George Soros, un gran donante de causas liberales, gastó al menos 40 millones de dólares en apoyo de candidatos a fiscales progresistas entre 2014 y 2021, según un informe preliminar publicado por el Law Enforcement Legal Defense Fund (Fondo de Defensa Legal para el Cumplimiento de la Ley), con sede en Virginia.

Los fiscales progresistas abogan por reformas de la justicia penal para que se reduzca la población entre las rejas y para que se destinen recursos a programas de tratamiento y rehabilitación. A menudo apoyan a que se dedique un mayor esfuerzo a investigar y perseguir la mala conducta de las fuerzas de seguridad.

En los últimos años, Soros surgió como el financiador más visible del movimiento de fiscales progresistas en el país, donando dinero a organizaciones sin fines de lucro que movilizan el apoyo popular canalizando cantidades de fondos para elegir a fiscales progresistas y apoyar a las organizaciones profesionales que guían la formulación de políticas, según el informe.

Entre 2018 y 2021, Soros y las entidades respaldadas por Soros gastaron casi 20 millones de dólares en apoyo a 40 candidatos a fiscales progresistas en el país, según el informe.

El informe no enumera los 40 fiscales progresistas ni la cantidad de dinero de Soros que se gastó en cada uno.

El director de política del fondo, Sean Kennedy, dijo a The Epoch Times que se publicaría un informe completo en una fecha futura.

Se considera que una entidad está respaldada por Soros si éste fue su única fuente o su principal donante, o si las donaciones de Soros a esa entidad en los ciclos electorales relevantes superaron la cantidad gastada en los candidatos, según el informe.

Una tipo de estrategia común ha sido la creación de los super PAC estatales, que a menudo llevan el nombre de Justicia y Seguridad Pública, para realizar un gasto independiente considerable en apoyo de los candidatos progresistas y para contrarrestar a sus oponentes.

Entre los beneficiarios más destacados se encuentran el fiscal del condado de Los Ángeles, George Gascon; la fiscal del estado del condado de Cook, en Chicago, Kim Foxx; el fiscal del distrito de Filadelfia, Larry Krasner; y el fiscal del distrito de Manhattan de Nueva York, Alvin Bragg, según el informe.

Muchos de los fiscales respaldados por Soros se enfrentan a las protestas de la opinión pública por el aumento de los índices de criminalidad bajo su dirección.

En Los Ángeles, Gascón está inmerso en una fuerte campaña de destitución.

La semana pasada, la campaña de destitución consiguió recoger 567,857 firmas, la cantidad legal requerida para que la destitución se incluya en una papeleta de votos. La campaña sigue recogiendo firmas por temor a que algunas sean declaradas inválidas por los funcionarios electorales. El 6 de julio es la fecha límite para la recogida de firmas.

La semana pasada, tres legisladores republicanos de Pensilvania iniciaron un plan para destituir a Krasner mientras se elevaban los delitos violentos en Filadelfia.

Ellos están en proceso de ponerse en contacto con las víctimas del crimen y redactar artículos de impeachment para ser introducidos en la cámara estatal, según los comunicados de prensa.

Entre 2014 y 2018, Soros y las entidades respaldadas por Soros gastaron 19.3 millones de dólares en las carreras de los fiscales locales, según un texto de la investigación de Los Angeles Times y Marshall Project citado por el informe.

Eso eleva el total de dólares conocidos provenientes de Soros para las elecciones de fiscales a por lo menos 40 millones de dólares en las elecciones pasadas, según el informe, que se basa en múltiples fuentes que incluyen artículos de los medios de comunicación, bases de datos de financiación de campañas estatales y locales, formularios del IRS y declaraciones de organizaciones o informes anuales.

Aparte del dinero para las elecciones, Soros gastó millones en infraestructura política para apoyar los esfuerzos de los fiscales progresistas, incluidas las relaciones con los medios de comunicación, el patrocinio de documentos académicos o de grupos de reflexión, las campañas de lobby y las organizaciones populares, según el informe.

Esta vasta red de justicia penal vinculada a Soros incluye el Centro Brennan para la Justicia, Fair and Just Prosecution y el Instituto Vera de Justicia, según el informe.

En 2018, Fair and Just Prosecution, Brennan Center for Justice y Justice Collaborative desarrollaron un marco para el movimiento de fiscales progresistas titulado los 21 principios para los fiscales del siglo XXI.

Estos principios son recomendaciones de políticas seguidas por los fiscales progresistas de todo el país, que incluyen avanzar hacia el fin de la fianza en efectivo, minimizar los juicios por delitos menores y dejar de procesar a los delincuentes juveniles como adultos.

Según el informe, el dinero de Soros no se limita a apoyar a los fiscales progresistas, sino que se extiende a otras actividades más amplias de reforma de la justicia penal en el país.

En 2014, la Open Society Foundations, respaldada por Soros, donó 50 millones de dólares a la American Civil Liberties Union (ALCU) en apoyo de su campaña nacional para reducir la población carcelaria y penitenciaria, según un comunicado de prensa.

Algunas de las medidas inmediatas adoptadas por ALCU fueron la recopilación de datos sobre los reclusos del estado y la creación de un impulso popular en los estados disputados en 2016.

En julio de 2020, meses después de la muerte de alto perfil de George Floyd en Minneapolis, Open Society Foundations anunció USD 200 millones en fondos para organizaciones en su mayoría lideradas por negros para reformar la policía, reducir la población tras las rejas y eliminar las disparidades raciales en el sistema de justicia penal, según un comunicado de prensa.

Soros fundó Open Society Foundations en 1979 financiando becas universitarias para estudiantes negros en Sudáfrica.

Durante las últimas tres décadas, la fundación ha otorgado subvenciones por valor de USD 18,100 millones en todo el mundo, según sus sitios web.

Law Enforcement Legal Defense Fund, la organización sin fines de lucro que publica el informe, está dedicada a apoyar y defender la profesión encargada en la aplicación de la ley.

La organización también busca educar al público sobre los riesgos y amenazas de la profesión, según su sitio web.

Según su declaración de impuestos divulgada más recientemente, Law Enforcement Legal Defense Fund recaudó 2.783.208 dólares en 2020, el 96 por ciento de donaciones y gastó la misma cantidad ese año, 2.749.319 dólares, distribuyendo aproximadamente el 60 por ciento en educación pública y relaciones con los medios, y el 19 por ciento en defensa legal de oficiales de policía.