, el “mero deseo” de tratar de reducir los costes de producción no justificaría por sí sólo la decisión de cerrar o reestructurar la filial en España.

Además, para proceder al despido de toda o parte de la plantilla es necesario que concurran causas económicas, productivas, técnicas u organizativas “en los términos exigidos por la legislación española”. En este punto, sigue imperando lo regulado por la reforma laboral de 2012, ya que la impulsada en 2022 no lo ha modificado, aunque ha reforzado alternativas como los ERTEs o la activación del Mecanismo RED.

La directora de laboral de Andersen, Raquel de la Viña, recuerda que las causas que obligan a la restructuración más habituales son las económicas y en las productivas y organizativas. “Las causas tecnológicas son las que menos se dan”, recuerda.

Asimismo, los procesos de despido colectivo están tasados e introducen la obligación de que las empresas obliguen a ofrecer un plan de recolocación externa, con el coste correspondiente.

Además, en el caso de los despidos de mayores de 50 años conlleva “obligaciones adicionales” como las aportaciones al Tesoro Público o la realización de un convenio especial de Seguridad Social. “Todo ello, por supuesto, suma coste a la restructuración”, explica de la Viña.

Pero el efecto disuasorio puede verse neutralizado por un horizonte de cambios legales que el Gobierno quiere llevar a cabo en la recta final de la Legislatura. La intención de calra de Díaz de encarecer aún más estas trabas puede acelerar los procesos de las empresas puede tener el efecto contraproducente de acelerar la toma de decisiones.

“Este cambio constante crea una inseguridad jurídica que no favorece ni incentiva a empresarios ni empresas a mantenerse o instalarse en el mercado español”, incide De la Viña.