La directora de la Guardia Civil, María Gámez, y el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska

La asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (JUCIL), mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, ha enviado sendas cartas al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y a su equivalente en la Unión Europea (UE), Emily O’Reilly, para que recurran por inconstitucional proyecto de reglamento del Instituto Armado que, según ellos, “trata como desventaja ser varón”.

Se trata de la propuesta que elevó en diciembre al Consejo de la Guardia Civil el Ministerio del Interior y que contó con el voto en contra de los representantes en este órgano del Ministerio de Defensa, al observar una posible inconstitucionalidad en el cambio de la Ley de Personal.

La propuesta incluye una cláusula que, de activarse, haría que las mujeres tengan preferencia sobre los candidatos varones en el acceso a la Guardia Civil si, una vez aprobados, la diferencia de puntos entre ambos no es superior al 15%.

En un comunicado, JUCIL explica que la propuesta “beneficia a las aspirantes mujeres perjudicando a los varones, a los que desplazarían”. Según el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, la medida “resulta gravemente discriminatoria y excede de lo admisible en materia de medidas para promover la igualdad entre mujeres y hombres”.

La asociación profesional recuerda que su pretensión es acudir “a todas las instituciones y organismos que puedan ser competentes o influyentes para conseguir la supresión de esta iniciativa” que avala el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para conseguir aumentar el ratio de mujeres dentro de la Guardia Civil.

La versión de JUCIL es que la incorporación de la mujer es ya “progresiva y va en aumento”. “La mujer puede presentarse a las plazas para el acceso a las distintas escalas de la Guardia Civil en absoluta igualdad con sus compañeros varones, con la única salvedad de contar con una regulación singular en materia de pruebas físicas, existiendo además medidas favorables para la situación de embarazo y maternidad durante las pruebas”, ha añadido Vilariño en su escrito.

“Ninguna mujer que quiera acceder a la Guardia Civil cuenta con prohibición, restricción o limitación legal alguna para hacerlo. Ninguna mujer que quiera acceder a la Guardia Civil cuenta con ninguna desventaja por serlo frente a sus compañeros varones. El principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución se cumple de manera absoluta, rigiéndose el acceso por los principios de capacidad y mérito, como constitucionalmente procede”, razona Vilariño.

JUCIL resalta en sus cartas que la propia Guardia Civil reconoce que cada año acceden más mujeres y que el porcentaje en el Cuerpo se incrementa, “pero aun así desea alterar el curso normal de los acontecimientos para beneficiar a las mujeres que pretendan acceder. “Se pretende legislar que el hecho de ser varón represente una desventaja objetiva para el acceso a la Guardia Civil”, denuncia.