Oriol Junqueras

Esquerra comenzó este viernes a despejar el camino para que su líder Oriol Junqueras pueda presentarse a las elecciones catalanas de 2025. La formación soberanista registró en el Congreso una enmienda con la que busca que la reforma del Código Penal que derogará el delito de sedición también alcance a la malversación distinguiendo entre quien se queda el dinero para su uso y disfrute y quien lo destina a otra finalidad. Un cambio legal que, de salir adelante, podría dejar sin contenido las condenas de los cabecillas del ‘procés’ y acelerar la vuelta a la primera línea política del exvicepesidente de la Generalitat.

La propuesta de ERC plantea rebajar a entre seis meses y tres años de prisión y a entre uno y cuatro años de inhabilitación las penas para los funcionarios que desvíen fondos pero lo hagan “sin ánimo de apropiárselos”. Actualmente, el Código Penal establece penas de entre dos y seis años de cárcel y una inhabilitación especial para cargo o empleo público y para presentarse a las elecciones por un tiempo de entre seis y diez años. El texto propone eliminar también de este tipo de malversación sin lucro el agravante -que supone aplicar penas de prisión de hasta ocho años- de que el patrimonio público malversado sea superior a 50.000 o a 250.000 euros.

Se trata, sostienen en la formación secesionista, de deshacer la reforma ejecutada en 2015 por el PP de Mariano Rajoy y eliminar conceptos como los de «apropiación indebida y administración desleal», que consideran que se introdujeron tras la consulta del 9-N para “perseguir y reprimir el movimiento independentista”. Además de evitar, insisten, en que la reforma legal pueda ser utilizada “para rebajar penas en casos de corrupción”.

Pero ERC no se queda aquí y busca también rebajar las penas que proponen PSOE y Unidas Podemos para el nuevo delito de “desórdenes públicos agravados» que trata de sustituir a la derogada sedición. Los de Junqueras registraron otra paquete de enmiendas para bajar de tres a un año la pena mínima que plantea la proposición de ley de las formaciones del Gobierno, además de promover otras modificaciones para que la ley «sea más garantista, democrática y dificultar que pueda criminalizarse el derecho a reunión y manifestación”.

La reforma que se tramita en la Cámara baja, y que podría quedar definitivamente aprobada antes de Navidad, prevé “de tres a cinco años» para los reos del 1-O, que serían responsables del tipo agravado por haber atentado «contra la paz pública” ejecutando “actos de violencia o intimidación graves” ocupando cargos de autoridad pública. Esquerra quiere que los jueces tengan “un margen más amplio” para la interpretación de los hechos.

Líneas rojas

Tras días de negociaciones intensas y críticas dentro y fuera de los partidos que conforman el Gobierno, el debate ahora se centrará en la letra pequeña. “Vamos a analizar con detenimiento todas las enmiendas”, aseguró el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, que marcó como líneas rojas que no se produzca “ningún beneficio” a los procesados por corrupción y que se sancione penalmente el uso indebido de fondos públicos.

Para contrarrestar el mensaje de que el Ejecutivo podría actuar favoreciendo a los corruptos con una rebaja de la malversación, el PSOE y Podemos registraron ayer otra enmienda a su proposición de ley de reforma del Código Penal por la que se introduce un nuevo tipo penal para castigar el enriquecimiento ilícito de cargos públicos. En concreto, el texto propone que aquellas autoridades que no justifiquen su incremento de patrimonio o cancelación de deudas por encima de 250.000 euros hasta cinco años después de abandonar su puesto, se enfrentarán a penas de entre seis meses y tres años de prisión y entre dos y siete años de inhabilitación, así como a multas de hasta tres veces el beneficio obtenido.

López pidió que no se buscaran «tres pies al gato» porque la creación de este nuevo tipo penal -que se introduce a través del artículo 438 bis- no es una compensación a la rebaja de la malversación de Esquerra, sino una respuesta a un vacío legal, ya que hasta ahora no se castigaban los incrementos patrimoniales no justificados. Puso como ejemplo el caso de la alcaldesa de Marbella y senadora del PP, Ángeles Muñoz, cuyo patrimonio, según denuncian los socialistas, se habría incrementado en doce millones de euros en apenas tres años.