Resultados de la reforma laboral del Gobierno de Sánchez: el paro volvió a crecer y ya alcanza el 13,1%
La reforma laboral del Gobierno socialista de Pedro Sánchez demuestra cada vez más indicios de fracaso. Los resultados prometidos no aparecieron, y en cambio se produjeron las consecuencias tan temidas por los analistas: el atentado contra los incentivos para la contratación formal.
Aunque la actividad económica se recuperó mayormente por el shock de la pandemia, el paro dejó de caer en junio del año pasado, y desde julio se mantiene en alza mes tras mes. El desempleo saltó del 12,6% en julio de 2022 al 13,1% en diciembre y se espera un nuevo repunte para enero de este año, según las estimaciones sobre la serie trimestral del indicador.
Los resultados prácticos de la reforma fueron abiertamente contrarios a los que pretendía generar. A pesar de su impronta “progresista e inclusiva”, la desocupación femenina fue la más damnificada por las regulaciones y aumentó al 14,8% en diciembre de 2022.
La Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE) estima que la duración media de los contratos en España actualmente alcanza los 46 días, lo que representa una caída del 11% en comparación al promedio de 2021 (antes de la reforma). De hecho, es el peor resultado registrado sobre la serie del INE desde el año 2006.
La temporalidad y la precariedad del trabajo es cada vez más elevada, y es históricamente alta a pesar de todas las regulaciones impuestas desde enero de 2022. La reforma generó el efecto opuesto al que pretendía arribar: El endurecimiento regulatorio desalentó las nuevas contrataciones, y de producirse, los nuevos contratos se renuevan menos o prevén menores períodos para la efectividad de la relación laboral.
Todas estas mediciones habían mejorado con la reforma laboral del año 2012, pero el Gobierno de Sánchez decidió dar marcha atrás con algunos de los lineamientos más importantes del programa lanzado en aquel año.
La reforma laboral del socialismo español
La ley de Sánchez eliminó por completo los contratos por obra y servicio, contratos flexibles que resultaban exitosos para paliar la desocupación. En su lugar, fueron introducidas dos nuevas modalidades menos flexibles: el contrato “estructural” y el de “sustitución”, con duraciones arbitrariamente fijadas por el Estado.
También fueron endurecidos todos los requisitos para la aplicación a contratos laborales de aprendizaje y “formación profesional”. La edad máxima para aplicar a estos contratos fue rebajada a los 30 años, la duración limitada hasta los 2 años, y las retribuciones fueron atadas a los convenios colectivos en lugar de la negociación individual.
Se penalizó severamente la negociación por convenio de empresa e impone por la fuerza la generalización de las negociaciones colectivas. En este sentido, la reforma garantiza y ordena que cualquier convenio sectorial (por rama de ocupación) prevalezca por sobre cualquier convenio por empresa.
La “ultra-actividad”, es decir, la prórroga de convenios laborales ya vencidos ante la ausencia de nuevas negociaciones, dejó de estar limitada y a partir de las reforma puede extenderse indefinidamente.
La reforma laboral del PP establecía un muy permisivo límite de hasta 12 meses para la caducidad de la ultra-actividad, pero ni la tímida flexibilización ensayada en 2012 logró sobrevivir a la voracidad regulatoria del Partido Socialista. Se trata de una regulación obsoleta en la mayor parte de los países del mundo, ya que usualmente las legislaciones laborales modernas suelen reconocer límites estrictos a la ultra-actividad.
