La Comunidad de Madrid se vuelve a despegar de las políticas socialistas de Pedro Sánchez y ratificó el alivio tributario para los contribuyentes. La presidente Isabel Díaz Ayuso confirmó que el impuesto a las Ganancias (IRPF) aplicado sobre la comunidad autónoma será deflactado por la evolución del IPC.

Los primeros anuncios de las medidas habían sido dispuestos el pasado mes de mayo en respuesta a la escalada inflacionaria que azotó a toda Europa. Ayuso prometió la actualización de las tablas del IRPF, sus valores nominales, las deducciones y los montos mínimos que no están sujetos al pago del impuesto.

Las medidas tendrán lugar sobre la declaración del impuesto a la renta correspondiente al año fiscal 2023. Constituye una forma de preservar los efectos de la reforma impositiva que Madrid logró aprobar en noviembre de 2021, en la cual el IRPF tuvo rebajas sobre todos los tramos de ingresos.

De esta manera se traza una línea de acción diametralmente opuesta a la que impulsa el Gobierno socialista a nivel nacional. El Ministerio de Hacienda presidido por María Jesús Montero se negó a producir cualquier tipo de actualización sobre las tablas del IRPF nacional.

El Gobierno no solamente no permitió ninguna actualización para el período fiscal 2022, sino que además confirma que tampoco se producirá ningún cambio para el año próximo. Esta decisión es equivalente a producir un brutal incremento de impuestos sobre el bolsillo de los contribuyentes, y uno abiertamente regresivo pues afecta más que proporcionalmente a los ingresos medios y bajos.

Aunque el incremento de los salarios no fue suficiente como para compensar el efecto de la suba de los precios, lo cierto es que la inflación empuja la nominalidad de la economía y se producen aumentos salariales meramente nominales que son capturados por el IRPF como aumento de ganancias imponibles.

Si no se produce una actualización sobre los tramos del impuesto, los contribuyentes pasarían a tributar alícuotas cada vez más altas pero no por haber percibido un mayor ingreso en términos reales o por haber incrementado su poder adquisitivo, sino simplemente por el efecto nominal de la inflación sobre el salario.

La inflación distorsiona los precios relativos y también afecta al cobro de los impuestos, en algunos casos perjudicando al Estado pero en otros beneficiando la recaudación para las arcas públicas, como es el caso del impuesto a las Ganancias.

Del mismo modo que hizo el kirchnerismo en Argentina entre 2003 y 2015, el Gobierno de Sánchez apuesta por un incremento en la recaudación por IRPF vía distorsión inflacionaria. Se amplía el número de contribuyentes sujetos al impuesto, se les aumentan silenciosamente las alícuotas a pagar, y todo esto ocurre sin ningún anuncio de cambios formales. La inflación opera como un impuesto no legislado.