El Tribunal Constitucional mantiene la suspensión de su propia reforma tras el recurso del Senado
El presidente del Senado, Ander Gil, en una sesión de control al Gobierno en el Senado, el 21 de diciembre de 2022.
El Tribunal Constitucional (TC) ha ratificado este miércoles por la noche la decisión que tomó dos días antes de suspender la votación en el Senado de dos enmiendas que reformaban la manera en la que se debían renovar los miembros del propio tribunal.
Los once magistrados del TC se reunieron de urgencia este miércoles durante más de tres horas y confirmaron su resolución inicial con los mismos votos con los que se adoptó: seis contra cinco, el bloque conservador frente al bloque progresista.
Recurso del Senado
El Pleno extraordinario, el segundo que convoca el Tribunal Constitucional en apenas 48 horas, llega para dar respuesta al recurso de súplica presentado por el Senado para que se levanten las medidas cautelares decretadas el lunes que conllevaron la suspensión de la votación de las dos enmiendas en el Senado.
Esas reformas se iban a votar en la cámara alta este jueves, y el Senado pretendía que el TC reconsiderara su situación y permitiera que el trámite parlamentario se pudiera llevar a cabo.
El Senado argumentaba, entre otras cuestiones, que el recurso está presentado contra una decisión del Congreso, pero que, sin embargo, la medida cautelar le afecta directamente.
De hecho, la medida cautelar solicitada por el PP era la suspensión de la votación en el Congreso, pero la decisión del TC llegó después de que esa cámara hubiera dado luz verde por mayoría absoluta a las dos enmiendas cuestionadas. En ese contexto, el alto tribunal decidió suspender la posterior votación que debía tener lugar en el Senado.
Asimismo, el Senado también alegaba que la decisión no respetaba la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que establece que sus dictámenes no deben ocasionar “perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona”.
El escrito del Senado también advertía del peligroso precedente que se sienta, toda vez que se abre “la posibilidad de que se pueda utilizar el recurso de amparo como medio para perturbar el ejercicio de la función legislativa de las Cortes Generales”.
Recusaciones
Durante la reunión, antes de tomar la decisión sobre la impugnación del Senado, el TC rechazó las recusaciones presentadas por Unidas Podemos (UP) y por la Fiscalía contra el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano, y uno de los vocales, el magistrado Antonio Narváez.
En el caso de que estos dos magistrados hubieran sido apartados el equilibrio entre los dos bloques habría variado y se habría impuesto la postura de los jueces progresistas.
Unidas Podemos ya planteó las recusaciones la semana pasada, cuando se conoció el recurso de amparo del Partido Popular. Entonces el alto tribunal consideró que no era el momento procesal oportuno para analizarlas.
Este miércoles la formación, socia minoritaria del Gobierno de coalición, volvió a plantear las recusaciones alegando que esos dos magistrados tienen un interés directo en el contenido de las enmiendas vetadas. Ambos fueron nombrados por el Ejecutivo conservador presidido por Mariano Rajoy (2011-2018) y, de salir adelante las enmiendas, serían inmediatamente sustituidos por los dos candidatos nombrados por el actual Gobierno de Pedro Sánchez.
Por su parte, la Fiscalía también consideraba que existe “una incuestionable vinculación directa de los citados miembros del Pleno con el objeto de tramitación parlamentaria”, porque es “objetivamente incuestionable la incidencia automática de dicha norma en la situación personal / profesional de ambos”, en su opinión.
Semana de vértigo por el recurso del Partido Popular
Los últimos siete días han sido vertiginosos en la política española desde que el Partido Popular decidiera presentar un recurso de amparo y el Tribunal Constitucional lo admitiera a trámite, después de reunirse de urgencia, y decretara la medida cautelar que se solicitaba.
Los populares en su escrito se dirigían contra la decisión de la Mesa de la Comisión de Justicia y denunciaba que hubiera admitido las reformas del Poder Judicial a modo de enmiendas a una proposición de ley que tenía un objeto distinto, la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y reformar el de malversación.
La decisión del Tribunal Constitucional es inédita en los más de 40 años de democracia española, ya que nunca antes había interferido en una tramitación parlamentaria.
Problema de fondo
El problema de fondo es el bloqueo que está viviendo el Poder Judicial. Hace seis meses que cuatro miembros del Tribunal Constitucional debían ser renovados, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de los jueces.
La renovación está bloqueada en el CGPJ por los vocales conservadores, que actualmente son mayoría. A su vez este órgano también tiene su mandato caducado desde hace cuatro años, debido a la negativa del Partido Popular a negociar su renovación, que debe ser respaldada por tres quintos del Parlamento.
En este escenario las dos enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios que sustentan el Gobierno pretendían cambiar el sistema de elección de los miembros del TC de manera que no se pueda producir ese bloqueo, cambiando la mayoría requerida de tres quintos de los vocales del CGPJ por un modelo en el que se nombren a los candidatos con más votos.
